Los problemas estructurales de la economía española están claramente identificados desde hace años: unas brechas negativas en renta per cápita y PIB por persona en edad de trabajar con respecto a las economías más avanzadas en Europa, que se ha ampliado desde la Gran Recesión; unas tasas de desempleo general y juvenil, de fracaso escolar, y abandono temprano del sistema educativo estructuralmente elevados, lo que afecta muy negativamente a la equidad; una tasa de inversión en I+D por debajo de la media europea; y una mayor presión sobre el gasto público futuro en pensiones, sanidad y dependencia por el envejecimiento de la población y la jubilación del baby boom. Son retos que España debe superar para converger a las sociedades más avanzadas, utilizando un enfoque holístico y de acciones coordinadas consistentes entre sí.
Recientemente se ha convalidado en el Congreso el RDL 2/2023 con la última fase de la reforma del sistema público de pensiones. Siendo la sostenibilidad, suficiencia y equidad uno de los retos de nuestro sistema de pensiones, la valoración de la reforma ha de realizarse tanto por su capacidad para asegurar la sostenibilidad, como por su contribución a mejorar (o, al menos, no agravar) otros grandes desafíos a los que se enfrenta nuestra economía. Los aumentos de cotizaciones sociales aprobados en el RDL previsiblemente no serán suficientes para hacer frente al incremento del gasto en pensiones y van a originar, además, un coste económico en términos de inversión, creación de empleo y crecimiento.
Cuando el incremento de las cotizaciones no da derecho a un aumento proporcional de la pensión futura, las cotizaciones dejan de considerarse un salario diferido y pasan a ser un impuesto al trabajo
Los sistemas públicos de pensiones pueden tener tanto un componente contributivo y actuarial, como otro redistributivo. El primero está próximo a un sistema de ahorro, mientras que el segundo es un impuesto. Cuando el incremento de las cotizaciones no da derecho a un aumento proporcional de la pensión futura, las cotizaciones dejan de considerarse un salario diferido y pasan a ser un impuesto al trabajo, que, según muestra la evidencia empírica, acaba aumentando los costes del trabajo en detrimento del empleo y de la actividad.
En el Gráfico 1 se muestra el tipo implícito de las cotizaciones sociales en la UE (el cociente entre las cotizaciones totales pagadas por empresas y trabajadores, y la remuneración de los asalariados) con los últimos datos disponibles de la Comisión Europea. Para homogeneizar la comparación, se han excluido las contribuciones a sistemas de sanidad cuando la información lo permite. Los tipos efectivos de las cotizaciones sociales en España están unos 6 puntos porcentuales por encima del promedio de países de la UE, con una tendencia creciente, por lo que la diferencia se ha ido ampliando en el tiempo. La evidencia en los países de la UE también indica que hay una clara relación negativa entre cotizaciones y tasas de empleo.
Para evaluar adecuadamente los efectos del aumento de las cotizaciones, en un estudio de próxima publicación utilizamos un modelo económico que, en distintas versiones, ha sido ampliamente utilizado en las evaluaciones macroeconómicas y simulaciones de cambios de política económica del Programa de Estabilidad, del Programa Nacional de Reformas o del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Nuestros resultados apuntan a que, respecto al escenario base de crecimiento, el incremento de cotizaciones no contributivas necesario para aumentar los ingresos públicos en un punto de PIB daría lugar a largo plazo a un 1% menos de horas trabajadas y de empleo equivalente a tiempo completo. El PIB también sería menor en un 0,6%, mientras que el coste laboral total aumentaría un 0,6% y el salario neto, después de cotizaciones sociales, sería un 2% menor.
Existen tres razones para pensar que nuestro ejercicio pueda estar infraestimando el impacto del aumento de cotizaciones. Primera, el aumento requerido en las cotizaciones será previsiblemente mayor. Segunda, el alza de la cuña fiscal dificulta la negociación salarial y los procesos de búsqueda y emparejamiento en el mercado de trabajo, e incentiva la adopción de tecnologías sustitutivas de empleo. Tercera, el incremento de cotizaciones es mayor sobre los trabajadores con productividad y salarios más elevados, lastrando la mejora del capital humano, y la retención y captación de trabajo cualificado.
La sostenibilidad de las pensiones en las próximas décadas va a requerir atraer a millones de trabajadores inmigrantes, un proceso que sin duda será mucho más fácil si nuestra economía es capaz de resolver los problemas estructurales pendientes y de abordar con éxito los retos futuros.
José E. Boscá
Universidad de Valencia y FEDEA
Rafael Doménech
BBVA Research y Universidad de Valencia
Javier Ferri
Universidad de Valencia y FEDEA
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