Ahora sí. Algo ha cambiado en el pulso que disputan el España y los independentistas catalanes para marcharse de ella. El Estado en su versión más amplia posible, esa maquinaria de poder público y privado que, de pesada y lenta, a veces produce desesperación, se ha puesto en marcha; y lo ha hecho con tal brío que, si anteayer eran los 122 alcaldes socialistas quienes denunciaban amenazas de Carles Puigdemont y la Generalitat por negarse a colaborar con el referéndum el 1-0, hoy la incertidumbre parece haber cambiado de bando. Me explico. Ayer hablaron:
1- El Rey: "Ante quienes se sitúan fuera de la legalidad constitucional y estatutaria y fracturan la sociedad, estoy seguro de que los derechos que pertenecen a todos los españoles serán preservados", dijo Don Felipe antes de empezar un acto en Cuenca, en la que hasta ahora es su mención más clara a "la situación que estamos viviendo en Cataluña".
2- Casi a esa misma hora, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el pasillo del Congreso, pedía a los catalanes que si son convocados a participar como miembros de mesa ni se les ocurra ir: "Si a alguien se le cita para acudir a una mesa electoral, que no vaya, porque no puede haber referéndum y sería un acto absolutamente ilegal"... que hay mucho despistado, le faltó añadir.
Si, como es de prever, muchos alcaldes dan marcha atrás, el objetivo se habrá cumplido y el huracán del 1-0 se convertirá en una tormenta tropical con mucho viento y lluvia pero sin derribo de edificio democrático constitucional
1- La Fiscalía... dos veces en 24 horas. Ahí es nada para un órgano que mide con cuentagotas sus actuaciones mediáticas. Una primera, el martes, citando al major de los Mossos de Esquadra, José Luis Trapero, en su sede de Barcelona para recordarle que está bajo sus órdenes, diga lo que diga Puigdemont; y, a la mañana siguiente, ordenándole que la policía autonómica conduzca ante el juez a aquellos alcaldes que se nieguen a cooperar contra el referéndum del uno de octubre.
Ya no tiene 712 potenciales objetivos sino 711, porque el edil de Ponts (Barcelona), Francesc García (ERC), le ha facilitado la tarea dimitiendo para no ceder locales y jugarse su futuro. Los nueve alcaldes de las CUP ya han dicho que no van a atender a los requerimientos judicial... pero está por ver qué hacen los 700 de Junts pel Sí (PdCAT y ERC), inmolarse a lo cupaire o seguir la vía Francesc García. Si, como es de prever, muchos dan marcha atrás, el objetivo se habrá cumplido y el huracán del 1-0 se convertirá en una tormenta tropical con mucho viento y lluvia pero sin derribo de edificio democrático constitucional construido hace 40 años (1978).
4- También se pronunció la CEOE... presidida por el catalán Joan Rosell, quien se ha resistido como gato panza arriba hasta última hora a pronunciarse. Tras una Junta Directiva, la patronal emitió un duro comunicado en el que resalta que los empresarios siempre estarán con "el cumplimiento estricto de las leyes y la Constitución española, así como la legislación internacional, especialmente de la Unión Europea, que son las mejores garantías de la seguridad jurídica imprescindible para la competitividad de las empresas". Y por si alguno no lo entendía, añaden: la CEOE apoyará "todas las acciones que se consideren necesarias llevar a cabo con el objetivo de hacer cumplir la legalidad vigente".
La CEOE también respalda "todas las acciones" del Gobierno para "hacer cumplir la legalidad vigente" en Cataluña
5- Y, a continuación, el consejero delegado del Banco Sabadell, Jaume Guardiola, advertía desde Bilbao que bromas, las justas: si hay independencia, la segunda entidad financiera catalana cambiará su sede social a otra comunidad autónoma...
Es decir, que lo que se ha dado en llamar "mayoría silenciosa" -del Rey para abajo la inmensa mayoría de españoles y, por lo menos, la mitad de los catalanes- ha comenzado a hacer ruido; y con cierto estruendo, como corresponde la gravedad del momento y a la necesidad de que la sociedad catalana tome conciencia de lo que se juega.
Ayer, una fuente gubernamental señalaba a Vozpópuli que "nada es casual", que igual el Estado ha pecado de ingenuo con el independentismo -el Gobierno el primero-, cuando la maquinaria se pone en marcha "no hay quien la pare".
Las imágenes del Parlament la pasada semana, las amenazas a los alcaldes y, sobre todo, la percepción de que, si no se hace algo, el conflicto civil se va a producir en una Cataluña partida por la mitad, han llevado a la Corona, al Gobierno, a los principales partidos de oposición -PSOE y C's mostraron su apoyo sin fisuras a Rajoy en el pleno de control del Congreso-, y hasta a empresarios y demás élites al convencimiento de que había que responder de manera coordinada y contundente.
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