Han pasado ya dos semanas desde que se rubricara ese acuerdo ultrasecreto sobre inmigración entre Sánchez y Puigdemont, referente a expulsar de Cataluña a los multireincidentes y apenas alguien ha tenido a bien informar de su contenido. Lo llaman 'transparencia'. Para Junts es un éxito porque aseguran que Cataluña tendrá la gestión total de políticas migratorias. Obvio que si te quieres independizar quieres tener todas las 'estructuras de Estado' bajo control. Todas. Pero, aterrizando en el plano político, el de la palabra, el de las promesas incumplidas, este debate sólo se debe a que tenemos elecciones, que la inmigración es vivida como un problema que debe gestionarse mejor y que mueve a determinado votante que ahora se inclina hacia posiciones viscerales. Junts pasa por delante de ERC, que no han sabido reaccionar ante este asunto candente. No parece que en Cataluña gobierne el partido de Junqueras. Es Puigdemont el que está forzando acuerdos en Madrid, consiguiendo cesiones de cara a una futura etapa del partido exconvergente en la Generalitat. Saber si miente el PSOE o Junts sobre el pacto en inmigración, o lo hacen los dos a la vez, a estas alturas da igual, es el relato el que prevalece y es Míriam Nogueras quien se lleva el gato al agua.

Las autonomías tienen competencias en acogida, en menores, en servicios sociales, pero no en expulsiones que competen al ministerio de Interior y de Exteriores, tal y como se recoge tanto en la Carta Magna, como en el Código Civil y Penal. Los Mossos y la Policía Nacional saben bien lo que deben hacer. De momento han reaccionado con mucha prudencia.

Expulsión de ilegales

Otra cosa es el debate político, la jaranera verbal, las encuestas, los debates y la posibilidad de que los xenófobos de Alianza Catalana, que tienen bajo su mando la alcaldía de Ripoll, lleguen al Parlament. Sánchez y Zapatero, en diferentes manifestaciones, se remiten al cumplimiento del Estatuto catalán, que sí abarca materias de asistencia social referentes a la gestión de inmigración por parte de la Generalitat. Así lo avaló la sentencia del Tribunal Constitucional. Expulsarles no depende ni dependerá de una ley orgánica. Dependerá de lo que España y Europa decidan. Lo demás es, como decimos los catalanes, fer bullir l'olla sin más, hacer hervir la olla, marear la perdiz.

Hay datos que invitan a una actitud tranquilizadora para esa parte de la sociedad que percibe a los recién llegados como problema, como factor de inseguridad. Que relaciones inmigración con la falta de seguridad. No estamos en la Cataluña de Pujol, que acogía con los brazos abiertos a los miles de andaluces y murcianos que llegaban a trabajar a casa nostra, con las campañas de “ya somos 6 millones”. Nada tienen que ver aquellos movimientos migratorios de entonces con la actualidad. Gestionar este asunto no es fácil, ni aquí ni en Europa. Por ello es importante que se abra un debate sincero, profundo, serio, sin hipócritas demagógicas ni populismos de todo a cien.

Si atendemos el último barómetro del año pasado del CEO, que es el CIS catalán, el 60% de los catalanes considera que hay demasiados inmigrantes, un porcentaje que se eleva al 64% si viene de los votantes de Junts. Y los votantes del PSC piensan exactamente lo mismo que los de Junts. El dato se eleva considerablemente si se pregunta a los votantes de Vox, del PP o de Ciudadanos donde la percepción de inmigración como problema se eleva al 92% para el partido de Santiago Abascal. Sólo los votantes de Comuns –Sumar en el Congreso- o Cup –sin representación en el Congreso- se alejan de cualquier valoración racista. El problema está ahí y hay que tratarlo.

Léase las becas escolares, las becas comedor, la asistencia social, laboral o médica. Cuando los servicios están saturados se buscan culpables

Nadie quiere a delincuentes en su sociedad, nadie quiere que le roben, pero ese no ha de ser el eje del debate. Está la cruda realidad de los escasos recursos para gestionar este fenómeno que desborda nuestras fronteras. Debemos, naturalmente, hacer frente a nuestro ámbito, para que el mensaje de “las ayudas solo van para ellos” no siga calando en una sociedad en apuros. Léase las becas escolares, las becas comedor, la asistencia social, laboral o médica. Cuando los servicios están saturados se buscan culpables.

La política decepciona, como viene siendo habitual con este tema de gestión de personas, pero nos quedan cosas para estar orgullosos, por ejemplo, por haber conseguido modificar el artículo 49 de la Constitución para que los cuatro millones de personas a las que se les llamaba disminuidos ahora sean discapacitados, a veces mucho más capaces que otros. La inmigración seguirá siendo un tema que urge abordar con seriedad y compromiso para que miles de personas no sigan poniendo en peligro su vida persiguiendo un sueño, una vida mejor.

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• Miriam Nogueras i Camero