Siempre lo habíamos sospechado, pero ahora ha quedado claro: los separatistas utilizaron a los Mossos en tareas de espionaje político. Es una más de las innumerables prácticas totalitarias con las que han tenido que convivir los catalanes no adictos al régimen. Por menos de eso se inhabilita a políticos de por vida en los países serios.
De los mortadelos a la Camarga pasando por Trapero
Un reciente informe de la Policía Nacional indica que los Mossos se valieron de los escoltas a determinados políticos para espiarlos. Según dicho informe, la hipótesis se fundamenta en el material que fue oportunamente incautado por agentes de la PN a los policías autonómicos cuando estos iban a destruirlo en la incineradora del municipio de Sant Adrià del Besós, el pasado 26 de octubre. El escándalo que organizaron los procesistas fue de aúpa, lógicamente. Adujeron que aquello era una intolerable intromisión en las tareas policiales y que no tenía ninguna razón de ser, puesto que se hacía con frecuencia para evitar acumular expedientes viejos, lo que no deja ser una excusa más bien peregrina.
Dos furgonetas bien cargadas de papeles fueron a parar por orden de la juez Lamela a la comisaría de información para que se examinase su contenido. Elaborado el informe por parte de los agentes, que ya obra en poder de la justicia, se desprenden actuaciones inequívocamente claras acerca del seguimiento y espionaje al que habían sido sometidas algunas personas de la órbita no separatista. La misión estaba encargada a agentes del cuerpo autonómico “de probada filiación nacionalista”. Desde el PP a Ciudadanos, pasando por asociaciones como Sociedad Civil Catalana, policías de otros cuerpos o abogados conocidos, nadie que fuera sospechoso a los ojos del omnipotente Gran Hermano independentista debía escapar a su control.
Numerosos políticos estuvieron en la parrilla, siendo espiadas sus entradas y salidas
A nadie que haya seguido la política catalana en los últimos años le parecerá extraño. Ya al poco de ser investido President, Jordi Pujol contó con lo que por entonces se denominaron los mortadelos, un grupo no oficial de los Mossos que tenía como misión espiar a los líderes de la oposición. Su creación se llevó a cabo con el consejo de personajes muy poderosos de la época como Lluís Prenafeta, mano derecha del ex Molt Honorable, y siguiendo las pautas de Miquel Sellarés, considerado por los separatistas como su eminencia gris en materia de servicios de información y temas militares. Numerosos políticos estuvieron en lo que en argot se llama parrilla, siendo espiadas sus entradas y salidas, con quien se veían y cuales eran sus actividades fuera del hemiciclo.
Otro caso célebre que se puede enmarcar en este turbio asunto del espionaje a políticos fue el de la Camarga, en el que se mezclan demasiadas cosas como para ser desarrollado aquí en toda su extensión, afectó a la por entonces líder del PP catalán Alicia Sánchez Camacho. Resumiendo, se grabó una conversación privada, en el restaurante del mismo nombre, entre ella y una ex pareja de uno de los hijos de Pujol. Fue un escándalo terrible.
En no pocas ocasiones se ha murmurado en los pasillos del poder catalán que los convergentes poseían dossiers sobre todo el mundo. Algo así se lo confirmó a este periodista un dirigente de Esquerra en los tiempos del primer Tripartito. Digamos, en honor a la verdad, que, en tiempos de cierto ministro catalán, que ni siquiera merece ser citado aquí, también se utilizaron de manera espuria a los servicios de inteligencia españoles para fines puramente partidistas. Los personajes ávidos de poder no dudan cuando de intimidar a sus adversarios se trata. Eso no exculpa, por supuesto, la gravedad del hecho al que nos referimos. Aunque el ministro Zoido diga que desconoce el informe policial y el PP haya hecho rectificar a Xavier García Albiol, que calificó estas prácticas como propias de la Gestapo con más razón que un santo, aquí existe un problema le guste al gobierno o no le guste.
Dejar al mando de los Mossos a la mano derecha del ex Major Trapero quizá no haya sido una buena idea. Claro que este es un 155 light.
