Hay cosas que cuesta creer que se deban recordar a estas alturas, pero en la Constitución española no hay artículos cuyo cumplimiento sea opcional. Si uno lee nuestra ley fundamental (algo que los políticos de algunos partidos insisten que hacen a menudo) no va a encontrar un título que con el epígrafe "sugerencias" o "cosas bonitas que estaría bien que pasaran".
Y, desde luego, no hay una serie de artículos que estén marcados como "esto sólo es válido cuando me sea políticamente conveniente".
Por desgracia, el enésimo fracaso en la renovación del Consejo General del Poder Judicial parece dejar claro que algunos ven la constitución como un documento orientativo, no algo vinculante. Más en concreto, el Partido Popular ha decidido que sólo va a cumplir con el texto cuando y donde le dé la gana, o de forma más específica, cuando el resto de los partidos les dejen gobernar a ellos.
La excusa, esta vez, es la posible reforma del delito de sedición impulsada por el Gobierno. Los cambios en el código penal son habituales en democracia. Las Cortes generales debaten una ley, los diputados y senadores votan, y si hay mayoría suficiente, entra en vigor. La Constitución no incluye en ningún caso una cláusula que reza que un partido de la oposición, especialmente si es de derechas, estará eximido de cumplir el resto de los artículos de la ley fundamental si las Cortes aprueban algo que no les gusta. Es más, ni siquiera habla sobre la existencia de un derecho a veto de todo el funcionamiento de las instituciones del estado si Isabel Ayuso envía un WhatsApp diciéndole al presunto líder de su partido que tiene dudas.
Lo que es indudable es que hay una mayoría parlamentaria legítima que cree que este cambio legal es necesario, y está en su pleno derecho de aprobar una ley al respecto
La reforma del delito de sedición será una idea más o menos buena. Desde mi punto de vista, es un cambio legal desafortunado, especialmente viendo nuestra historia política reciente. Es más, si atendemos al respeto del mismo PP a nuestra ley fundamental, la reforma tiene aún peor aspecto. Lo que es indudable, sin embargo, es que hay una mayoría parlamentaria legítima que cree que este cambio legal es necesario, y está en su pleno derecho de aprobar una ley al respecto. Nos guste o no, el estado de derecho incluye el hecho de que el parlamento crea nuevas normas, además de la bonita realidad de que, si las elecciones traen una mayoría parlamentaria distinta, las nuevas Cortes pueden revertirlas.
El Partido Popular insiste, desde tiempo inmemorial, en que ellos son el partido constitucionalista, que está ahí para defender la Constitución de los malvados separatistas, comunistas, masones, reptilianos, presidentes del gobierno inusualmente atractivos y gente que les cae mal. Ellos están a favor de que se cumplan las leyes, el estado de derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre y cuando, claro está, quienes estén cumpliendo con la ley y sus obligaciones constituciones sean otros.
El PP sólo cumplirá con la Constitución cuando el resto de los partidos lean la Constitución como a ellos les gusta, y si no es el caso, la sabotearán alegremente
La Constitución dice, de forma clara y explícita, que el CGPJ debe renovarse cada cinco años. Este es un plazo fijo, inamovible, del mismo rango e importancia que el artículo que reza que el congreso es elegido por cuatro años. Un partido que dice respetar la ley fundamental no puede decir que uno de los plazos es de obligado cumplimento y que el otro es algo sujeto a sus caprichos. El PP sólo cumplirá con la Constitución cuando el resto de los partidos lean la Constitución como a ellos les gusta, y si no es el caso, la sabotearán alegremente. Eso no es defender el estado de derecho. Es reventarlo. No es una defensa de la constitución, sino su voladura incontrolada.
Alberto Núñez Feijóo dice que Pedro Sánchez prefiere pactar con los independistas antes que con los constitucionalistas. El PP, lamentablemente, no parece estar en este segundo grupo.
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