Es hora de dejar atrás las posibles responsabilidades políticas, las cuales serán juzgadas, quizá demasiado tarde, por el poder judicial y soberano, que deberá interpretar si se cumplieron las resoluciones WHA 64.10 y 58.5 de la Asamblea Mundial de la Salud y los artículos 2 y 3 del Reglamento Sanitario Internacional.
Actualmente, el coronavirus es un peligro para la democracia que plantea importantes dilemas jurídicos y una considerable amenaza a la forma de convivencia ciudadana. Este virus impacta en el derecho a la vida de personas vulnerables a la enfermedad y a la falta de libertad de otras personas inmunes. Pero veamos el futuro más cercano con una aproximación y enfoque multidisciplinar de riesgos, para encontrar posibles soluciones, más propias de esta nueva era tecnológica, con el objetivo de equilibrar y salvaguardar la vida y libertades de las personas y empresas en las democracias occidentales.
La movilidad con distanciamiento social sería la principal medida a implantar, la cual parece más proporcional a los intereses contrapuestos. Se podría llevar a cabo separando la amenaza, representada por las personas sanas, de la vulnerabilidad, que son las personas en peligro de contraer la enfermedad. Este distanciamiento social debería recaer en mantener inmóvil únicamente a esta población potencialmente vulnerable y dejar desplazarse al resto de personas con algunas limitaciones transitorias.
Se puede interpretar que las personas que tienen mayor peligro a fallecer, en base a los datos clínicos publicados por fuentes fiables, son los mayores de 70 años y las personas con enfermedades que afectan a su sistema inmunológico. Este número de personas representa, aproximadamente, entre un 8 a 14 por cien de la población, y serían las personas a mantener en cuarentena vigilada.
Bases de datos
Otra posible solución sería crear una base de datos, por parte del estado, de esas personas vulnerables a la enfermedad. Esta base de datos debería contener información clínica, además de contener el dato de número de teléfono móvil. Con esta base de datos se podría proceder a atender a estas personas de forma proactiva, mediante atención telefónica y domiciliaria. Asimismo, habría que utilizar hospitales de campaña y centros de atención primaria para tratar a estas personas con síntomas moderados y graves, distanciándolos de los hospitales centrales. Para esta atención sanitaria, sería imprescindible destinar prioritariamente el equipamiento de seguridad y las mascarillas a los sanitarios.
Al resto de personas “sanas” habría que realizarles masivamente test de contagio, para poder distanciar a los positivos del resto de personas. Al mismo tiempo, habría que solicitar legalmente a los operadores de telecomunicaciones la posición y geolocalización del número de móvil de las personas de la base de datos de vulnerables, para comprobar si se han desplazado más de 30 metros. No dejar a la voluntad de las personas mayores la instalación de una aplicación de diagnóstico y geolocalización. Todo ello, respetando la normativa de privacidad, debido a la excepcionalidad de crisis sanitaria, que a mi entender habilita dicho tratamiento.
Y para el resto de personas “sin peligro”, que es la gran mayoría, debería de permitirse su libertad de movimiento y actividad pública, de forma paulatina y ordenada. Por ejemplo, hasta el comienzo del verano, debería recuperarse la libertad evitando concentraciones masivas donde no se respete la distancia mínima de dos metros entre personas.
Con estas soluciones, más propias del siglo XXI, se podría conciliar los derechos de unos frente a otros y recuperarse la vida segura en democracia, que a mi entender se ha limitado, tanto de personas como de empresas. De lo contrario, las democracias actuales correrán el peligro de desaparecer si no son capaces de responder mejor a esta crisis sanitaria que los países autoritarios.
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