Desde que hace unas semanas Núñez Feijóo acuñó la expresión “derogar el sanchismo”, Sánchez y sus huestes políticas y mediáticas intentar descalificar la intención de aquél argumentando que propugnar la derogación constituye un propósito pobre en sí mismo, indicativo de la inexistencia de propuestas en positivo. Nada más lejos de la realidad. Si creyeran de verdad lo que dicen deberían recordar que, durante más de dos años, el Gobierno enarboló como flamante bandera la derogación de la reforma laboral de Rajoy sin que los que ahora claman contra el compromiso de Núñez Feijóo levantaran un dedo contra semejante anuncio. Esta habitual y escandalosa doble vara de medir constituye una característica del sanchismo que, desde luego, también debe ser erradicada de la vida pública -derogada- junto a las múltiples decisiones y acciones perniciosas que han caracterizado la gestión de Sánchez. Sin duda, prometer la derogación de los desmanes cometidos por el actual Gobierno no es solo legítimo, es también necesario y además anhelado por la mayoría de la sociedad española como pudo comprobarse en las elecciones del pasado 28 de mayo. Y entre lo que Núñez Feijóo debe derogar ocupa un lugar destacado la fiscalidad sanchista.

Si en 2018, el Estado nos detraía 35 euros de cada 100 de los que ingresábamos, ahora se está llevando 42, siete más

Derogar la fiscalidad del sanchismo es, en primer término, poner fin al proceso de brutal elevación del sacrificio fiscal que se nos exige a los españoles pues en los cinco años que lleva en el Gobierno, Sánchez ha aumentado un 20% la presión fiscal a la que nos somete. Si en 2018, el Estado nos detraía 35 euros de cada 100 de los que ingresábamos, ahora se está llevando 42, siete más. Sucede además que esta creciente exigencia fiscal coincide con un periodo en el que, fruto de la crisis económica y de la gestión de Sánchez, los españoles hemos visto como, alejándose de la media europea, nuestra renta per cápita se ha reducido en más de un 5%.De modo que nuestro empobrecimiento es doble: el debido a la gestión sanchista de la crisis y el ocasionado por la avaricia recaudatoria decidida por Sánchez e implementada -torpemente- por MJ Montero. Es imperioso segar de raíz esta tendencia expoliadora y, aún más, revertirla, reduciendo la actual carga fiscal que soportamos los españoles. Núñez Feijóo ha anunciado ya la reducción del IRPF para los ingresos inferiores a 40.000 €.

Derogar la fiscalidad del sanchismo es acabar con la falta de ética que caracteriza a la política fiscal aplicada por el Gobierno Sánchez. Que con una inflación acumulada -2021 y 2022- superior al 12%, Sánchez haya despreciado olímpicamente la moralmente obligada deflactación del IRPF constituye una actuación flagrantemente ilegítima, impropia de un Estado y de una sociedad modernos y democráticos. Además, semejante atropello ha perjudicado especialmente a los perceptores de nóminas y entre ellos a los salarios medios y bajos. Como ejemplo, a un trabajador cuyo sueldo coincida con el salario medio español -27.570 €- y tenga dos hijos, la escandalosa decisión de Sánchez de no deflactar el IRPF le ha supuesto un ilegítimo aumento del 10,5% en su factura del impuesto, más de 600 euros. Reconducir a la Hacienda Pública a la senda de la honestidad, la ética y la legitimidad de ejercicio que se han perdido por obra y gracia de Sánchez y Montero, supondría acabar con una de las mas significativas lacras sanchistas en materia fiscal.

Hacer que la Hacienda Pública retorne a la senda del escrupuloso respeto a la legalidad que se ha abandonado durante el sanchismo sería devolver la fiscalidad a los cánones del Estado de Derecho

Derogar la fiscalidad del sanchismo supone también erradicar el vicio del actual Gobierno de crear nuevos impuestos de modo “paralegal”, tal y como ha sucedido con los impuestos contra la banca y las energéticas, así como con el Impuesto “sobre el Patrimonio bis”. Haber cometido el fraude legal que supone crear dos impuestos mediante la aprobación de una proposición de ley para sortear así los requisitos legales exigidos para su creación es inadmisible. Haber incurrido en el fraude de ley que supone denominarlos gravámenes patrimoniales para esquivar de ese modo la imposible retroactividad de cualquier impuesto es inaceptable. Haber perpetrado la fechoría legal de introducir un nuevo impuesto mediante la aprobación de una enmienda a la antes citada proposición de ley previamente presentada es inasumible. Por ello, erradicar estas prácticas alegales y hacer que la Hacienda Pública retorne a la senda del escrupuloso respeto a la legalidad que se ha abandonado durante el sanchismo sería devolver la fiscalidad a los cánones del Estado de Derecho.

Derogar la fiscalidad del sanchismo implica evitar la ruptura de los consensos básicos de nuestra democracia, deslealtad que ha cometido Sánchez aprobando unilateralmente un impuesto -el llamado “a las Grandes Fortunas”- cuyo hecho imponible está consensuadamente atribuido a las Comunidades Autónomas. Quebrar este consenso ha constituido un ataque frontal del sanchismo al Estado de las Autonomías, agresión que ha sido diseñada y ejecutada desde presupuestos absolutamente partidistas y, aún más, sectarios. Recuperar el respeto a la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas que reconoce la Constitución supondría enterrar la agresión sanchista al Estado Autonómico.

