Parece que es opinión bastante común que la fechoría perpetrada, casi con nocturnidad y alevosía, el pasado día 19 por nuestra "diplomacia" ante el Consejo de Asuntos Generales de la Unión, aprovechando de forma torticera la Presidencia de turno de la UE, para que se reconociera al catalán, al euskera y al gallego como lenguas oficiales de la UE (y a última hora sólo el catalán), aparte de ser un clamoroso fracaso, supondrá un debilitamiento de la posición del español en el seno de las instituciones europeas.
En el Consejo no entendieron las prisas que el Gobierno español -que ejerce actualmente la presidencia de turno- tenía para que se decidiera a toda prisa sobre su petición; aunque debían estar alertados de que ello obedece a un vasallaje pagado por el presidente del Gobierno al prófugo Puigdemont y ejecutado por el ministro de Exteriores a través de una carta remitida a la UE a las 06:47 horas del 17 de agosto, sin que exista deliberación previa del Gobierno -aunque así conste en la misiva- y sin un debate previo en España al respecto; pues sabido es que en éste como en otros asuntos (proliferación del Decreto-ley) en nuestro país se viene obrando manu militari.
Las cosas en la UE no funcionan así, y menos aún en un asunto de tanta importancia y con tantas implicaciones: se necesitan informes y evaluaciones previas, incluso consultas públicas, etcétera. Esto debería saberlo quien ejerce la Presidencia de turno, para que no se le achaque que la está utilizando torticeramente. Por tanto, parece que el Consejo, como corresponde y lejos de atender a las inaceptables presiones del Gobierno, ha metido en el cajón este asunto.
Pero esta forma de proceder ha perjudicado claramente al español en Europa y el asunto no podía resultar más inoportuno, cuando se ha anunciado una posible ampliación de la UE, con Ucrania, Moldavia y otros seis países de los Balcanes Occidentales con el estatus de candidatos.
El español es una lengua claramente internacional, siendo la segunda lengua materna del mundo por número de hablantes, lengua oficial de 21 países y la tercera lengua en un cómputo global, al sumar dominio nativo, competencia limitada y estudiantes de español, superando los 591 millones. Es también la tercera lengua más utilizada en la red. Esto no se está teniendo en cuenta en la UE y no parece que los distintos Gobiernos españoles hayan realizado actuaciones fructíferas al respecto, a pesar de que tenemos en marcha un PERTE denominado "Nueva economía de la lengua", al que se pretenden destinar nada menos que 1.100 millones de euros de inversión pública y del que no tenemos noticias sobre su ejecución.
Como dijera hace tiempo el hasta hace poco secretario General del Tribunal de Justicia de la UE, el español Alfredo Calot, "mi principal reto en este puesto es salvar el multilingüismo. Con la crisis sufrimos una fuerte presión presupuestaria, pero, sin el respeto a la igualdad de todos los idiomas, la UE se muere. Es una convicción". Se refería, obviamente, a las lenguas oficiales de la UE. Y es que en la UE existe un verdadero problema -en la práctica- de multilingüismo (principio fundamental de la UE), como para añadirle complicaciones artificiales.
El español, aunque es una lengua claramente internacional, está claramente discriminado, y en vez de defender su importancia, ahora planteamos esta pueril -e indecente por su motivación- controversia
Actualmente, la UE tiene 24 lenguas oficiales: el alemán, el búlgaro, el checo, el croata, el danés, el eslovaco, el esloveno, el español, el estonio, el finés, el francés, el griego, el húngaro, el inglés, el irlandés, el italiano, el letón, el lituano, el maltés, el neerlandés, el polaco, el portugués, el rumano y el sueco. El principio básico es que no debe haber más de una lengua oficial por Estado miembro. El inglés (dado que es la primera lengua internacional) es una lengua oficial de hecho y no de derecho, pues, ejecutado el Brexit, ningún país la tiene designada como tal, dado que Irlanda y Malta -aunque tienen el inglés también como lengua oficial- tienen designado en la UE el gaélico y el maltés, respectivamente. Pero, en la práctica, las lenguas que imperan en la UE, en todos los asuntos son el inglés, el francés y el alemán. El español, aunque es una lengua claramente internacional, está claramente discriminado, y en vez de defender su importancia, ahora planteamos esta pueril -e indecente por su motivación- controversia.
Según el Tratado de la Unión Europea, "todo ciudadano tiene derecho a participar en la vida democrática de la Unión. Las decisiones serán tomadas de la forma más abierta y próxima posible a los ciudadanos". Esto es impracticable si no se respeta el régimen lingüístico (actual). Pues bien, el defensor del Pueblo Europeo tuvo que emitir, a mi instancia (y posteriormente ha tenido que insistir en ello, pues este es un asunto abierto y no resuelto), el 24 de noviembre de 2011, una Recomendación a la Comisión Europea a fin de que: "a) por principio, publicara sus documentos de consulta en todos los idiomas oficiales de la Unión, o facilitara a los ciudadanos su traducción previa solicitud. Al actuar de esa manera, la Comisión debería tener en cuenta que el Tratado de Lisboa ha dado una importancia particular al derecho de la sociedad civil a participar en la vida democrática de la Unión; b) elaborara una directrices claras, objetivas y razonables sobre el uso de las lenguas del Tratado en sus consultas públicas, teniendo en cuenta que cualquier restricción de los principios de participación democrática de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones y de amplias consultas de la Comisión, contemplados en el artículo 10, apartado 3, y el artículo 11, apartado 3, del TUE, debe estar justificada y ser proporcionada. Estas directrices deberían ser públicas y de fácil acceso. La Comisión podría incluirlas entre sus excelentes principios generales y normas mínimas para la consulta de las partes interesadas o, al menos, en la página web Tu voz en Europa".
Una obligación del Gobierno
No hay que olvidar que, según el artículo 3 de nuestra Constitución, "el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla". Asimismo, las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas (no en España, ni en Europa, obviamente) de acuerdo con sus Estatutos.
Si atendemos a la situación del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), donde la Dirección General de Multilingüismo es el servicio más grande de la institución, lo que revela la importancia de la cuestión lingüística para el Tribunal de Justicia, confirmamos a diario que, aunque todas las resoluciones del TJUE se publican -meritoriamente- el mismo día que se adoptan, cada vez es más frecuente que no aparezcan -el mismo día- en todas las lenguas oficiales, siendo una de las lenguas perjudicadas el español.
Las instituciones de la UE (principalmente el Consejo, el Parlamento y la Comisión) deben defender el principio básico de una lengua oficial por Estado miembro y remover las discriminaciones. Y al Gobierno español le corresponde defender en Europa la importancia internacional de nuestra lengua.
Isaac Ibáñez es abogado.
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