Pronto hará medio siglo desde que el PSOE de Felipe González abandonó el marxismo. Desde entonces, los socialistas no habían cuestionado de forma tan clara ni la propiedad privada, ni el libre mercado, ni el estado de derecho; justamente lo que acaba de hacer, pública y muy claramente, la vicepresidenta primera del Gobierno.
El socialismo, doctrinalmente marxista y frontal enemigo de la propiedad privada, se dividió en dos vías: la revolucionaria y la democrática. La primera se ensayó inicialmente en Rusia, prosiguió en China y se extendió en Corea del Norte y Cuba, no mediante revoluciones proletarias sino mediante vulgares golpes de estado. Por eso Gabriel Tortella las denomina en su último ensayo Historia de las revoluciones (2025), “aberraciones”. No fue el pueblo el protagonista de los cambios políticos, sino víctima de unos golpistas, luego represivos y enseguida totalitarios. Los resultados obtenidos, sin excepción alguna, tanto con la abolición del estado de derecho y los derechos humanos, como la represión violenta de todas las libertades, asesinatos y miseria económica y social no tienen parangón histórico. Tortella señala al respecto que “aunque parezca incomprensible, aún quedan en el mundo países, partidos e individuos que se proclaman comunistas…”, como ahora en España.
La vía democrática, que Tortella denomina indistintamente “revolución proletaria” y “socialdemocracia”, que surgió tras la Primera Guerra Mundial se fue extendiendo paulatinamente como consecuencia de la extensión del voto desde la aristocracia y la burguesía al resto de la población. La llegada al poder político de los partidos socialdemócratas, de la mano de la doctrina económica de Keynes, fue aumentando paulatina y crecientemente el papel del Estado en la economía a costa de limitar las libertades y actividades privadas.
Por en medio, “los socialistas de todos los partidos” -en frase de Hayek- subvirtieron la razonable visión macroeconómica de Keynes, que planteaba una expansión del gasto público -vía déficit fiscal- para limitar las malas consecuencias económicas y sociales de las crisis económicas y una contracción del mismo -para regresar al equilibrio presupuestario- en tiempos de expansión económica. Se amarraron al primer precepto, y se olvidaron del segundo, consolidando así crónicos y crecientes déficits públicos traducidos en deudas públicas de niveles que: ningún economista serio postuló nunca, aunque salvo los liberales puros se fueron aceptando, para finalmente entrar en crisis cuando la deuda pública se hacía insostenible.
El progreso de este socialismo democrático, como veremos a continuación al analizar el emblemático caso de Suecia, terminó enfrentándose al muro de la realidad socioeconómica, para entrar en una irremediable crisis, que obligó -felizmente- a dar marcha atrás, con políticas plenas de sentido común y resultados muy positivos y a la vista.
Según La reinvención del Estado de Bienestar (2010), de Mauricio Rojas, he aquí lo que ha sucedido allí y es de extremada utilidad aquí:
-En el periodo 1870-1950, Suecia lideró con Suiza el crecimiento económico mundial, gracias a una reducida carga tributaria y una economía de libre mercado.
-En el periodo 1965-1995, el PIB per cápita sueco que llegó a representar más del 80% del de EE UU decayó a poco más del 70%, pasando de la cabeza a la cola del ranking de países ricos. La carga tributaria como porcentaje del PIB ascendió del 25% a más del 55%.
-Un creciente desempleo junto con una extraordinaria expansión del empleo público fueron compañeros del viaje a la crisis del Estado benefactor.
-La salida de la crisis sueca ha venido de la mano del equilibrio presupuestario —lo que conlleva menos gasto público— y la mejora de la competitividad de su economía.
-Suecia se ha convertido ahora en un Estado posibilitador del bienestar social, en vez de un exclusivo financiador y productor de servicios públicos como venía siendo.
-Un pujante capitalismo del bienestar presta servicios públicamente financiados.
-Los seguros privados de paro y de enfermedad están cada vez más generalizados.
-El cheque escolar es una exitosa realidad, junto con la mejora de la calidad de la enseñanza en competencia pública y privada.
