Opinión

El desfalco de los ERE y la prostitución del TC con la corrupción sanchista

El Constitucional raya una abyección cuasi irreversible comandado por quien no sólo confiere bula al Gobierno y a sus socios, sino que arrolla al Tribunal Supremo

Como remedo de una popular serie televisiva de los noventa “Los ladrones van a la oficina” sobre las andanzas de unos cacos “sui generis” que se citan en el bar “La Oficina” para rememorar viejos golpes y planear otros nuevos, no hay delincuente del partido del Gobierno o de cuadrilla afín al que “La Oficina” del Tribunal Constitucional no ampare y exonere. Con Cándido Conde-Pumpido de camarlengo de Sánchez, no se admite más Juez Supremo que aquel al que le debe presidir una Corte de Garantías que suplanta al Tribunal Supremo como máxima instancia contenciosa y altera la Carta Magna por la puerta falsa. Así, si los golpistas catalanes se autoamnistían tras comprarles Sánchez su investidura en una mayúscula simonía, ¿cómo no iban a dispensarse un favor análogo los cofrades de los ERE -epígonos del legendario bandolerismo al sur de Despeñaperros- con la avenencia de magistrados socialistas embutidos en un TC que dobla la C de Constitucional con la C de Casación)?

Por esa vía, Sánchez ha saltado de la vergüenza que deploraba en 2014 cuando andaba lejos de La Moncloa de que “un político indulte a otro” al orgullo de casta. Al revés del “procés” catalán, en el “proceso andaluz” de los ERE no ha precisado pringarse las manos al delegar esa carga en el comisariado socialista de un envilecido TC que emborrona sentencias que podrían engrosar la “Historia universal de la infamia” de Borges. Cumplido un sexenio, Sánchez certifica que no llegaba para liquidar la corrupción, sino para usufructuarla.

De paso que lo hace para sus conmilitones y sosias, se garantiza su impunidad con las corrupciones familiares y de partido con su mujer haciendo un uso privado de La Moncloa como despacho de influencias. Este tráfico de favores adquiere el punto afrentoso de ventilar en las estancias de la presidencia del Gobierno sus asuntos particulares de la Universidad Complutense. Con la catedrática que no es haciendo que sea el rector el que se desplace a la residencia monclovita. Diríase que es la Complutense la que trabaja para ella en el momio que desempeña y en el que una asistente, con nivel de directora general, le gestiona el pago de las matriculaciones de su actividad privada bajo un imperativo: “Le llamo de La Moncloa”.

En su suma y sigue, Begoña Gómez sienta cátedra donde el “enmano” de Guerra puso escuela. A la par, el “enmanísimo” de Sánchez y huido de la Hacienda española se enriquece con vara de mago, no con batuta de director de orquesta, en contraste con aquel pobre diablo de Juan Guerra que, por meterse unos duros en la escarcela, forzó la dimisión del Gobierno y del PSOE de su todopoderoso consanguíneo. A mayor corrupción, mayor impunidad por parte de quien promovió una moción de censura blandiendo una bandera contra la corrupción hecha guiñapos.

No en vano, Sánchez se solaza con un TC en el que Pumpido se conduce como Cámpora con Perón. Cuando el general le inquiría: “Camporita, che, ¿qué hora tenés?”, su ayudante respondía servil: “La que vos querés, mi general”. “¿Qué veredicto de los ERE tenemos, Pumpidín?", debió curiosear Sánchez antes de viajar a Andalucía a hacer campaña de las europeas. “La que vos queráis, presidente”, le indicaría y a Benalmádena fuese pidiendo hueco preferente para la penada de los ERE, la exministra Magdalena Álvarez, a la que utilizó para hacer un panegírico de “Begoña y Yo”, tras acudir al mitin amarraditos con la pulsera “Begoña free”.

¿Cómo el presidente del TC, quien se apartó de la causa de los ERE cuando era magistrado del Supremo, no lo hace ahora para sacar adelante la encomienda de Sánchez?

En su degradación, el TC raya una abyección cuasi irreversible comandado por quien no sólo confiere bula al Gobierno y a sus socios, sino que arrolla a un Tribunal Supremo que, según el artículo 123 de la Ley de Leyes, “es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales”. Sin embargo, Pumpido y la banda de los 7 lo cercenan rejuzgando aquello que compromete a quienes deben su posición. Si hace años, a propósito de un fallo sobre Isabel Preysler, el TS amenazó con denunciar al TC por prevaricación debido a su ilegítima intromisión, no se entiende que, al amputarse hoy sus atributos, se cruce de puñetas.

