El pasado domingo Ione Belarra, la nunca bien ponderada ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y secretaria general de Podemos, dijo que apuesta por que el Ejecutivo de coalición progresista continúe hasta el último minuto de la legislatura. Una apuesta que considera compatible con adjudicar toda suerte de descalificaciones y vilezas a los socios del PSOE a quienes acusaba, por ejemplo, de someterse a las presiones que ejercen los fondos buitre para bloquear la Ley de Vivienda o de dejar sola a Irene Montero, ministra de Igualdad, en el banco azul durante el Pleno del Congreso de los Diputados.
En la apuesta de proseguir en el Gobierno hasta la última nómina, como dicen los castizos, Belarra está acompañada entre otros por el propio presidente, Pedro Sánchez, dispuesto a dejar que la legislatura llegue hasta su extinción natural cuando el 10 de noviembre se cumplan cuatro años desde la elección de los diputados, conforme a lo dispuesto en el artículo 68.4 de la Constitución. Más allá de la pública coincidencia, aquí señalada, todos los analistas están concordes, en que socialistas y podemitas coinciden -como Carlos V y Francisco I sobre Milán- en la impaciencia por romper pero quieren hacerlo de tal manera que la responsabilidad sea del otro socio y el precio a pagar quede a su cuenta.
Quien vote a Sánchez lo hace a sabiendas de que no hay más cera que la que arde ni otra posibilidad de alcanzar el poder que la de volver a las andadas
Para ambos coaligados sería ventajosa una separación de cuerpos y programas con suficiente antelación que les permitiera recuperar perfil diferenciado cara a las elecciones de diciembre por mucho que si las urnas les fueran favorables estarían condenados a sumar, desde el minuto cero de la siguiente legislatura, sus escaños en aras de una segunda edición de Frankenstein. La diferencia es que, en el último debate previo a los comicios del 10 de noviembre de 2019, el líder del PSOE se declaró incompatible con Unidas Podemos, abominó de EH Bildu, se pronunció contra los independentistas, abogó por el cumplimiento íntegro de las penas y se comprometió a traer a Puigdemont para entregarlo a la Justicia.
Concluido el escrutinio, números cantan y, horas después se anunciaba el pacto de gobierno y de investidura con todos los que acababan de ser declarados indeseables. Semejante transgresión hizo que entonces muchos votantes se considerasen traicionados. La cuestión ahora es que nadie puede llamarse a engaño: quien vote a Sánchez lo hace a sabiendas de que no hay más cera que la que arde ni otra posibilidad de alcanzar el poder que la de volver a las andadas de las mismas coaliciones de Gobierno y de los mismos respaldos parlamentarios.
Al periódico del lunes le quedaba subrayar que, tras una semana de fuertes turbulencias en el seno del primer Gobierno de coalición progresista de la democracia, cuatro de sus componentes habían terminado votando en el Congreso de los Diputados contra un proyecto de Ley del Gobierno, algo insólito -según clamaba Soledad Gallego Díaz-, dado que coexistía con la desconcertante pretensión de los dos grupos coaligados y, a la vez, enfrentados pero coincidentes en descartar que los hechos sucedidos pudieran generar consecuencias políticas.
¿Habrá quién salga en su defensa o perecerá estigmatizado esta vez por la perfidia podemita, como lo ha sido Rafael del Pino por los sanchistas?
Las desavenencias afloradas en torno a la ley del solo sí es sí y a otras en tramitación, como la ley de vivienda y la de reforma de la ley mordaza, han llevado a Belarra a emular el ¡a por ellos, oé! de los hinchas futbolísticos y a culpabilizar a Joan Clos, ex alcalde socialista de Barcelona y ex ministro socialista de ZP, que preside la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval). ¿Habrá quién salga en su defensa o perecerá estigmatizado esta vez por la perfidia podemita, como lo ha sido Rafael del Pino por los sanchistas? Veremos.
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