-La privatización de la prestación de servicios sanitarios ha posibilitado una nueva “industria de exportación”: grupos empresariales que reproducen en otros países sus buenas prácticas en Suecia.
-En materia de pensiones, una inteligente combinación de criterios de reparto y capitalización, junto con incentivos al retraso de la jubilación, han dejado de hipotecar —como en España— las rentas de las generaciones venideras para pagar las pensiones de hoy.
Esta nueva situación inspiró un cambio legislativo por el que, con la salvedad de militares, policías y jueces, el resto de los empleados públicos pasaban a tener los mismos derechos que los privados. De este modo se ha liberalizado el traslado de funcionarios públicos a actividades privadas; con lo cual todos ganan
La nueva libertad sueca, en el ámbito de la educación, la sanidad y las pensiones acrecentó sin cesar las preferencias ciudadanas por lo privado frente a lo público. Esta irreversible evolución dio lugar otra excelente reforma: la de la función pública. Como la libertad ciudadana aumentaba sin cesar, la demanda de los servicios privados frente a los públicos, en los primeros había problemas para cubrir sus necesidades de empleo, mientras que en los segundos cada vez sobraban más funcionarios. Esta nueva situación inspiró un cambio legislativo por el que, con la salvedad de militares, policías y jueces, el resto de los empleados públicos pasaban a tener los mismos derechos que los privados. De este modo se ha liberalizado el traslado de funcionarios públicos a actividades privadas; con lo cual todos ganan. Como consecuencia de la metamorfosis de su estado del bienestar, Suecia ha vuelto a crecer y crear empleo mientras disfruta de una realidad macroeconómica sólida y equilibrada.
Nuestro actual Gobierno, ignorante de la realidad descrita -¿sólo por desidia? – sigue avanzando camino del precipicio, con razonamientos tercermundistas, cada vez alejados de la socialdemocracia -con sus defectos y virtudes- de una gravedad muy preocupante que nos remite a totalitarismos hispanoamericanos.
Si se pregunta al Chat GPT cuántos países en el mundo carecen de universidades privadas, como defiende la vicepresidenta primera del gobierno, la respuesta ocupa una lista muy corta: Cuba, Corea del Norte, Groenlandia y Eritrea. ¿De verdad quiere el gobierno que España se incorpore a esta lista?
¿Saben la vicepresidenta y su presidente -un falso doctor de universidad privada- que las mejores universidades del mundo -tanto por premios Nobel como en los rankings- son todas privadas, con las excepciones de Oxford y Cambridge originalmente privadas que reciben ayudas parciales -un 27%- del estado?
¿Habrá planteado alguna vez, algún político no comunista, que las universidades de Harvard, Chicago, MIT, Stanford, Columbia, Princeton, Yale, entre muchas otras, no deberían existir?
¿A qué votantes dirige el PSOE tales disparates?
Después de degradar el nivel educativo en los centros públicos, el socialismo aún quiere llegar más lejos, prohibiendo la educación universitaria fuera de su control, restaurando así la doctrina comunista que ya dejó de existir hasta en Rusia y China
La ministra de Sanidad, por su parte, quiere demoler el extraordinario éxito de nuestro modelo sanitario con el mismo método que su vicepresidenta: quiere suprimir, como buena comunista, la sanidad privada, hasta ahora sin lograrlo.
Como ya sucediera con las leyes de educación socialistas y sigue aconteciendo ahora, los doctrinarios de la enseñanza pública han educado -y lo siguen haciendo- a su hijos en la privada. Varios ministros y el propio presidente del Gobierno, carentes de dignidad moral -pensar, decir y hacer lo mismo- se han educado libremente en centros privados.
Después de degradar el nivel educativo en los centros públicos, el socialismo aún quiere llegar más lejos, prohibiendo la educación universitaria fuera de su control, restaurando así la doctrina comunista que ya dejó de existir hasta en Rusia y China.
En última instancia, lo más preocupante del caso no es que quienes nos gobiernan quieran aniquilar los valores culturales occidentales y sus grandes logros, como la propiedad privada, la educación como ascensor social y el Estado de Derecho -ahora queriendo extinguir la presunción de inocencia-, sino que lo hagan porque -deben suponer- tales despropósitos les darán votos.
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