Hemos conocido recientemente que el 90% de la recaudación del impuesto de las grandes fortunas se ha producido en Madrid. Y digo yo que, si un impuesto estatal afecta casi exclusivamente a una comunidad autónoma, ello constituye una clara prueba de injusticia.
Puede decirse que la actuación del gobierno social-comunista con este impuesto muestra tres rasgos muy evidentes que vienen caracterizando a este gobierno en casi todas sus actuaciones:
-En primer lugar, el populismo y la demagogia, que se manifiesta al tratar de “vender” a los españoles, aunque sólo se lo crean los fanáticos y los ignorantes, que se castiga a los ricos. La realidad es que los realmente “ricos” tienen medios incluso legales para evadirlo. Les pilló por sorpresa al aprobarse a fin de año, pero lo harán en 2023. Y, aunque le hayan puesto ese nombre (grandes fortunas), los realmente afectados son los patrimonios medios, en buena medida acumulados con el trabajo y el ahorro, sobre los que se está produciendo una auténtica confiscación.
-El segundo rasgo es la incompetencia del Gobierno. Son tan malos que las prisas para llevar a cabo cuanto antes la aplicación de esta leva le llevaron a equivocarse en su diseño, de manera que la recaudación ha sido menos de la mitad de lo que anunció la ministra. Luego, pretendieron cambiarlo por la puerta de atrás, pero ya era tarde y no se atrevieron a crear otro conflicto con el Consejo de Estado.
Es la venganza de Sánchez contra una comunidad autónoma como Madrid donde ha sido estrepitosamente derrotado; es la de Mª Jesús Montero contra su tierra, Andalucía
-Por último, este impuesto pone de manifiesto también el sectarismo del Gobierno, en este caso, contra las CCAA que bonificaban el impuesto. Es la venganza de Sánchez contra una comunidad autónoma como Madrid donde ha sido estrepitosamente derrotado; es la de Mª Jesús Montero contra su tierra, Andalucía, donde han apeado al partido de muchas instituciones; y la del PSOE contra Galicia, donde viene perdiendo desde hace muchos años. Es increíble que se pueda gobernar así.
Para colmo, el gobierno social-comunista se ha quedado para el Estado la recaudación del impuesto de grandes fortunas, cuando el de Patrimonio está cedido a las arcas regionales. En realidad, podríamos asemejarlo a “robar” a algunas comunidades autónomas. Como, por cierto, existe el riesgo de que ocurra con el FLA si se condona la deuda de manera no proporcional. Y es que a Sánchez sólo le preocupa comprar los votos de los dirigentes más insolidarios de algunas comunidades autónomas. Si ocurriera esa condonación, a los tres rasgos del gobierno que se acaban de enunciar, podríamos añadir los de arbitrariedad y falta de equidad. Alguno de ellos podría incluso ir al código penal…
El de las grandes fortunas es un impuesto con múltiples motivos de inconstitucionalidad, y además muy evidentes, como han ido señalando los expertos en estos meses pasados y no voy a repetir ahora. De hecho, está recurrido por los gobiernos de las autonomías afectadas, así como por otros actores. Y también ha sido impugnado por muchos de los contribuyentes afectados que han cumplido con la norma y han pagado, pero ahora esperan al Constitucional. Hay quien teme que la designación, por parte de Sánchez, de miembros afines en ese tribunal lo impida. Pero todos los que no tenemos afección partidista estamos seguros de que los 12 integrantes (actualmente 11) de ese tribunal actuarán conforme a derecho, decidirán de forma independiente e impedirán el atropello. Es necesario, además, que lo resuelvan pronto, antes de que vuelva a devengarse el impuesto del siguiente año, en diciembre. Los contribuyentes necesitan hacer correctamente su planificación fiscal y tener certidumbres.
No es progresismo comportarse de manera absolutamente manirrota en el gasto y populista en la política fiscal. No lo es confiscar sus bienes a ningún segmento de la población
Dicen que es un impuesto progresista. A los miembros del gobierno, a los integrantes de los partidos que les apoyan y a los muchos tertulianos y opinadores de los medios a su servicio no se les cae de la boca esa palabra. Supuestamente, ellos son progresistas y los demás entre conservadores, rancios y “fachas”. Pero no es progresismo comportarse de manera absolutamente manirrota en el gasto y populista en la política fiscal. No lo es confiscar sus bienes a ningún segmento de la población. Y, desde luego, tampoco resulta nada progresista espantar a los inversores y desalentar el ahorro, que son las consecuencias directas de este impuesto. Como me decía un amigo hace unos días, progresista es a progreso como carterista a cartera. Una afirmación que no puede resultar más ajustada y oportuna si la aplicamos, por ejemplo, al caso del impuesto que nos ocupa.
El gobierno debería alinear en mayor medida nuestra fiscalidad con la de los países que nos circundan. Pues bien, en la Unión Europea no existe un impuesto sobre el Patrimonio en ningún país. Así que imaginen qué puede pensarse de que en España haya dos: patrimonio y grandes fortunas. Sin duda, se trata de una aportación del gobierno Frankenstein a la ciencia hacendística que se pondrá como ejemplo en algunas universidades del mundo. Eso sí, como ejemplo de malas prácticas y confusión en los gobernantes. En lo que más nos diferenciamos de Europa es en la imposición indirecta, no en la imposición sobre el capital y el ahorro donde aparecemos más bien destacados. Pero ser consecuente con eso no le gusta al gobierno porque no le valdría para avanzar en una de sus prioridades, que es la de comprar votos del electorado.
En fin, esperemos que el Tribunal Constitucional devuelva un poco de cordura a toda esta actuación fiscal del gobierno. Porque el gobierno no puede hacer de su capa un sayo en materia fiscal. Ni en ninguna otra, claro.
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