Es usual en nuestro tiempo que, al tratar públicamente el tema de la inmigración, políticos y comentaristas eviten hacerlo desde el marco de la política. Sea por simpleza o por malicia, los partidos en el Gobierno y sus apoyos mediáticos buscan encuadrar la discusión en un terreno exclusivamente ético. El objetivo, que no es otro que convertir el asunto migratorio —un asunto político— en una discusión banal donde poder mirar al adversario por encima del hombro y quedar bien ante el electorado, llega a tener tal éxito que los oídos piadosos se escandalizan cuando oyen decir que la inmigración produce efectos económicos sobre el desempleo, la vivienda o los servicios públicos.
Al tiempo que rechaza la regularización de las fronteras escondiéndose tras una apariencia de humanidad, fomenta indefinidamente la explotación de aquellos que huyen del hambre y la guerra
La política va mucho más allá de la ética, pues responde a necesidades e intereses de grupos humanos, normalmente contrapuestos. En un mundo donde los recursos son limitados, el Estado —lugar desde donde se despliega la política— no lo puede todo. Los migrantes, como los demás, necesitan un trabajo, un techo, ropa, alimento, medicinas, hospitales, escuelas, transporte, seguridad, justicia y cualesquiera otros servicios públicos. Todo ello exige recursos económicos, y por tanto planificación pública y cálculo. A no ser, claro, que aceptemos que vengan para malvivir hacinados y explotados, o directamente para dormir en parques y aceras. Y eso es exactamente lo que hacen tanto los partidos en el Gobierno como sus palmeros mediáticos: mientras venden una imagen propia de buenas personas concienciadas, dan continuidad a un modelo irregular, precario y abusivo. Una hipócrita y falsa superioridad ética que, al tiempo que rechaza la regularización de las fronteras escondiéndose tras una apariencia de humanidad, fomenta indefinidamente la explotación de aquellos que huyen del hambre y la guerra.
En un país donde la educación, la sanidad y los servicios sociales llevan más de una década colapsados, el acceso ilimitado de más usuarios ahoga a los profesionales públicos y a sus escasos recursos
Además del efecto que esa hipocresía tiene sobre los propios migrantes —quienes más la sufren—, las consecuencias se extienden al conjunto de ciudadanos y residentes. En un país con 3 millones de parados, donde el desempleo juvenil roza el 26%, la llegada descontrolada de inmigrantes supone un agravamiento de la despiadada competencia a la baja por empleos precarios o próximos a la esclavitud —¿dónde están los sindicatos?—. En un país donde es prácticamente imposible para los jóvenes menores de 30 años acceder a una vivienda —más del 70% de los que trabajan viven con sus padres—, la entrada no planificada de más y más personas que tienen que dormir en alguna parte hace insoportable para todos la lucha por cada metro cuadrado. En un país donde la educación, la sanidad y los servicios sociales llevan más de una década colapsados, el acceso ilimitado de más usuarios ahoga a los profesionales públicos y a sus escasos recursos. Y todo ello sin que el Gobierno, llámese socialista, popular o como quiera, ponga solución al desempleo, a la escasez de vivienda o a la lamentable situación del Estado del bienestar. Llueve sobre mojado.
Nos perjudica a todos
España no puede permitirse costear indefinidamente la inacción de Estados vecinos que inflan con dinero a sus élites mientras abandonan a su población. La inmigración exige política, no solo ética, y su ausencia no hace más que perjudicarnos a todos, españoles y extranjeros. Desde el Gobierno dicen ser representantes de la gente, del pueblo, pero sería más creíble si dijeran abiertamente ser representantes de los empresarios piratas, de los propietarios rentistas y de los dueños de escuelas y hospitales privados. A ellos beneficia la ausencia completa de planificación en materia migratoria.