Nuestro sistema de pensiones públicas está basado en pagar a los jubilados una cierta cantidad por lo que han cotizado durante su vida laboral pasada pero… con el dinero que cotizan los trabajadores actuales. Esto muchos parecen olvidarlo. Yo ya he defendido este sistema en otras ocasiones contra los que propugnan un sistema más parecido al estadounidense ya que entiendo que dejar el importe de las pensiones en manos del azar de la bolsa es más peligroso ya que, aunque improbable, los índices bursátiles pueden bajar durante años mientras que siempre habrá trabajadores en activo en un país. Tampoco creo que sea el ideal pero es el que tenemos y es importante que entendamos cómo funciona. Si lo entendemos es fácil deducir que el número de cotizantes y el importe que estos cotizan debería ser el principal factor que determine el montante del desembolso en pensiones.
Un peligro para España
Es absurdo que cobren lo mismo 20 millones de jubilados a los que les pagan la pensión 20 millones de trabajadores que 25 millones de jubilados que cobren de 15 millones de cotizantes. Con este ejemplo extremo creo que se describe claramente que el principal factor para hacer sostenibles las pensiones públicas es el número de trabajadores y el importe que éstos ganan: si se ingresan 10 por retenciones y se gastan 10 (en pensiones contributivas) el equilibrio es perfecto, si el gasto es 11 ya entramos en déficit y si cada año el gasto sube más que las retenciones, vamos a peor.
Hace unos días, la agencia Moody´s advertía del peligro para el rating de España que existe por este desajuste financiero. Sin embargo, nuestros gobernantes aprobaron una ley por la cual el importe de las pensiones públicas sube cada año en proporción al IPC, independientemente de cuánta población pasiva y activa haya en el país. Indexar un salario al IPC garantiza, teóricamente, que no se pierda poder adquisitivo puesto que el sueldo crece en la misma proporción que lo que sube la media de los precios. Sin embargo, no se garantiza eso a ningún trabajador, ni siquiera a los que tienen el mismo pagador que las pensiones (los del sector público); los motivos son, aparte de que subir tanto los sueldos sería contraproducente con la lucha que actualmente existe contra la alta inflación (BCE intenta justo lo contrario, retirar liquidez), que la subida del IPC no implica que una empresa tenga un crecimiento de los beneficios que le permita elevar el salario de sus trabajadores en la misma proporción, en el caso del sector privado, y el alto coste para el erario que supondría hacerlo con todos los empleados públicos. Es decir, nadie paga en función de que el que cobre no pierda poder adquisitivo, se paga en base a los beneficios obtenidos, si es una empresa, y de la viabilidad financiera de las cuentas públicas si el pagador es un ayuntamiento, una comunidad autónoma o el estado central.
Que los políticos asuman que deben hacer algo para no perder votos aunque esa acción no sea ni justa ni viable es muy triste pero el votante es así
Esto es así y a pesar de ello, Feijóo también prometió en la última campaña electoral que subiría las pensiones en proporción al IPC porque sabe que no podría haber ganado las elecciones diciendo lo contrario. Que los políticos asuman que deben hacer algo para no perder votos aunque esa acción no sea ni justa ni viable es muy triste pero el votante es así. Primero porque desconoce, en su mayoría, cómo funciona la economía y sigue creyendo que el dinero es algo que conceden los gobiernos cuando simplemente lo extraen de unos para dárselo a otros y, segundo, porque a los políticos les interesa que esto no cambie. Y nos encontramos con una Seguridad Social quebrada técnicamente porque con el envejecimiento poblacional cada vez hay más pensionistas y crecen más que el número de trabajadores que aportan el dinero para pagarles, y para hacerlo aún más complicado, el salario de los pensionistas crece en mayor medida de lo que lo hace el de quienes lo pagan. Y es cierto que quien ha cotizado durante décadas tiene derecho a una pensión pública digna, ¡faltaría más!, pero también tiene derecho el que está cotizando en la actualidad a no ser esquilmado en su nómina, además de por unos impuestos crecientes, por ello.
Los que trabajaron en el pasado viven mejor que los que trabajan en la actualidad, a pesar de que ya tienen -en su mayoría- su casa pagada, tienen más subvenciones públicas y tienen menor necesidad de ahorrar. Sin embargo, sobre la población activa española recae un problema de desempleo importante (la tasa de paro mayor de la UE) que es especialmente grave entre los jóvenes, aún deben pagar su lugar de residencia y deberían tener un exceso de liquidez para poder tener descendencia, algo que -no lo olvidemos- es clave para que el sistema siga funcionando en el futuro. Si cada vez le queda menos dinero porque el estado cada vez recauda más (estamos en máximos históricos de recaudación), su nómina es menor porque han aumentado sus retenciones (o en el caso de los autónomos, sube la cuota), la hipoteca sobre sus ingresos futuros es mayor puesto que no deja de aumentar la deuda pública (con intereses crecientes por la subida de tipos) etc... nos encontramos con un panorama de conflicto generacional claro. Si a esto sumamos el envejecimiento poblacional, y que éste implica un mayor coste sanitario, la diferencia entre lo que unos gastan y lo que otros ingresan es cada vez mayor.
Los políticos podrán ganar elecciones con promesas pero las pensiones son el mayor gasto de los Presupuestos y cada año será peor. Ojalá consigamos ser mucho más productivos y que los trabajadores actuales puedan generar riqueza suficiente para todos pero por desgracia, esto no sucede, y como no sucede, cada año gastamos más de lo que ingresamos a pesar del importante aumento de ingresos -actualmente en récord- y eso se traduce en un mayor volumen de deuda pública. Tic tac.
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