Con una frecuencia sorprendente, el ministro Albares viene repitiendo que él no es politólogo ni catedrático de derecho constitucional para juzgar si Venezuela es una dictadura. Como si para definir lo que, a ojos de cualquiera, es una dictadura infame fuera necesario ser politólogo o catedrático de derecho constitucional. Es insólito que lo que está a la vista de cualquier ciudadano se le escape nada menos que a nuestro ministro de Asuntos Exteriores.
Ahora, nos enteramos que el presidente electo de Venezuela, Edmundo González, fue sometido a chantaje por dos sicarios del régimen chavista –Delcy Rodríguez, vieja conocida desde aquella noche en el aeropuerto de Barajas en enero de 2020, y Jorge Rodríguez– en la mismísima embajada de España en Venezuela, que es territorio español. Fue en ese lugar donde, tras todo tipo de chantajes y amenazas, esos matones –con entrada prohibida en Europa– obligaron a Edmundo González a suscribir un documento en que se decía que fue el dictador Maduro el vencedor de las elecciones del 28 de julio. Documento nulo, de toda nulidad, pues ya nuestro Código Civil califica como nulo el consentimiento prestado por violencia o intimidación (art. 1265).
Pero más allá de que eso sea radicalmente nulo, lo bochornoso es que esos hechos sucedieron en la embajada de España en Venezuela. Y esos hechos denotan que el no politólogo Sr. Albares faltó gravemente a la verdad al manifestar que no hubo ninguna negociación –a salvo de la logística para que el avión español tomara suelo en el aeropuerto de Caracas para trasladar a España a Edmundo González–. Vaya que si la hubo: ¿nos podría explicar el ministro de Asuntos Exteriores, por qué consintió que aquellos dos individuos se introdujeran en nuestra embajada para coaccionar y amenazar al presidente electo de Venezuela? Es un caso de conducta mafiosa, de abierto colaboracionismo entre el gobierno español y la tiranía del dictador Maduro. Un caso gravísimo que mancha por completo la intervención del gobierno de España en relación a la denuncia de esa tiranía, a la que tanto se empecina en no enfrentarse, bajo ningún concepto.
¿Qué le debe el Gobierno de Sánchez a Maduro?
En un país que se tenga por normal y democrático, la actitud del Sr. Albares debería conducir directamente a su dimisión. Nos queda una pregunta: ¿Qué le debe el Gobierno de España al régimen del tirano venezolano? Aunque es posible que quien debiera responder a esa pregunta fuera un tercer Rodríguez, de segundo apellido Zapatero. Ese observador del régimen en las elecciones del 28 de julio, que desde entonces, de forma inaudita –o quizá no tanto– no ha abierto la boca, al cabo de más de mes y medio.
Que una sediciente izquierda que se pretende democrática esté incurriendo en el colaboracionismo con la dictadura se convierte en un hecho bochornoso que conduce a la pérdida de su alma y su razón de ser.
En este estado de degradación provocado por el gobierno español, casi lo mejor será no volver a escuchar ni a ese ministro no politólogo ni a ningún miembro del gobierno hablando de Venezuela. Por favor, dejen de reclamar actas electorales al dictador, que nunca las presentará por la sencilla razón de que todos conocemos que, de acuerdo con el 83% de las actas, Edmundo González barrió en las elecciones del 28 de julio con el 67% del voto popular.
La no respuesta de nuestro ministro de Exteriores acerca de si ese país está sometido a una dictadura, resulta ofensiva absoluta, un desprecio mayúsculo a la verdad y a su país
Un país donde el régimen pegó un pucherazo electoral el pasado 28 de julio; donde, desde entonces, se han producido decenas de asesinatos y más de dos mil detenciones, entre ellas las de dos conciudadanos españoles acusados por el tirano Maduro de terrorismo; un país donde ocho millones de sus habitantes se han tenido que marchar al exterior, en lo que supone el mayor éxodo contemporáneo a escala mundial. Con todos esos datos, la no respuesta de nuestro ministro de Exteriores acerca de si ese país está sometido a una dictadura, resulta ofensiva por completo.
Ya la semana pasada, nuestro Congreso de los Diputados calificó a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Y lo mismo ha sucedido en el Senado. Y ayer, el Parlamento Europeo ha aprobado el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Todo ello con el voto en contra no sólo de los eurodiputados del PSOE, sino del resto de partidos socialdemócratas europeos. Con una sola excepción: los cinco eurodiputados socialistas portugueses que sí han votado en favor de ese acuerdo. Tan sólo cabe dar la enhorabuena a esos cinco socialistas portugueses.
Al cabo, sólo lo moral es útil. Y quien esté fuera de eso, perecerá en su propia ignominia.