Cuando el independentismo presentó las candidaturas de varios de los implicados en la celebración del referéndum del 1-O, entre ellos al fugado Puigdemont, tenía ya dos claros objetivos: desde el punto de vista político, involucrar a las autoridades europeas en la agenda procesista. Desde el punto de vista legal, generar un embrollo procesal que dificultase la labor de la justicia española como consecuencia de la inmunidad que adquiriría Puigdemont como parlamentario europeo.
Cuando ya nos habíamos acostumbrado a su tournée impune por media Europa, anoche nos sorprendió la noticia de su detención en Cerdeña, Italia, como consecuencia de una orden dictada por el juez instructor de la causa del 1 de octubre, Pablo Llarena, cuya vigencia ha noqueado al procesismo. Porque en la explicación al estupor causado está el quid, que debe leerse no sólo en clave jurídica sino principalmente política.
Efectivamente, han corrido ya ríos de tinta sobre la negativa de la justicia alemana y belga de poner al president de la república fabulada catalana a disposición de la justicia española por el delito de sedición: la primera consideró que, al no existir en el ordenamiento jurídico teutón un delito equivalente, sólo cabría entregar a Puigdemont para que se le juzgase por malversación, algo que el juez español rechazó. La segunda cuestionó la competencia de la autoridad judicial española y su imparcialidad, lo que condujo a Llarena a plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de la Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que éste se pronunciase sobre el alcance y efectividad de las euroórdenes.
Pero no es la pendencia de esa consulta formulada por Llarena al TJUE la que puede obstaculizar la entrega del detenido a España para ser juzgado y, en su caso, condenado, por el Tribunal Supremo -paso previo imprescindible a la concesión del indulto-, sino la postura del gobierno español en el procedimiento iniciado por Puigdemont ante la justicia europea para evitar la retirada de su inmunidad parlamentaria. Se lo voy a intentar explicar de forma que lo puedan comprender sin incurrir en un lenguaje excesivamente técnico.
Vamos, que el gobierno español se comprometió en sede judicial a retirar la orden de detención, siendo esta cuestión competencia del tercer poder independiente del estado, el judicial".
Hay que remontarse al 9 de marzo de este año, fecha en la que el Parlamento europeo acordó la retirada de la inmunidad a los fugados electos, entre ellos el susodicho, que en mayo recurrió al TGUE para que declarase nulo ese acuerdo, solicitando además la adopción de medidas cautelares para que se dejase sin efecto la retirada de la inmunidad en tanto que se resolviese su recurso. Pues bien, en este procedimiento cautelar, que finalmente se desestimó, parece ser que el gobierno español realizó, por boca de la Abogacía del Estado, una serie de manifestaciones que comprometen la vigencia de la euroorden dictada por el juez Llarena. Concretamente, el párrafo 54 de la Orden del Vicepresidente del Tribunal de 30 de julio presenta el siguiente tenor literal: “The Spanish authorities also expressly stated that that request called for the suspension of the national arrest warrants issued against the applicants and entailed the suspension of any procedure for the execution of a European arrest warrant that may have been initiated. They also stated that no court of the European Union could execute the European arrest warrants at issue until the Court of Justice had given a ruling.” Si usted no habla inglés, lo que viene a decir es que las autoridades españolas declararon expresamente en su solicitud que quedaban suspendidas las órdenes de detención contra los demandantes (Puigdemont y cía), afirmando también que, como consecuencia de ello, ningún tribunal de un país europeo podría ejecutarlas en tanto se resolviera la cuestión de nulidad planteada por Puigdemont.
Vamos, que el gobierno español se comprometió en sede judicial a retirar la orden de detención, siendo esta cuestión competencia del tercer poder independiente del estado, el judicial, cuya anuencia por lo visto no se recabó. Algo que confirmó ayer el propio Tribunal Supremo cuando aclaró que la detención se produjo en aplicación de la orden dictada por Llarena, que sigue vigente.
Por eso leerán ustedes en los titulares de la prensa que los letrados de Puigdemont van a acudir a la justicia europea para impedir su entrega, es decir, para hacer valer la palabra dada por el Ejecutivo de Sánchez en detrimento de lo acordado por una resolución judicial.
No cabe duda de que nos encontramos ante una flagrante injerencia del Gobierno en la labor de la justicia, que además se perpetró mientras aquél cocinaba unos indultos aberrantes y arbitrarios para Junqueras y su troupe. Nada podía perturbar la paz social catalana anunciada por Pedro, aun a costa de comprometer la actuación de la justicia, a la que se atrevió a tildar de vengativa. Una palada más en la tumba que Su Persona está cavando con sus propias manos para enterrar en ella a la independencia judicial.
Difícil lo va a tener Llarena para liberarse de esta tela tejida en torno a él por la tarántula venenosa del 'sanchismo'.
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