“Una aplastante mayoría de la sociedad española opina que los que más recursos tienen deben hacer un mayor esfuerzo fiscal en este momento de tribulaciones económicas”. Con esta frase comenzaba el artículo que publicaba este lunes el diario El País. Su título era el siguiente, “Dos de cada tres españoles apoyan los nuevos impuestos a grandes patrimonios y empresas”. En el texto, se abundaba en el resultado de una encuesta -de 40db-, la cual respaldaba la idea del Ejecutivo de aprobar una carga temporal para quienes tengan más de 3 millones de euros en su poder. Entre ellos, las compañías eléctricas y los bancos.
"Una aplastante mayoría"... Si el razonamiento de quienes han respondido a 40db fuera cierto e informado, podría decirse que no hay remedio para este país. Porque esa "aplastante mayoría" echaría balones fuera. Analizaría la realidad a partir de un vistazo simplista al conjunto, algo que equivale a tratar de frenar una hemorragia con varios litros de transfusiones, sin prestar atención al motivo que la provoca. A que hay una arteria rota que conviene soldar para que el enfermo no muera. La economía es como ese ser humano: por mucho que se le inyecte dinero, su salud no remontará si no se actúa sobre las causas que provocan la patología.
Cualquiera en una situación de crisis -con subidas de la cuota de la hipoteca, del gas, la luz y los alimentos- preferiría que las posibles nuevas cargas impositivas le afecten a otro. A quien tiene más recursos. No suele ser una buena idea el gastar más de la cuenta en épocas de dificultad, sea en favor de un particular o del Estado.
No todo invita al pesimismo en este sentido, dado que en la encuesta se observa cómo una buena parte de los participantes es consciente de que, al someter a los tenedores del capital a grandes esfuerzos, pueden incrementar el desempleo, la deslocalización de los beneficios y las urgencias financieras de las empresas. Aun así, inquieta pensar que una mayoría de los ciudadanos piense que las subidas de impuestos son el remedio para algo.
Porque la cuestión puede plantearse de dos formas. La primera sería: ¿Deben los ricos aportar más dinero en caso de tribulaciones económicas?. Y la segunda: ¿Debe el Estado reducir buscar fórmulas para gastar menos en momentos de dificultad? O una que quizás sería la más honesta de todas: En tiempos de dificultad, ¿usted qué prefiere? ¿Que suban temporalmente los impuestos -aunque le afecte- o que se haga una auditoría al Estado para comprobar dónde se puede gastar menos?
Es curioso porque un amplio porcentaje de los participantes en el barómetro considera que las administraciones hacen un muy mal uso del dinero público que recaudan. Digo es curioso... porque el encuestador abunda más en los nuevos impuestos planteados por el Gobierno que en la idea de gastar menos... o hacerlo mejor. Ahí está el sesgo del estudio. Nada nuevo bajo el sol.
A falta de reformas... impuestazos
Quizás, llegados a este punto, sería conveniente incidir en los conceptos más básicos, porque a buen seguro que el ciudadano medio, ocupado en sus obligaciones, ni los conozca, ni falta que le hace. Pero a lo mejor España desaprovechó la oportunidad para hacer reformas que incrementaran la eficiencia del Estado del bienestar mientras el Banco Central Europeo le compró deuda de forma casi ilimitada. El sistema público de pensiones sigue sin ser viable a largo plazo, la sanidad ha empeorado en toda España, la educación es una fabricante de decepciones y cada vez es más evidente la brecha entre las clases pasivas y quienes se emplean en el sector privado. Entre 2015 y 2021, el gasto público se ha incrementado desde los 474.881 millones de euros hasta los 610.864. Del 44 al 50,6% del PIB. La deuda pública per cápita era a mediados de la década anterior de 23.981 euros, frente a los 30.390 de 2021. Cada español hipotecado tiene una línea de crédito adicional que está abierta con los acreedores de España y que no puede controlar, dado que eso depende de los que gestionan el país.
