Muchos de los que tenemos la suerte de trabajar, conocemos la dificultad de conciliar nuestra labor profesional con la de padres. Los horarios laborales de gran parte de padres y madres no están pensados para que encajen adecuadamente con los horarios escolares de los hijos. La incorporación de la mujer al mercado de trabajo en nuestro país, a un ritmo relativamente intenso en las últimas décadas, no ha hecho más que poner de relieve este enorme problema.
Las consecuencias de la falta de conciliación son importantes. Por ejemplo, resulta evidente que condiciona la natalidad
Las consecuencias de la falta de conciliación son importantes. Por ejemplo, resulta evidente que condiciona la natalidad. Aunque existen otras muchas causas, no es menos cierto que la posibilidad, o más bien la imposibilidad, de poder cuadrar nuestro horario laboral con el del cuidado de nuestros hijos, implica un enorme desincentivo para la fecundidad. Las consecuencias de ello terminan por trascender a otras variables tales como las propias pensiones y su sostenibilidad así como la misma educación de los hijos. En cuanto a la primera, siendo evidente que gran parte del problema de dicha sostenibilidad descansa en la estructura demográfica, cualquier política que eleve el número de nacimientos tendrá un claro efecto positivo. En cuanto al efecto en la educación de los hijos, se sabe que el cuidado parental de los hijos tiene efectos positivos sobre la adquisición de habilidades cognitivas y no cognitivas. Ceder la educación a “otros” no parece que pueda ser una buena idea, ya que puede provocar posibles costes a largo plazo.
Y es que esta falta de conciliación es un problema endémico en España. Concretamente, la principal razón de este desajuste en los horarios se debe a lo extendido del uso de una jornada laboral partida y que no se reproduce en todos los países europeos. Según los datos de la Encuesta de Empleo del Tiempo de 2009, una parte importante de los españoles dedican entre una hora y dos horas para comer, entre las 14 y las 16, con la posterior reincorporación al puesto de trabajo y en consecuencia retrasando el regreso al hogar ya en horas tardías (ver figura adjunta). Esto, evidentemente, colisiona con la necesidad de dedicar a los hijos el tiempo que necesitan, provocando un oneroso coste (lean a Pablo Gracia y y Matthijs Kalmijn para conocer más detalles sobre estos efectos).
Legislar bien sobre la jornada laboral puede ser problemático dada la existencia de posibles efectos perversos
Sería pues interesante legislar sobre esta cuestión ya que los beneficios a medio y largo plazo podrían ser muy elevados. Sin embargo, legislar bien sobre la jornada laboral puede ser problemático dada la existencia de posibles efectos perversos. Un gran ejemplo es la última Ley de Conciliación de la Vida laboral y Familiar en España (Ley 39/1999) aún vigente. En esta ley se buscaba ofrecer a los trabajadores con hijos menores de siete años, nueve en la reformulación de 2007, la posibilidad de reducir tanto la jornada trabajo como el sueldo en un intervalo de un tercio a un medio. Sin embargo, las consecuencias de esta experiencia no han sido todas positivas. Así, y en primer lugar, sólo las mujeres se acogieron a esta posibilidad. Las razones son variadas pero van desde la propia naturaleza de la maternidad hasta cuestiones de profundo calado social. En segundo lugar, y más preocupante, solo solicitaron tal derecho trabajadoras con contrato indefinido. ¿La razón? Pues que la ley impedía despedir a las empleadas que solicitaran la reducción de jornada durante la duración de la misma. Es evidente que las trabajadoras con empleos temporales no tenían incentivos a solicitar la reducción de jornada, pues era bastante probable que durante el disfrute de la misma el empresario podría optar por no renovar el contrato, algo que la ley permitía por omisión. Además, estos autores encontraron que, a partir de la entrada en vigor de la ley, el número de mujeres jóvenes con contratos temporales aumentó sensiblemente, pero no así el de los hombres. Los empresarios tenían pues incentivos a no contratar indefinido en especial a mujeres jóvenes en edad de tener hijos. Así pues, a pesar de las buenas intenciones del legislador, este elevó la precariedad laboral de la mujer, introduciendo una doble discriminación: la de hombre-mujer e indefinida-temporal. La lección aprendida con la Ley 39/1999 es que, si vamos de nuevo a regular sobre conciliación, debemos hacerlo con sumo cuidado tratando de evitar incentivos perversos (lean este post de Daniel Fernández Kranz y Nuria Rodríguez Planas para un más completo análisis y un pequeño resumen con algunos gráficos aquí).
La complejidad de legislar sobre conciliación no debe amedrentar a los grupos políticos si realmente lo que quieren es solucionar esta disfuncionalidad del mercado laboral español
La complejidad de legislar sobre conciliación no debe en todo caso amedrentar a los grupos políticos si realmente lo que quieren es solucionar esta disfuncionalidad del mercado laboral español. Los costes de no hacer nada, como ya he adelantado, son igualmente elevados, en particular para la mujer. Mujeres que deben dejar su vida profesional en suspenso, e incluso darla por acabada. Esto evidentemente termina traduciéndose en segregación laboral, bien a través de la auto-selección de mujeres en ocupaciones donde la dedicación o experiencia sean menos exigentes o bien por la creación de un techo de cristal que impide a estas avanzar hacia escalafones profesionales superiores. Además, ya sea por estas mismas razones o por otras derivadas de ellas, esta segregación social termina traduciéndose en desigualdad salarial de género, tan importante y relevante. Por último, se pierde un enorme potencial cuando una mujer debe suspender o retrasar su vida profesional, generándose una merma de riqueza tanto presente como futura.
Para reducir al máximo el coste de la conciliación tratando de evitar limar los beneficios de la educación de los hijos en un entorno familiar estable, es necesario plantear políticas óptimas de ayuda a la conciliación, además de la regulación antes planteada. Según Olivier Trévenon y Angela Luci, estas políticas deben buscar tres objetivos. En primer lugar, ayudas económicas a las familias con hijos. Esta ayuda, que ya existen de un modo u otro en España especialmente a través de transferencias en especie o monetarias, busca reducir el impacto económico objetivo en las parejas que deciden ser padres. En este sentido sería interesante extender la gratuidad de los servicios de guarderías, quizás uno de los mayores costes económicos en los primeros meses de vida de los hijos. En segundo lugar, buscar un equilibrio en los horarios laborales con los centros educativos de acogida de los niños, como son guarderías o colegios. En tercer lugar, implicar más a los niños en edades tempranas en la conciencia de la igualdad de género. Muchas decisiones de fertilidad y coste económico recaen sobre las mujeres, como se ha explicado más arriba. Como se ha dicho también, gran parte de esta discriminación viene determinada por el reflejo en el mercado laboral de unas diferencias de género que hunden sus raíces en lo más profundo de nuestra sociedad. En los usos y costumbres heredados. Atacar tempranamente sobre estos malos usos ofrecerá, sin duda, beneficios a largo plazo.
Intentar minimizar los costes de una mala conciliación es importante
En resumen, la conciliación es una cuestión central en la sociedad en la que actualmente vivimos. Sus aristas son varias: económicas, sociales, demográficas... Intentar minimizar los costes de una mala conciliación es importante, tratando de evitar afectar lo máximo posible a los beneficios que la maternidad puede ofrecer a los niños y a la sociedad. Sin duda un reto complejo, pero que no debemos postergar.
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