En vez de combatir demasías, el TC otorga carta blanca a sus protegidos con una complicidad que hiede. ¿Cómo puede ser ponente de los recursos de los asaltadores de los ERE, Inmaculada Montalbán, quien ha hecho carrera con el PSOE sureño y fue galardonada por Griñán? ¿Cómo se justifica que dos togados socialistas, el exministro Juan Carlos Campo, a la sazón exalto cargo con Chaves y Griñán, y la exdirectora general del ministro Bolaños, Laura Díez, no se inhiban? ¿Cómo el presidente del TC, quien se apartó de la causa de los ERE cuando era magistrado del Supremo, no lo hace ahora para sacar adelante la encomienda de Sánchez? Cuando se pervierten de ese modo las instituciones y se las somete a servicio de un autócrata, se está en una “democratura”, como bien significó el pensador y académico francés Pierre Rosanvallon, en El siglo del populismo.

Con los custodios de la Carta Magna asistiendo las tropelías del Gobierno, el TC da un golpe autoproclamándose Supremo del Supremo y aceptando las alegaciones desestimadas por la Audiencia de Sevilla y por el Supremo en lo que hace a la prevaricación y la malversación en la saca de los ERE. Todas esas instancias judiciales refutaron el subterfugio de que, al haber aprobado el Parlamento -el PSOE atesoraba mayoría absoluta- los Presupuestos, “imposibilita calificar como ilegales los proyectos elaborados”. El TS resolvió que la documentación que se remitió a la Cámara era “escasa y confusa”, por lo que sus diputados no podían conocer a ciencia cierta el destino de las partidas. Y tanto.

Chaves y Griñán habían maquinado un dispositivo que esquivaba la fiscalización de los subsidios a través de un “fondo de reptiles” que institucionalizó “la arbitrariedad y la discrecionalidad -concluyó la juez instructora, Mercedes Alaya- en la concesión de ayudas públicas"

En efecto, no fue hasta el 27-XII-2010 durante las pesquisas periodísticas sobre la lonja de fechorías de Mercasevilla cuando El Mundo de Andalucía, que entonces tenía el honor de dirigir, desveló, en una infatigable labor de Sebastián Torres y Antonio Salvador, la tramoya clandestina por la que el PSOE sufragaba diez años de prejubilaciones ilegales. La punta del iceberg de un colosal tinglado para medro de quienes, cual parásitos de Los miserables de Víctor Hugo, gozaban de “la alegría de sentirse irresponsables y de que pueden devorarlo todo sin inquietud”.

Aquel hallazgo atestiguaba que la corrupción de la Junta no era una anomalía del régimen andaluz, sino el sistema mismo. Chaves y Griñán -su consejero de Hacienda, y sucesor- habían maquinado un dispositivo que esquivaba la fiscalización de los subsidios a través de un “fondo de reptiles” que institucionalizó “la arbitrariedad y la discrecionalidad -concluyó la juez instructora, Mercedes Alaya, tirando de la hebra periodística- en la concesión de ayudas públicas para permitir un uso abusivo” y poder regalarlas fraudulentamente “a un extensísimo grupo de personas físicas y jurídicas, próximo a cargos de la Junta y del PSOE”. El expolio superó, según sentencia, los 679 millones sin contar otros escamoteos al erario aún pendientes de la Justicia.

Aunque, como ha reiterado el TS en contra de la amnistía a los golpistas catalanes, “el castigo en los delitos patrimoniales no se justifica por quedarse con las cosas de otro, sino por quitarle a otro las cosas”, la acción malversadora de los ERE para “disponer de los fondos propios -sentencia 749/2022 del TS- como si fueran propios, en contra de la ley, al margen de todo procedimiento y sorteando cualquier medida de control”, cimentó casi 40 años de hegemonía socialista en Andalucía y propicio ocupar La Moncloa más tiempo que ningún otro partido, amén de agenciar dinero “para asar una vaca” a una legión de intrusos del puño y la rosa.

