No existen cifras cien por cien fiables, ni nunca existirán, porque por su propia naturaleza estos datos suelen ser secretos en la mayoría de países, pero según la información que manejan fuentes de la Seguridad del Estado de España el presupuesto de los servicios de información de, por ejemplo, el Reino Unido, es diez veces el del CNI: 322 millones frente los más de 3.000 que mueve el conglomerado de inteligencia británico, con los legendarios MI5 y MI6 a la cabeza. Cantidad similar es la que Francia pone a disposición de la DGSE y DGSI, las direcciones generales de Seguridad Exterior e Interior. A pesar de lo raquítico de la partida adjudicada a “La Casa” -destinada en buena parte a pagar a sus 3.500 empleados (el plantel de la inteligencia francesa es de 5.000 efectivos, el alemán de 6.500 y el israelí de 30.000)-, el servicio secreto español ha consolidado en los últimos años una sólida reputación internacional de seriedad y eficacia, en especial por el buen trabajo realizado en el campo del antiterrorismo. Hasta ahora.
Como el tiempo acabará demostrando, el caso Pegasus es parte de una campaña independentista a gran escala con parada en los tribunales europeos
Ciertamente el caso Pegasus es de una extraordinaria gravedad, pero en ningún caso por lo que argumentan sus denunciantes. Este asunto es de una gravedad extrema porque el Gobierno, dando pábulo a la versión de los independentistas, ha convertido a los agresores en víctimas, en damnificados a quienes atentaron contra la Constitución y la convivencia entre españoles, y en culpables a los funcionarios del Estado que, a pesar de la limitación de medios y la desconfianza política, cumplen a diario con su obligación. En lugar de dar la orden de defender en bloque el trabajo del CNI, siempre dentro de la ley, a Pedro Sánchez no se le ocurrió mejor forma de apagar el incendio que mandar a su hombre de confianza a pedir perdón a los ofendiditos.
La mano (ANC y Òmnium) que mece la cuna
Hasta que entró en escena la ministra de Defensa, tarde y con el bolso cargado de limitaciones, nadie del Ejecutivo se atrevió a cuestionar la fiabilidad de unas informaciones que forman parte de una evidente operación de desprestigio de lo español montada por el independentismo catalán y que, más allá del impacto político, Junqueras, Puigdemont y compañía pretenden utilizar para su rehabilitación, como argumento jurídico y de ataque a España, ante los tribunales europeos. Ningún miembro del Gobierno, salvo Margarita Robles, ha discutido el artículo origen del escándalo, firmado en The New Yorker por una rutilante estrella mediática made in USA que les ha comprado la mercancía a los indepes sin por supuesto tener la decencia de hacer el mínimo esfuerzo por contrastar la información ni, obviamente, aclarar en su artículo de “investigación” que había sólidos indicios de que los presuntamente espiados podían estar involucrados en la comisión de graves delitos.
Como el tiempo acabará esclareciendo, y ya han señalado algunos observadores, el caso Pegasus es parte de una campaña independentista a gran escala, conveniente y oportunamente solemnizada por sus principales dirigentes y en la que, como también se verá, se transparentan las manos de Òmnium Cultural y la ANC. Sin embargo, ningún miembro del Gobierno ha tenido el coraje democrático de denunciarlo y decirle a Pere Aragonès que España no es ni Polonia ni Hungría; que si en España se han intervenido comunicaciones no ha sido para recortar las libertades, sino para todo lo contrario, para proteger los derechos de los ciudadanos frente a quienes intentaron arrebatárselos y defender la democracia gravemente amenazada.
Meritxell Batet, una esperanza malograda, un nuevo cadáver que pasa a formar parte de la colección que acumula en sus vitrinas el presidente del Gobierno
Sí, este es un asunto de extraordinaria gravedad, porque lo que tristemente destapa es un trasfondo de deslealtad, una implacable voluntad de constante maquinación para permanecer en el poder cuyo penúltimo capítulo es la deplorable y unilateral decisión de suavizar las reglas de participación en la Comisión de Secretos Oficiales del Parlamento. Se arguye la supuesta democratización de las instituciones para abrir las puertas de la misma a ERC, Junts, Bildu y la CUP, cuando la razón última de que hasta ahora no se hubiera formado tal comisión era el escaso interés en compartir información sensible con Unidas Podemos. Cinismo elevado al cubo y la presidenta del Congreso ardiendo en la pira de las ambiciones de Pedro Sánchez; Meritxell Batet, una pena, una esperanza malograda, un nuevo cadáver que pasa a formar parte de la colección que acumula en sus vitrinas el presidente del Gobierno. ¿Quién será el próximo? ¿Quizás Margarita Robles?
La ministra de Defensa se ha convertido en uno de los escasos obstáculos gubernamentales frente al proceso de desmontaje de andamios clave para el sostenimiento del Estado. La única que parece entender que más importante aún que el presupuesto es un Gobierno que defienda a sus servicios de seguridad de quienes los atacan para neutralizarlos, para convertirlos en una maquinaria burocrática e inservible, sin respaldo político y sin medios suficientes para llevar ante los tribunales a los enemigos de la Constitución. De eso se trata. Así que no lo descarten. Que la Robles sea la próxima en caer. O que disuelvan el CNI. Ya puestos.
La postdata: una Administración clientelar, envejecida e ineficiente
Lo de ineficiente lo digo yo. El deterioro de los servicios públicos es alarmante. Ya entraremos en otro momento en detalles. Lo de clientelar y envejecida lo dice José Antonio Díaz Lago, del Cuerpo Técnico de Aduanas, en un trabajo publicado por el Instituto de Estudios Fiscales. Según el alto funcionario, la función pública española es, con gran diferencia, la más numerosa de los países de la OCDE. Y también la más vieja. Entre 2007 y 2019 el crecimiento del empleo público en España fue el más alto de las grandes economías occidentales y, sin embargo, esta renovación no supuso un rejuvenecimiento del funcionariado. Más bien todo lo contrario.
La mitad de los funcionarios de las distintas administraciones tienen más de 55 años y los menores de 34 años no llegan al 6 por ciento. ¿Cómo se explica esta aparente contradicción? “La función pública en España está muy envejecida, lo que es completamente inadecuado en un contexto de innovación digital y tecnológica permanente”, afirma Díaz Lago, quien en su estudio, que se puede leer completo aquí, se pregunta: “¿Por qué se ha llegado a esta situación en el empleo público en España y en qué medida influye la misma en el adecuado desempeño de las funciones de la Administración?”
Unos párrafos más adelante la respuesta a esta pregunta, que identifica una de las principales causas del envejecimiento de la Administración: “Los deseos teóricos de racionalización de los organismos públicos y dimensionamiento del empleo público y, por otro lado, las presiones y clientelismos desatados en entornos territoriales y administrativos más pequeños no ha servido para rejuvenecer la Administración y, al menos, contar con personal más idóneo por razones de edad para afrontar los retos de la renovación tecnológica exponencial. En consecuencia, se ha procedido a contratar personal interino o temporal en las CC.AA. (casi el 90% del incremento de empleo público en el período considerado corresponde a este tipo de personal, un volumen de más de trescientos cincuenta y ocho mil efectivos) generando un problema de primera magnitud y difícil solución que ha alcanzado ya a las instituciones comunitarias, que se han pronunciado sobre la cuestión: Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asunto 726/2019 sentencia 3/6/2021, y a la Justicia Española: STS 17/2021”.
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