Torra se jactaba de no obedecer a nadie más que al Parlamento catalán, aduciendo que está por encima de las leyes españolas y de sus tribunales, a propósito de la inhabilitación que a partir de una sentencia judicial promulgó hace poco la Junta Electoral Central. Pero eso se ha quedado tan solo en puro humo, en exabrupto hiperventilado. Nadie espera que el presidente del Parlament, Roger Torrent, vaya a saltarse la ley. Hasta ahora se ha cuidado muy mucho en no rebasar ni un milímetro el ordenamiento legal vigente. En primer lugar, porque el ejemplo de su líder, Oriol Junqueras, está en la mente de todos los militantes de Esquerra con responsabilidades públicas; en segundo lugar, porque es el mismo Junqueras quien ha dado esa orden. Nada fuera de la ley. Pantomima y gesticulación, la que haga falta; otra estupidez como la proclamación de la república de los ocho segundos, nunca más. Por lo tanto, a la que exista sentencia firme acerca de la inhabilitación de Quim Torra, no se moverá ni un dedo por parte de los republicanos para salvarlo porque eso sería delito, y grave.
Que Torra está acabado lo confirman incluso los suyos. La tarta voz del Govern Meritxell Budó, la que no responde en rueda de prensa a preguntas formuladas en español, no ha tenido el menor problema en detallar el proceso a seguir a partir de la sentencia, dando a entender que, a pesar de que pueden proponerse nuevos candidatos según marcan los artículos seis y siete de la Ley de la Presidencia de la Generalitat, si esto no se produce, lo lógico es convocar elecciones. Incluso Boye, el abogado de Torra, lo tiene claro: “Torra acatará la sentencia cuando sea firme”. Nada de resistencias numantinas ni de “Solo acataré el mandato popular”. Hasta aquí llegaron las aguas del separatismo fanfarrón y bocazas, señoras y señores.
Iceta confía en sumar los 68 diputados que precisaría esa coalición de izquierdas para ganar la Generalitat y según las encuestas que manejan en el PSC es más que posible que los números den de sí
Pero es que incluso el mismo Torra lo ha dicho en una entrevista en Ràdio 4: “Si soy inhabilitado por el Tribunal Supremo y el Parlament acata la sentencia, habrá elecciones”. Que el propio interesado y, por su boca, Junts per Catalunya, renuncien a proponer otro candidato es indicativo de la ruptura que existe en ese enorme embuste que es el Govern de la Generalitat actualmente. Esquerra no daría apoyo a nadie de la formación neoconvergente para que ocupase la presidencia y no cabe que el sucesor sea el vicepresidente Pere Aragonés, de ERC, por no ser este diputado en la cámara catalana. Así las cosas, desde Lledoners se han dado instrucciones muy precisas. Hay que esperar a que la Justicia les haga el trabajo sucio y aparten a Torra de su silla, forzándole a unos comicios que no desean ni Puigdemont ni los suyos. Hasta ahora, el de Waterloo tenía en sus manos el poderoso recurso de controlar los tiempos electorales en Cataluña, pero a pesar del bombo que se le ha dado a su toma de posesión como eurodiputado, vive sus horas más negras. Sabe muy bien que el tripartito entre Esquerra, Comuns y socialistas está más que hecho y que en esa fiesta los herederos de Pujol ni están ni se les espera.
Iceta confía en sumar los 68 diputados que precisaría esa coalición para ganar la Generalitat y según las encuestas que manejan en el PSC es más que posible que los números den de sí. De hecho, en las sedes tanto de los republicanos como en la de los socialistas, se están elaborado ya los borradores de las listas electorales. Digo más, fuentes cercanas a la dirección socialista nos han confirmado que tienen pensado incluso el reparto de consellerías, llevándose la parte del león los independistas, aunque interior sería para los de Iceta. Los Comuns se quedarían con carteras vinculadas a lo social, al estilo del gobierno de Sánchez, y a los republicanos se les dejarían las manos libres en asuntos estratégicamente claves como, por ejemplo, economía, justicia, medios de comunicación, embajadas, relaciones bilaterales con Madrid o territorio.
Puigdemont, que está al corriente de estas maniobras, intenta frenar una situación difícilmente controlable, puesto que las elecciones autonómicas, paradójicamente, ahora dependen exclusivamente de los tribunales y del ritmo que sigan estos. A eso han llevado a esta tierra. Incluso para poner las urnas, las de verdad, han de esperar a ver que dicen los jueces españoles. Resumiendo, todo indica que, sin el apoyo de Esquerra, el ciclo neoconvergente tiene los días contados.
El reloj avanza imparable y cada minuto que pasa es un minuto menos que les queda a los herederos de Convergencia en el poder.
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