Además de criticar al adversario político, actividad necesaria para todo partido que aspire a ampliar su apoyo electoral y, en su caso, gobernar, cabe además exigirles a los partidos políticos que dediquen tiempo a pensar en y a trabajar por las soluciones a los problemas que padecen los ciudadanos a los que pretenden representar. El objetivo de nuestros representantes no puede circunscribirse o limitarse a lograr cuantos más votos mejor para fortalecer su proyecto político particular; aun siendo esto consustancial al sistema democrático que disfrutamos, el objetivo último debe ser resolver los problemas que padecemos y mejorar la vida de los ciudadanos, les voten estos o no. O sea, deben ayudar a resolvernos los problemas en lugar de creárnoslos.
Así, los partidos políticos que nos gobiernan y, en la oposición, tanto los que aspiran a alcanzar el gobierno como los que aspiran a condicionarlo, deben decirnos no solo qué no quieren o contra qué están sino qué pretenden y cómo piensan lograrlo, y nosotros, como supuestos ciudadanos adultos responsables, exigirles a cada uno de ellos respuestas, propuestas y soluciones. En caso contrario, no deberíamos prestarles nuestro voto, por mucho que las alternativas sean supuestamente peores.
Les propongo un decálogo de reformas políticas, institucionales o constitucionales que considero que España necesita, de modo que la acción política sea algo más que una exposición de reproches, mentiras o medias verdades
Yo les propongo a todos ellos un decálogo de reformas políticas, institucionales o constitucionales que considero que España necesita, de modo que la acción política sea algo más que una exposición de reproches, mentiras o medias verdades. Aunque es muy probable que no pueda dejar de ser lo anterior, es seguro que puede llegar a ser algo más que el diálogo de sordos o el intercambio de insultos en que se ha convertido.
1. Elevar la protección del Estado ante la amenaza fragmentaria y rupturista del independentismo: primero, a través de la recuperación del delito de sedición o delito análogo que mejor pudiera hacer frente a las conductas más graves de deslealtad constitucional o a los llamados golpes de Estado posmodernos; segundo, la recuperación del delito de malversación de antes de la reforma de Sánchez, dado que la apropiación indebida del dinero público no puede tener ningún tipo de atenuante; y tercero, la tipificación del delito de convocatoria ilegal de referéndum.
2. Garantizar la libertad de elección lingüística en todo el territorio nacional, de modo que pueda estudiarse en español en cualquier parte de España, y suprimir las imposiciones lingüísticas hoy vigentes en las comunidades autónomas con más de una lengua oficial.
3. Reformar la ley electoral para hacerla más proporcional y para garantizar la igualdad del voto, de modo que el voto de un ciudadano valga igual independientemente de la parte de España desde la que se emita.
4. Despolitizar la Justicia, de modo que deje de ser objetivo de colonización e instrumentalización de los partidos políticos con el objetivo de beneficiarse a sí mismos o a sus objetivos políticos, así como la Fiscalía General del Estado, u otros organismos públicos que los partidos políticos pretenden habitualmente controlar.
5. Devolver al Gobierno de España determinadas competencias claves para garantizar la unidad del Estado, la eficacia de la gestión y la igualdad en la prestación de determinados servicios públicos, tales como Educación, Sanidad o Justicia, entre otros.
6. Eliminar los derechos históricos recogidos en la Constitución Española (el Concierto Económico vasco y el Convenio navarro), dado que su existencia supone una desigualdad flagrante entre conciudadanos de un mismo Estado, al provocar el contrasentido de que los más ricos sean financiados por los más pobres.
7. Impulsar medidas para proteger el sistema público de pensiones tanto de quienes son enemigos confesos como disimulados; perfeccionarlo y hacerlo sostenible, sin demagogias ni discursos catastrofistas, ante las amenazas presupuestarias y demográficas que nos acechan pero que no son insalvables.
Lucha contra la corrupción
8. Mejorar los derechos sociales que todo Estado debe garantizar a los ciudadanos, a través de una atención especial a la Educación, a la Sanidad y a las prestaciones sociales, ayudando a la generación y creación de riqueza empresarial y procurando su redistribución en la sociedad a través de los instrumentos del Estado de la forma más justa posible, atendiendo con especial atención a los ciudadanos o sectores sociales más vulnerables.
9. Modernizar el modelo productivo y el mercado laboral, promover un sistema fiscal justo y progresivo y luchar contra el fraude y la elusión fiscal, el fraude laboral y la economía sumergida.
10. Impulsar medidas a favor de una mayor transparencia y de lucha contra la corrupción, de modo que se impidan comportamientos ilegítimos o ilegales y los ciudadanos sepan el destino de cada euro de dinero público.
Además, deberían favorecer un clima de debate constructivo, lo cual ayudaría a alcanzar los acuerdos que sin duda se necesitan. Ello no supondría zanjar las diferencias legítimas existentes entre proyectos políticos distintos pero sí encauzarlas, de modo que las batallas estériles y las promesas imposibles sean sustituidas por propuestas viables dignas de tenerse en cuenta y ser debatidas y votadas.
Si un servidor ha podido elaborar este decálogo de reformas y de posibles soluciones, ellos (los partidos políticos) también deberían poder hacer y explicar las suyas; y si no lo hacen, es que no saben, no pueden o no quieren. Y, en ese caso, es que no nos sirven.
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