Quince días después de la explosión del caso Koldo/Ábalos, detención mediante del primero, los españoles vamos conociendo un interminable rosario de delitos e irregularidades que afectan de lleno a la credibilidad gubernamental. En quince días, se ha expulsado del PSOE al exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos –ahora bizarro integrante del grupo mixto del Congreso–; han aparecido otros ministerios y empresas públicas –Puertos del Estado, cuyo secretario general viene de ser cesado, y ADIF– implicados en la trama de las mordidas por mascarillas fake; la fiscalía europea ha puesto el foco sobre los contratos de mascarillas de Islas Baleares y de Canarias.
Una trama de avaricia carroñera que, en lo más negro de la pandemia que costaba la vida de nuestros familiares y amigos, además de la salud propia, se enriquecía con obscenos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, malversaciones, cohechos, blanqueo de capitales y lo que hiciera falta. Es un caso inaudito que alguien como Koldo García, de extracción bien oscura en Navarra, pudiera ser promocionado hasta andar en el Ministerio de Transportes como Pedro por su casa, de la mano del mismísimo ministro. Dice mucho, y dice muy mal, de los criterios de selección de personal de los que se ha rodeado en estos años el denominado sanchismo. Como si se tratara de una selección inversa, de los más turbios e incapaces, en quienes se depositaba toda la confianza.
Hoy, Dª. Francina Armengol, Presidenta del Congreso de los Diputados, y por tanto, tercera autoridad del Estado, se encuentra en una situación insostenible para mantener su cargo. No es poco mérito comprar las mascarillas fake, almacenadas después por años en unos depósitos, pagar esas mascarillas a una velocidad inusitada, emitir certificados de su idoneidad a sabiendas de que resultaban inservibles, endosar esa adquisición a los fondos europeos, no proceder a su reclamación hasta tres años después, y centrar las sospechas de la mismísima fiscalía europea. Se trata de la tercera autoridad del Estado, que tiene obligación de neutralidad y de dignidad en el ejercicio de su cargo, presidenta del Congreso de los Diputados, en tanto representa al pueblo español (art. 66.1 de la Constitución).
Está o no capacitada para presidir la Cámara que representa a todos los españoles a la vista de su conducta en el caso de las mascarillas cuando era presidenta del gobierno balear?
No se trata aquí, de ninguna manera, de evaluar responsabilidades penales, que corresponde determinar en exclusiva a los órganos judiciales. Es una mera cuestión de responsabilidad política, esa que se puede definir como el momento en que uno sabe que se tiene que ir, precisamente por respeto a la institución que preside. Se puede tomar la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, cuyo artículo 3 define que el ejercicio del alto cargo se ajustará a los principios de servir con objetividad a los intereses generales; de integridad, actuando con la debida diligencia y sin incurrir en riesgos de conflictos de intereses; de objetividad, de transparencia y responsabilidad, y de austeridad.
Un caso perfecto de asunción de la responsabilidad política fue el que dio el canciller socialdemócrata de la República Federal Alemana Willy Brandt; en mayo de 1974, a los días de descubrirse que uno de los asesores de la cancillería –Günther Gillaume– era un espía de la Alemania Oriental, dimitió como canciller de RFA. ¿Hubo responsabilidad jurídica para Brandt? No, de ninguna manera, nunca. Simplemente, en el ejercicio de la responsabilidad política, sabía que se tenía que ir, que el hecho de haber contratado como asesor a un espía le incapacitaba para seguir ejerciendo el cargo de canciller. Y así fue que Willy Brandt ha pasado a la historia como el mejor y más brillante canciller socialdemócrata de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial.
Claro que el adanismo enloquecido de nuestros dirigentes políticos, que piensan que el mundo empezó con ellos, seguramente les haga ignorar aquella dimisión, o situarla estúpidamente en el pleistoceno político, aquello que ya no se lleva. En todo caso, esa responsabilidad política es la que debería guiar a la Sra. Armengol. ¿Está o no capacitada para presidir la Cámara que representa a todos los españoles a la vista de su conducta en el caso de las mascarillas cuando era presidenta del gobierno balear?
Ni una sola explicación
Si seguimos en todo lo que se ha conocido en estos días, aparece que la esposa del presidente fue promocionada profesionalmente por quienes, tiempo después, solicitaron y obtuvieron el rescate, por cientos de millones de euros, de Air Europa. Y esta situación, unida al resto de la trama, nos lleva a la figura del presidente Sánchez, que tiene la función constitucional de “dirigir la acción del gobierno y coordinar las funciones de los demás miembros del mismo” (art. 98.2 de la Constitución). A la vista del espectacular incendio declarado debajo de su alfombra, que se esparce día tras día a modo de una bomba de racimo, la pregunta no puede ser sino ¿cómo coordinaba las funciones de su Gobierno? ¿Qué sabía, o no sabía, ahora que todo esto estalla? Por cierto, ni una sola explicación de todos estos hechos, explicación que nos debe a la ciudadanía española, nada le hemos escuchado en estos quince días.
Hay en este ponzoñoso asunto una cuestión que dirigentes gubernamentales repiten una y otra vez, con error absoluto: todos dicen que no pueden asumir responsabilidades políticas mediante su dimisión, porque ello les implicaría penalmente. Simplemente, no es cierto. La asunción de responsabilidades políticas –como dijimos, saber cuándo uno se tiene que ir– es el mecanismo idóneo para rescatar la dignidad de la institución.
No parece que este Gobierno pueda ir muy lejos sin entender que la responsabilidad política debe ejercerse, pues es imprescindible si se quiere respetar nuestras instituciones
En fin, cada quién sabrá. No hace falta ser un especialista en derecho penal para comprender que esto no ha hecho sino empezar; que esta causa penal está llamada a prolongarse durante años, en esta legislatura y en la siguiente; que, aquí, la única iniciativa la tiene el juez de Instrucción, y el gobierno ninguna.
Y además sucederá, como suele ser tantas veces al uso, que siempre aparecerán colaboradores, “arrepentidos”, movidos por su propia necesidad y que, a cambio de obtener un alivio en sus responsabilidades penales, tirarán de la manta de esta siniestra historia y desvelarán más implicados, más responsabilidades y otros delitos hoy todavía ocultos.
No parece que este Gobierno, en una situación de infinita debilidad para gobernar en esta desdichada legislatura y hacer frente a los desafíos que tiene planteados España, pueda ir muy lejos sin entender que la responsabilidad política debe ejercerse, pues es imprescindible si se quiere respetar nuestras instituciones. Se suele comentar que el presidente Sánchez, allá por julio de 2018, al citar para que dimitiera a su ministro de cultura Máximo Huerta a la semana de haberlo nombrado, le preguntó: ¿Cómo crees qué pasaré a la historia? Si las cosas fueron así, vamos teniendo la respuesta a tan narcisista pregunta.
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