Confundiendo generosidad con estupidez y tratando de hacerse perdonar no se sabe bien qué, el PP se mete goles en meta propia y menosprecia a sus votantes a los que olvida en cuanto se cierran las urnas

Al igual que los separatistas no pretendían el perdón del Estado, sino que éste les pidiera perdón, los reos de los ERE procuraban otro tanto para que se les restituyese su impunidad. Pero no sólo ellos, sino también Sánchez, con quien tantos lances televisivos sostuve al respecto cuando era meritorio socialista. Para eternizarse en La Moncloa, busca limpiar al PSOE andaluz de la mancha de los ERE y restablecer este silo electoral. Aunque cueste borrar su huella indeleble, una propaganda bien hecha obra prodigios.

Por eso, cuando hasta el rabo todo es toro, pasma que un conformista PP amortiguara el escándalo de los ERE en cuanto alcanzó de carambola el Palacio de San Telmo y que Moreno Bonilla pidiera incluso que Griñán no ingresara en prisión por una enfermedad que no fue óbice para que lo hicieran otros. Todo ello tras hacer campaña fotografiándose ante del burdel de las francachelas socialistas con los fondos malversados. Para más inri, el alcalde del PP de Sevilla, José Luis Sanz, tributará este julio en “la velá” de Triana un homenaje a una hija de los ERE, la expresidenta Susana Díaz, un par de semanas después de votar el PSOE una moción de censura contra él. Confundiendo generosidad con estupidez y tratando de hacerse perdonar no se sabe bien qué, el PP se mete goles en meta propia y menosprecia a sus votantes a los que olvida en cuanto se cierran las urnas. ¿Qué será lo próximo del PP designar hijos predilectos a Chaves y Griñán admitiendo tácitamente ser esos impostores que les echa en cara estos días la manga de manilargos de los ERE socialistas?

Los cortabolsas de los ERE pronto reclamarán ser resarcidos junto a los dueños del prostíbulo “Don Ángelo” venido abajo cuando la juez Alaya cortó el grifo con el que aquellos próvidos puteros proveían la caja de aquel antro sevillano. Si Rafa Latorre coligió con el “procés” que advendría la fecha en la que habrá que jurar que aquello sucedió, no transcurrirá mucho tampoco para que esto acaezca con los ERE dada la campaña de desinformación socialista -propagada a toda plana por medios adictos a esos fondos reservados- que presentará a los salteadores del erario como benefactores públicos actualizando para esta trapacería la leyenda romántica de los bandoleros generosos.

El cubo invertido que simula ser la sede del TC parece contener los deshechos de un maltrecho Estado de Derecho merced a quien enloda la toga como ya hizo siendo Fiscal General con Zapatero

Rehabilitada por el TC la inmunidad socialista, se repite aquel episodio de impunidad absoluta por el que hubo que reintegrar el maletín de una coima de una gran constructora al conseguidor socialista de una obra de la Junta tras ser pillado “in fraganti” en un control de carretera tras una escucha policial. Como pilón probático que conmuta mangancias, el TC semeja asumir como doctrina la pauta del pícaro Francisco Javier Guerrero, director general de Trabajo con Chaves y Griñán, en el manejo del “fondo de reptiles”. Entre trago y trago de gin-tonic en el bullicioso pub hispalense que era su despacho ambulante, se jactaba de aplicar el testicular método del “pormisco, por mis cojones”, según refería sin ambages a los peticionarios de bicocas que no se publicaban en parte alguna. Lo que no cabía imaginar es que la estafa de los ERE derivara en la estafa de un TC por los “pormisco” de su presidente para absolver a los randas que van a su “Oficina”.

Ante tal oprobio, el cubo invertido que simula ser la sede del TC parece contener los deshechos de un maltrecho Estado de Derecho merced a quien enloda la toga como siendo Fiscal General con Zapatero. Si en su acre voto particular de julio de 2011 contra quienes apoyaron la inconstitucionalidad del confinamiento por el Covid de marzo de 2020, ya se vanaglorió de no ser un “jurista de salón”, sus sentencias de encaje abonan el plan de degeneración de Sánchez para dotarse de patente de corso y amordazar a los medios críticos cuya extinción codicia mientras municiona a los “tabloides digitales” adictos a sus bulos para salvar a los Kirchner de La Moncloa. Empero, como en el proverbio, los necios seguirán mirando el dedo que Sánchez quiere segar, en vez de mirar sabiamente a la luna (de corrupción) que apunta.

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