Como suele ocurrir con motivo de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), en las últimas semanas asistimos a un enconado debate sobre la fiscalidad, las políticas de gasto y la dirección de la política presupuestaria. Los ingresos y gastos proyectados en los PGE reflejan las prioridades del Gobierno condicionadas a su previsión de crecimiento. Sin embargo, algunas de las partidas de los PGE encierran detalles cuyas implicaciones no son percibidas a simple vista.

Los PGE recogen la revalorización prevista de las pensiones con el IPC y el aumento pactado de los salarios de los empleados en el sector público. Las implicaciones de estas dos medidas exceden su impacto sobre el gasto del sector público, pues pueden afectar a la negociación salarial en el sector privado, un aspecto importante en el actual contexto de elevada inflación. De hecho, no han sido pocas las voces que ya han propuesto que lo negociado en el ámbito del sector público sirva de base para lo que resulte de la negociación entre empresas y trabajadores. No en vano, muchos economistas llevamos tiempo reclamando que un eventual pacto de rentas incluyera también a pensionistas y funcionarios.

Las pensiones en el año 2023 crecerán un 8,5 por ciento, para compensar la pérdida de poder adquisitivo debida al crecimiento medio del IPC durante 2022. Sin embargo, la inflación del IPC en 2022 será muy superior al crecimiento del deflactor del PIB, siendo la diferencia el resultado del aumento de los precios de las importaciones. El proceso inflacionista originado por un aumento en el coste de los productos importados significa que España está transfiriendo renta al resto del mundo, en especial a los países de los que importamos materias primas más caras. El coste de dicha pérdida de capacidad adquisitiva en términos de consumo (aproximadamente un 4% del PIB según las estimaciones de BBVA Research) debería ser asumido de manera equitativa por amplios sectores sociales. Cualquier intento de un colectivo de protegerse contra esta pérdida de renta que afecta al país en su conjunto tiene dos consecuencias: reduce aún más la capacidad económica de otros colectivos y puede seguir alimentando la inflación.

La subida del 8,6% de las bases máximas de cotización no sólo aumenta los costes laborales, sino que tendrá también un efecto desincentivador en la creación de empleo

La revalorización de las pensiones se financiará incrementando la deuda del conjunto de las Administraciones públicas y con impuestos más elevados, como los incrementos anunciados de las cotizaciones a la Seguridad Social. El aumento previsto de los ingresos de cotizaciones a la Seguridad Social en los PGE, en parte debido al incremento del tipo de cotización en 6 décimas del Mecanismo de Equidad Intergeneracional que entrará en vigor en 2023, es casi el doble que el crecimiento esperado del PIB nominal. Aun así, será insuficiente para reducir el déficit del sistema contributivo de pensiones. Este aumento en el coste laboral supone un sobreesfuerzo adicional para las empresas, tras el aumento del precio de la energía, las materias primas y los bienes intermedios, y de otros impuestos, creciendo la probabilidad de tensiones adicionales en la inflación por los efectos de segunda ronda. Aquellas empresas con problemas para trasladar el aumento de costes a precios, ante la caída de sus márgenes de producción, podrían verse abocadas a reducir su actividad o su creación de empleo, o aumentar menos los salarios, con el consiguiente impacto negativo sobre las rentas agregadas del trabajo. Adicionalmente, la subida del 8,6% de las bases máximas de cotización no sólo aumenta los costes laborales, sino que tendrá también un efecto desincentivador en la creación de empleo, particularmente en los niveles de cualificación más elevados. Para evitar estos efectos negativos sería necesario que los trabajadores asumieran estos aumentos de las cotizaciones sociales como un salario diferido, reduciendo en la misma cuantía su salario corriente. Sin embargo, parece muy poco probable que esto ocurra, teniendo en cuenta que la subida de las bases máximas excede el crecimiento de los salarios, no sigue una regla estable y predecible en el tiempo, y no se percibe que se puedan garantizar futuras pensiones proporcionalmente más elevadas dado el abultado déficit ya existente en el sistema.

En el Gráfico siguiente puede observarse la cuña impositiva sobre las rentas del trabajo que implican las cotizaciones sociales, el IRPF y los impuestos indirectos, de acuerdo con la definición del Premio Nobel Edward C. Prescott (2004). La diferencia respecto al 100% indica el porcentaje de la renta disponible para adquirir bienes y servicios, una vez descontados los impuestos sobre el trabajo y los impuestos indirectos. Desde el año 2015 la cuña impositiva sobre el trabajo no ha hecho más que aumentar, alcanzando niveles históricamente elevados a partir de 2017 y creciendo casi en 10 puntos porcentuales desde la Gran Recesión hasta la actualidad. Sin embargo, este incremento no se ha visto compensado por otro de magnitud similar en la eficiencia en la provisión de bienes y servicios públicos. El aumento en las cotizaciones a la Seguridad Social previsto en los PGE del año 2023 supondrá otra vuelta de tuerca a esta cuña fiscal hasta alcanzar previsiblemente valores por encima del 47%.

Lo que no parece trasladable con carácter general es la rebaja de la jornada del trabajo en un 6,7%, de 37,5 a 35 horas semanales, y que segmentará aún más el mercado de trabajo entre el sector público y privado

En cuanto al acuerdo salarial para los empleados públicos pactado recientemente, la subida del 3,5% en 2022 (hasta el 3,5% en 2023 y 2,5% en 2024), en línea con el crecimiento del deflactor del PIB, resulta en principio una buena guía para el sector privado, con la que evitar los temidos efectos de segunda ronda. Lo que no parece trasladable con carácter general es la rebaja de la jornada del trabajo en un 6,7%, de 37,5 a 35 horas semanales, y que segmentará aún más el mercado de trabajo entre el sector público y privado. Reducir las horas en esta cuantía, junto con la subida salarial del 3,5% en 2022, equivale a un aumento salarial anual por hora trabajada de un 10,2%, muy por encima del crecimiento observado hasta ahora en el deflactor del PIB. Dicha subida del salario por hora en el sector privado se antoja inasumible, cuando se añade a los otros aumentos de los costes laborales que ya hemos comentado. Las reducciones de jornada deben venir acompañadas por aumentos de productividad o ajustes salariales, y deben ser en cualquier caso evaluadas. No hay constancia de que este haya sido el caso en el sector público lo que, a su vez, plantea serias dudas sobre cómo repercutirá en la calidad de la provisión de los servicios públicos o en sus futuras necesidades de empleo.

En conclusión, el entorno económico actual caracterizado por una elevada tasa de inflación requiere el consenso entre los agentes económicos para evitar los temidos efectos de segunda ronda. La falta de este consenso en el reparto equitativo del coste económico que impone una inflación de origen importado y el fracaso en la implementación de un pacto de rentas puede conducir a una situación con una inflación enquistada con tasas elevadas, menos actividad económica y el empobrecimiento de los colectivos con menor capacidad de negociación. En este contexto, el aumento de las cotizaciones sociales y de la cuña fiscal, y la reducción de la jornada de trabajo en el sector público suponen una presión inflacionista que implica un peligro para el crecimiento equilibrado de la economía española.

José E. Boscá
Universidad de Valencia y FEDEA

Rafael Doménech
BBVA Research y Universidad de Valencia

Javier Ferri
Universidad de Valencia y FEDEA

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