España tiene el peor Gobierno de la historia de la democracia, con el PSOE más radicalizado, aliado con la izquierda más rancia y radical del continente, y apoyado en los peores socios parlamentarios posibles, los que promueven el secesionismo unilateral, el discurso de la anti-España e incluso el enaltecimiento del terrorismo.
Nada de esto ha variado con la reciente remodelación del Gobierno, en la que, por razones de partido, de lealtad y de futuribles electorales, se ha cambiado a numerosos ministros, sin que se modifique, ni un ápice, la actitud de Pedro Sánchez, cuyo programa está siendo el de la degeneración constitucional y la crisis democrática, con epicentro en el ámbito de la Justicia. Un cóctel letal que, unido a una serie de malas decisiones políticas, legislativas y ejecutivas, ha provocado que tres asociaciones que representan a más de 2.500 jueces españoles hayan tenido que remitir un escrito a la UE denunciando lo que consideran un “riesgo de violación grave” del Estado de Derecho en nuestro país.
Unos indultos contra la ley, contra el poder judicial, contra la razón y contra el sentido común, que, lejos de servir a la concordia, solo valen para premiar a quien buscó la ruptura
El culmen del ataque institucional a un poder del Estado lo vemos estos días en relación al Tribunal de Cuentas, que, como antes el CGPJ y el mismísimo Tribunal Supremo, está sufriendo una campaña de acoso y derribo sin precedentes conocidos. Eso por no hablar de la aprobación de los nueve indultos de la vergüenza, con los que el Gobierno Sánchez perdonó la prisión a nueve independentistas radicales condenados por sus conductas, no por sus ideas, pasando por alto sus graves actos de secesionismo sedicioso, malversador y corrupto. Unos indultos contra la ley, contra el poder judicial, contra la razón y contra el sentido común, que, lejos de servir a la concordia, solo valen para premiar a quien buscó la ruptura, y que, lejos de ser útiles para el reencuentro, ensalzan a quien sembró el conflicto, castigando al mismo tiempo, tanto a quien lo padeció, como al que lo intentó sofocar.
El Gobierno, igual que está sucediendo con los acercamientos de presos etarras, no se da cuenta de que perdonar a los culpables es castigar a los inocentes, además de a las víctimas. Es el problema de esta izquierda aliada con los enemigos de la nación española, y también de este Partido Socialista, que ha abandonado, en un camino que parece sin retorno, el constitucionalismo. Y ello convierte al Partido Popular, la formación política natural y hegemónica en el centro y la derecha española, en la única alternativa, no solo de Gobierno, sino de ejercicio real de defensa del Estado, de sus instituciones y de sus leyes, que es lo mismo que decir de nuestra democracia.
Cambio de ciclo
Como único partido con posibilidades reales de gobernar, que defiende sin fisuras el modelo territorial que nos dimos en la Constitución de 1978, tenemos una enorme responsabilidad que ya estamos ejerciendo desde todas las administraciones públicas en las que tenemos respaldo mayoritario y responsabilidades de Gobierno. En todas, pero singularmente, por su peso político, presupuestario y también por nuestra posición de región capital de España, en la Comunidad de Madrid, donde se ha celebrado la última cita electoral, el pasado 4 de mayo, que ha servido, de manera significativa, casi paradigmática, para marcar un claro cambio de ciclo en la política española.
El Partido Popular, un proyecto coral que cuenta con un gran equipo perfectamente liderado por Pablo Casado, e Isabel Díaz Ayuso, un gran activo político y la mejor presidenta que puede tener Madrid, sellaron un gran éxito electoral, que se cimentó, precisamente, en la capacidad para ofrecer a los madrileños un proyecto alternativo al que la izquierda y Sánchez están desarrollando en España.
Ahora, en esta nueva etapa de Gobierno, la Comunidad de Madrid, con el respaldo obtenido en las urnas, va a reforzar su proyecto político, basado en la búsqueda de soluciones a los problemas, al revés que el Gobierno de Pedro Sánchez, que parece empeñado en buscar un problema para cada solución. El objetivo es desarrollar un programa de gestión en todas las materias, ofreciendo medidas sanitarias eficaces, donde otros solo han tomado decisiones caóticas desde el punto de vista jurídico; bajando los impuestos, donde otros lo único que hacen es subir todas las facturas, salvo las que tengan que pagar por su corrupción los independentistas; e impulsando un modelo de libertad, donde otros solo ofrecen ingeniería social y control, desde lo público, de todo lo que es privado.
En definitiva, un proyecto de gestión basado en un programa sólido y un equipo dispuesto a trabajar por el bienestar y la libertad de los madrileños. Y eso es muy diferente a un Gobierno, como el de Sánchez, que tiene que dedicar toda su energía a pagar todos los peajes que le exigen sus socios.
Pilares del Estado de derecho
Esa innegable realidad dual, la diferencia entre cómo actúan, allí donde gobiernan, unos y otros, es lo que convierte a la Comunidad de Madrid, junto al resto de administraciones que gestiona el Partido Popular, en el ancla del sistema, y en la garantía de los derechos y libertades, de la salud y la seguridad de los españoles. También en la defensa del orden constitucional, las instituciones del Estado, el equilibrio entre poderes, y, en definitiva, los pilares de nuestra democracia liberal, así como aquello que es común a todos los españoles.
Así quedó de manifiesto en la reunión que mantuvieron Díaz Ayuso y Sánchez el pasado 9 de julio, la primera celebrada entre ambos tras las elecciones madrileñas en este nuevo escenario político. En ella la Presidenta de los madrileños defendió todas estas cuestiones, dejando claro que en esta etapa no estamos ante un Gobierno regional enfrentado al de la Nación, sino, más exactamente, ante un Gobierno que defiende al Estado, mientras que el otro lo ataca. Una idea sencilla, como pueden ver, que pesa, y mucho, en las preferencias políticas de un buen número de personas, en Madrid y en el conjunto de España.
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