Son muchos los españoles que arrastran el lastre de una deuda hipotecaria ante una entidad bancaria con la que afrontaron la adquisición de su vivienda, carga que se ha engullido y se engullirá una parte significativa de los ingresos que obtenga durante la mayor parte de su vida laboral activa. También son muchos los que adeudan una parte de aquel préstamo personal que tuvieron que pedir para sufragar el pago de alguna necesidad cuyo coste excedía del dinero líquido del que disponían.
Según los datos oficiales del Banco de España, la deuda de los hogares españoles, incluidos préstamos hipotecarios y personales, asciende a 1,65 billones de euros. Es decir, que el promedio de deuda por español es 35.000 euros. Sucede que, caso a caso, unos deberán más, otros menos y algunos nada. Pero es seguro que cada español conoce el importe de lo que él debe, igual que conoce el importe que dolorosamente le toca pagar al banco mes a mes por su condición de deudor. Sin embargo, existe otra deuda -la deuda pública- que debemos todos colectivamente y que asciende ya a 1,42 billones de euros. En este caso, aunque por lo general no exista conciencia clara de lo que ello supone, resulta que repartiendo su importe entre todos a cada español le tocan 30.000 euros.
Distribuyendo de nuevo los intereses que pagamos entre todos, el montante de intereses anuales que como promedio corresponde a cada español por la deuda pública ronda los 700 euros por año.
Este lastre colectivo lleva a otro que viene representado por el importe anual que el Estado ha de pagar por su alto nivel de endeudamiento. Son los gastos financieros anuales que paga España, cuyo importe anual ronda los ¡32.000 millones de euros! ¿Cuántas actividades públicas podrían financiarse con ese dinero? ¿Cuántos impuestos podrían reducirse o eliminarse si no nos hubiéramos endeudado tanto? Como dato, distribuyendo de nuevo los intereses que pagamos entre todos, el montante de intereses anuales que como promedio corresponde a cada español por la deuda pública ronda los 700 euros por año.
Lo dramático de las cifras expuestas obliga a meditar sobre el origen de nuestra billonaria deuda pública. Y así llegamos al déficit público, malhadado quiste que arrastramos año sí año también en las cuentas del Estado. Quiste que es primero presupuestado y, después, confirmado por la secular irresponsabilidad de nuestros gobernantes que nos lo presentan y se refieren a él como si fuera un concepto indeterminado, un dato técnico que no incorporara la espantosa realidad que finalmente provoca.
Claro que, en honor a la justicia, no son todos iguales. O, expresado con la ocurrente fórmula utilizada en su día por Felipe González: “Unos son más iguales que otros”. Y así se comprueba observando los datos históricos de la dimensión de déficit que heredó cada uno de nuestros presidentes de Gobierno y la que dejó en herencia a su sucesor. Es obligado repasarlo.
El citado Felipe González inició su andadura en la Moncloa con un déficit próximo al 6% del PIB, y se fue en 1.996 aproximadamente con el mismo porcentaje. Aznar lo fue reduciendo y, cuando en 2004 dejó el Gobierno, había alcanzado el icónico objetivo de erradicar el déficit de nuestras cuentas: “Déficit cero”. Zapatero fue “capaz” de recuperarlo hasta lograr que, en sus siete años de presidencia, se elevara hasta ¡el 10%! en 2011. En otros siete años, Rajoy lo volvió a reducir pues cuando en 2018 es descabalgado, nuestro déficit era el 2,5%, porcentaje que recibió Pedro Sánchez. Y éste ha cerrado el año 2020 con una tasa del 11%.
Los datos no engañan. Todos los gobiernos de derecha han reducido el déficit público que se encontraron al llegar. Salvo el de Felipe González, los de izquierda lo han elevado y lo han hecho de manera estratosférica. Como hemos dicho antes, unos son más iguales que otros.
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