El informe de recaudación de la Agencia Tributaria de noviembre expresaba que Hacienda recaudó en los once primeros meses del año 239.789 millones de euros, casi un 16 % más que en el mismo período del año anterior. Un récord absoluto. Hay más dinero en caja y más que pagar... porque ningún político populista tiene el valor o la decencia de plantear una auditoría seria sobre el sector público para saber si los recursos del Estado se malgastan. En ese caso, quizás no sería necesario incrementar los impuestos. A lo mejor, con los resultados de la mano, podría extraerse la conclusión de que habría que reducirlos. ¿Sería capaz la izquierda proselitista de aplicar esa receta? Ahí está el problema. Sus votantes, sumidos en la más absoluta irrealidad, piensan que los ricos pagan poco... e incluso que ellos deberían aportar más. ¿Hasta qué límite?
Quizás a Podemos se le vea venir mejor cuando, directamente, emprende una campaña contra Juan Roig o Amancio Ortega. Pero, ciertamente, los más peligrosos son los que recurren a estas artes. Es más dañino quien apela a la resiliencia que quien habla de revolución.
Sobra decir que los impuestos, bien destinados y en su justa medida, contribuyen a impulsar a quien no tiene los recursos suficientes para adquirir una buena formación u operarse en un hospital decente. Lo que ocurre es que El País y los demás aliados mediáticos de Moncloa se empeñan en tapar con su dedo pulgar la otra cara de la moneda. La que demuestra que las excesivas cargas fiscales perjudican a quien no tiene recursos. Porque espantan la inversión, machacan las buenas ideas de quienes aspiran a generar riqueza y crear empleo cualificado...; y engordan el gran paquidermo estatal, burocrático en demasía e ineficiente. El cual, por cierto, debe ser financiado con más y más impuestos cada vez, como un estómago hambriento que cada pocas horas pide comida.
El ciudadano de clase media-baja que haya opinado en favor de subir impuestos en la encuesta de El País, seguramente no sea consciente de que aumentar los impuestos de forma desmedida equivale a acercarle hacia el terreno de la marginalidad. Al que se llega en tobogán, pero del que se sale remando contracorriente.
Como suele ocurrir, el periódico en cuestión se dedica a fabricar argumentos para avalar las decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez. Este domingo, ya dejaba claro que mientras los bancos se forran, las hipotecas de interés variable se encarecen y sus poseedores, apoquinan. Algo habrá que hacer, pensará el lector más avezado, mientras en las tripas del grupo, Miguel Barroso, Pepa Bueno y compañía se emplean para camuflar algunas evidencias lacerantes, al igual que hicieron ellos y/u otros en 2008.
Entre todos moldean una historia que rara vez se registra tal y como la cuentan. Hace unos días, Juan Lobato afirmaba algo así: “Si el PSOE hubiera gestionado la crisis de 2008, otro gallo cantaría”. Curiosamente, Rodríguez Zapatero habitaba en La Moncloa cuando sobrevino la recesión y fue quien pactó con Mariano Rajoy el techo de gasto constitucional, tal y como publicó El País. De ese acuerdo derivaron los posteriores recortes al Estado del Bienestar. Ahora, eso no existe. Los propagandistas han transubstanciado la realidad. Han convertido la sangre en vino y el PSOE en el PP. O, bueno, quizás ese sustantivo no sea adecuado para distinguir a esos dos partidos. Pero lo cierto es que han cambiado el sujeto en los libros de Historia que abordan la gran recesión.
El caso es que ahora el Ejecutivo necesita respaldar su sablazo a los ricos; que, como la economía es circular, terminará por afectar a los ciudadanos. Eso no lo dirán sus propagandistas y sus medios afines. Su especialidad son las medias verdades. Quizás a Podemos se le vea venir mejor cuando, directamente, emprende una campaña contra Juan Roig o Amancio Ortega. Pero, ciertamente, los más peligrosos son los que recurren a estas artes. Es más dañino quien apela a la resiliencia que quien habla de revolución.
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