Con la prolongación en estos cinco años de la exigencia del vetusto, injusto e ineficaz Impuesto sobre el Patrimonio, los españoles somos ya los únicos europeos que lo soportamos

Derogar la fiscalidad del sanchismo llevaría a romper con el mantenimiento sanchista de una imposición patrimonial que durante el mandato de Sánchez ha convertido a España en la triste excepción de la Unión Europea. En efecto, con la prolongación en estos cinco años de la exigencia del vetusto, injusto e ineficaz Impuesto sobre el Patrimonio, los españoles somos ya los únicos europeos que lo soportamos. Suprimirlo o dejarlo sin efectividad, como han hecho las Comunidades gobernadas por el Partido Popular, significará dejar de penalizar el ahorro y evitar que los ingresos ahorrados por los españoles tributen anualmente después de haberlo hecho ya en su obtención.

Derogar la fiscalidad del sanchismo conduciría asimismo a acabar con la tributación de las herencias entre familiares próximos, imposición que el sanchismo ha mantenido mostrándose en línea opuesta a la tendencia europea existente. Que a los hijos se les exija pagar, y pagar mucho, por heredar lo ahorrado por sus padres es una práctica ya solo presente en un exiguo número de los países de nuestro entorno. Y en los que aún existe, la carga fiscal que se exige es considerablemente menor que la exigida en España. Generalizar la liberación fiscal de la herencia paterno filial, en la dirección adoptada por los gobiernos autonómicos del PP, sería un paso hacia la modernización de nuestro sistema tributario pues nada es más cierto que esta forma de imposición es un arcaísmo procedente de las épocas en las que no existía la diversidad de figuras tributarias hoy existentes.

Acabar con la colonización sanchista de una institución como la AEAT devolviéndole su plena independencia funcional

Derogar la fiscalidad del sanchismo supone poner fin a la praxis fiscal sanchista de utilizar indebidamente a la Agencia Tributaria. Lo recientemente sucedido en el caso Ferrovial, con el Gobierno amenazando a una empresa privada con la futura calificación que los inspectores fiscales del citado organismo fueran a realizar a la operación societaria que proyectaba, es un gravísimo supuesto de amenaza intolerable rayana en la desviación de poder. Supone un intento de interferencia en el trabajo profesional de unos funcionarios que no deben recibir mandatos ni presiones del Gobierno sobre la forma en la que deben resolver un expediente concreto cuya resolución les corresponde. Acabar con la colonización sanchista de una institución como la AEAT devolviéndole su plena independencia funcional significará, en el ámbito tributario, finiquitar el lastre que el sanchismo ha impuesto al funcionamiento institucional del Estado.

Derogar la fiscalidad del sanchismo consiste en revertir la gestión del Gobierno Sánchez que está degradando la calidad del servicio público prestado por la AEAT. En este sentido, la obligatoriedad de la cita previa para que un ciudadano sea atendido por funcionarios del citado organismo, la práctica imposibilidad de ser atendido telefónicamente o la exigencia de la comunicación exclusivamente telemática con la citada entidad no son de recibo. Dificultan a un amplio número de españoles el acceso al servicio público de atención e información de un organismo cuyo funcionamiento financian con sus impuestos. Recuperar la anterior accesibilidad para el contribuyente que caracterizaba a la Agencia Tributaria y que se ha perdido con el sanchismo es una exigencia inaplazable, un derecho de los ciudadanos y una obligación del Estado.

La sentencia del Tribunal Supremo 1.231/2020 de 1 de octubre declaró ilegal el registro domiciliario a los contribuyentes sin haberles notificado previamente el inicio de un procedimiento de inspección tributaria

Derogar la fiscalidad del sanchismo supone también eliminar la práctica seguida por el Gobierno de Sánchez de vaciar de contenido las decisiones de los Tribunales. Que cuando se decreta judicialmente la ilegalidad de un tipo de actuaciones llevadas a cabo por la AEAT se promueva inmediatamente una reforma legal con objeto de seguir haciendo lo antes ilegalizado implica un nulo respeto a la función judicial de control sobre el Estado. Valga una muestra. La sentencia del Tribunal Supremo 1.231/2020 de 1 de octubre declaró ilegal el registro domiciliario a los contribuyentes sin haberles notificado previamente el inicio de un procedimiento de inspección tributaria. Se impedía así una práctica de la AEAT que, según se ha conocido por diversos autos y sentencias judiciales, ha supuesto en ocasiones que fueran atropellados los derechos de los contribuyentes. Pues bien, tras ser dictada la sentencia citada, el Gobierno Sánchez promovió una reforma exprés de la Ley General Tributaria que permite a la AEAT realizar los registros que aquélla declaró ilegales sin añadir ninguna medida de garantía para el contribuyente registrado. Es preciso que en nuestra Hacienda Pública se retorne el respeto a los contribuyentes y a los Tribunales, erradicándose así los abusos legales cometidos en la etapa del sanchismo.

En definitiva, y sin perjuicio de la inclusión por parte de Núñez Feijóo en su programa electoral de las medidas fiscales que ya ha anunciado y de otras más que pueda ir anunciando, es evidente que solo con la derogación de todas las cuestiones que han sido objeto de exposición se conforma ya un programa mínimo de gobierno en materia fiscal que, a buen seguro, cuenta con el beneplácito de la mayoría de los españoles. Para que digan los voceros de Sánchez y del sanchismo que la promesa de derogar no implica proponer.

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