Ex notitia, victoria
Saber para vencer, este era el viejo lema del CESID, la inteligencia española rebautizada como CNI. El director del Centro durante la que fue, probablemente, su mejor época, el general Don Emilio Alonso Manglano, que en paz descanse, era un obseso a la hora de disponer del máximo de información posible, incluso en las cosas aparentemente más triviales. Cuando alguien le presentaba un informe siempre le decía “Profundice”, por más que el contenido fuese exhaustivo. Era un oficial de inteligencia brillante, un estratega imbatible y un profesional como difícilmente volveremos a ver en estos pagos. Sostenía que el CESID era un organismo de inteligencia y no una reunión de cotillas, despreciando rumores y politiqueos. “Si nos ceñimos a los hechos con frialdad y analizamos los mismos con rigor, habremos cumplido nuestra misión. No les pido más.” solía decir a los responsables de sección en aquellas reuniones que celebraba a diario a primerísima hora de la mañana en la antigua sede de la carretera de La Coruña.
“Ah, pues Emilio me dice que son los tuyos los que siguen a los míos, qué casualidad”
Estoy seguro de que al general Manglano el quilombo independentista le habría durado cero coma. Lástima que ya no se hagan hombres así. Se enfrentó en su momento a esos grupitos de policías autonómicos que actuaban más como soplones de los nacionalistas que como agentes del orden. Los neutralizó, y su eficaz labor le costó al por entonces presidente Felipe González algún que otro disgusto con el también por entonces President Jordi Pujol, que se quejó insolentemente de que los servicios secretos del estado seguían a su policía. Felipe se lo despachó con un “Ah, pues Emilio me dice que son los tuyos los que siguen a los míos, qué casualidad”.
Y es que, desde el primer instante, la Generalitat estuvo concebida por el pujolismo como un enorme contrapoder del estado, intentando usurparle todas y cada una de sus competencias y atribuciones, bien fuese de manera legal, bien de manera solapada. Toda la acción de gobierno nacionalista fue en todo momento preparada y dirigida hacia un solo fin, que no era otro más que la independencia de Cataluña, como bien se ve en estos tristes días que nos ha tocado vivir.
Las unidades de inteligencia dentro de los Mossos, que no figuran en ningún organigrama oficial, se han nutrido siempre de acérrimos separatistas, dispuestos a obedecer a sus mandos de la Generalitat antes que a cualquier otra autoridad del estado y ya no digamos al gobierno de la nación. Al igual que se ha sembrado el germen de que Cataluña era mejor que España a través de TV3 o las escuelas, la policía autonómica ha estado impregnada a lo largo de todos estos años con la idea de considerarse como la élite respecto a otros cuerpos policiales del estado. Oyéndolos hablar entre ellos, tomando un café, en la Academia de Policía de Mollet, se notaba como algunos manifestaban un profundo desprecio hacia la Guardia Civil, por ejemplo. Se creían destinados a ser, y cito textualmente las palabras de uno, “la mejor policía de toda Europa”. Loable intención, sin duda, pero luego venía la estocada: “pero eso solo lo conseguiremos estando fuera de España, porque con estos no llegaremos nunca a ninguna parte”.
Los últimos tiempos han sido una huida hacia adelante por parte de los gobiernos secesionistas: intento de compra de armas que no corresponden a la misión de los Mossos como fusiles de asalto, granadas de guerra, emisoras encriptadas de alto nivel tecnológico, teléfonos móviles capaces de efectuar funciones de espionaje, en fin, la de Dios. No es extraño que tanto Artur Mas como Carles Puigdemont dedicasen todos los recursos a fomentar el CESICAT, Centro de la Seguridad Informática de Cataluña, al que un fiscal calificó como el CNI catalán. Esperemos que la información recabada por la Benemérita, a raíz de su entrada en la sede de dicho organismo el pasado mes de septiembre sea alguna vez del dominio público. Nos reiríamos mucho.
Ahora que el gobierno ha decidido por fin suprimir el DiploCat, las embajadas de la Generalitat que costaban más de cuarenta millones anuales, sería bueno que revisase la policía autonómica. O que algún juez llamase a declarar a unos cuantos ex Consellers de Interior acerca de las escuchas a políticos o los contactos que se mantuvieron a lo largo de los años con algún servicio extranjero. Sería muy interesante.
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