Margarita Robles representa como nadie la degradación del PSOE. La ministra de Defensa ordenó labores de inteligencia sobre quienes, desde el Estado, conspiraban contra el Estado. Cuando Pedro Sánchez necesitó los votos de los golpistas para seguir en la presidencia, la ministra cesó a la directora del CNI Paz Esteban por seguir sus órdenes. Ahora declara en un juzgado, abandonada por Robles, que se esconde. El presidente de la Generalidad Pere Aragonès se queja de que le vigilaron cuando participaba en un golpe al Estado de Derecho, que, confiesa, volverá a intentar a la primera oportunidad. Robles, como Borrell, se vendió por un plato de lentejas. Adiós “Psoe profundo”.
La traición socialista demanda como respuesta un liderazgo nacional fuerte y suprapartidario. La realidad verdadera, que diría Sánchez, sitúa en ese rol a Alberto Núñez Feijóo, que deberá actuar en consecuencia. La crisis de supervivencia en la que el sanchismo ha colocado a la España constitucional no debe ser confundida con un derbi futbolero en el que cada hinchada solo se debe a su equipo. Los partidos políticos tienen obligaciones con todos los electores y el artículo seis de la Constitución les asigna funciones institucionales ineludibles. Los pactos del Partido Socialista con los movimientos independentistas, que provocan una inaceptable transformación confederal del Estado, obviamente anticonstitucional, son inadmisibles.
El país necesita una sólida mayoría constitucionalista para poner fin al peligro sanchista, pero también para enfrentarse al campo de minas que dejará en herencia Sánchez. Lo están comprobando en Polonia, donde la restauración de la democracia liberal está siendo boicoteada por el populismo del derechista Ley y Justicia que gobernó los últimos ocho años. Al frente de la oposición iliberal contra el nuevo gobierno centrista están el presidente de la República y sectores que no se resignan a perder privilegios. En España, para ir haciéndose una idea, se puede seguir la reacción de boicoteo en sectores favorecidos con recursos públicos por el anterior gobierno socialista-independentista de Francina Armengol.
La ley de amnistía, acompañada de la banalización del terrorismo que hace el gobierno Sánchez -¡qué vergüenza!-, parece haber despertado a muchos, al fin
Se ha tardado demasiado tiempo en comprender la envergadura de la amenaza para el Estado de Derecho que supone la entrega del Psoe a los secesionistas. El historiador Juan Pablo Fussi afirmaba recientemente “hemos descubierto que las democracias son mucho más frágiles de lo que creíamos, que son muy fáciles de desmontar desde arriba”. Más en España, donde, en la estrategia de los nacionalismos vasco y catalán, debilitar la democracia española es un objetivo central. La ley de amnistía, acompañada de la banalización del terrorismo que hace el gobierno Sánchez -¡qué vergüenza!-, parece haber despertado a muchos, al fin. Están comprobando que, como señala alarmado el profesor Fusi, “El experimento Sánchez es un laboratorio para la desvertebración de España”.
Para la restauración de la democracia del 78, la respuesta de los electores de centroizquierda es decisiva. Está muy arraigado el error de considerar a los votantes socialistas como un bloque homogéneo. No lo es. A una parte sustancial le repugna los pactos con comunistas, independentistas y herederos de ETA. Los dirigentes sanchistas lo saben y, en consecuencia, toda su propaganda está orientada a hacerle un traje de “derechista” a Núñez Feijóo. Saben que es quien amenaza realmente su continuidad en el gobierno. Esfuerzo desesperado. En Francia, el electorado socialista se distribuyó entre el populismo izquierdista de Mélenchon y el centro de Macron. En Grecia, buena parte aparcó en Syriza, equivalente al neocomunista Sumar, y otros recalaron en el centroderecha que ahora gobierna. En España, no será diferente.
El grupo municipal socialista de Tafalla votó contra la imposición por parte de Bildu del euskera como requisito para un puesto de trabajo municipal.
La vía de agua que amenaza al sanchismo está en esa parte del electorado, habitualmente socialista, que rechaza a los syriza y a los mélenchon. A taponar esa fuga se dedican diariamente los decisivos soportes mediáticos del sanchismo. En esa tarea, hoy tiene más capacidad de decisión el Consejo de Administración de Prisa -La Ser de Ángels Barceló y El País de Pepa Bueno- que todo el Comité Federal socialista. Así, el Psoe rompió sus vínculos con la izquierda liberal. Si lees la última reacción de García-Page -ahora sí, contundente- como la de presidente autonómico, no como líder del partido, entiendes mejor su importancia. Los pactos de Sánchez convierten a los castellano-manchegos en ciudadanos de segunda y su presidente no puede callar.
Lo escandaloso es el silencio de Adrián Barbón, presidente socialista de los asturianos, a los que Sánchez también ha declarado ciudadanos de segunda. Todos los dirigentes socialistas, aunque se hagan los distraídos, saben que se tienen que retratar sobre los pactos de la amnistía. Hace unos días, el grupo municipal socialista de Tafalla votó contra la imposición por parte de Bildu del euskera como requisito para un puesto de trabajo municipal. Es una excepción en un mar de sometimientos del Psoe navarro a los bildutarras, pero sirve para desenmascarar el negocio sanchista y las consecuencias para sus electores. “Creemos que solo responde al empeño de EH Bildu de imponer el euskera”, denuncia la portavoz socialista Mariví Álvarez. Pues sí, de eso va el pacto Sánchez-Otegi, de fabricar Euskal Herria, con Navarra dentro, por “inmersión”.
Una "larga noche polar"
Sánchez “ha comprado la investidura”, sintetizó Feijóo el domingo en la plaza España de Madrid. La hipoteca es ruinosa y la pagan todos los españoles. Que la reacción ciudadana esté creciendo, como se pudo comprobar en la manifestación, es una excelente noticia. Está en juego si la destrucción del Estado continúa durante cuatro años más o la movilización constitucionalista revienta la continuidad del gobierno de la amnistía. En caso contrario, espera “una larga noche polar”, como profetizaba Max Weber a los ciudadanos que se desentienden de las consecuencias de lo que votan.
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