Quienes en los ochenta vivimos el episodio Rumasa desde nuestra condición de periodistas no hemos dejar de constatar los paralelismos existentes entre aquel caso, ocurrido durante el primer Gobierno de Felipe González, y el que ahora mismo está teniendo lugar, 40 años después, ahí es nada, con Ferrovial, empresa cotizada que tiene por accionista mayoritario a la familia Del Pino. Sí, es cierto, las diferencias son enormes, casi abismales. Rumasa era un grupo que estaba quebrado, consecuencia de las prácticas heterodoxas de su propietario, José María Ruíz-Mateos, habituado a financiar empresas en pérdidas con el dinero de los bancos del grupo, lo que llevó al emporio entero a la quiebra. Ocurrió, sin embargo, que un Ruiz-Mateos pleno de suficiencia no tuvo mejor idea que echarle un pulso a un Gobierno que seis meses antes había ganado las elecciones generales con una mayoría absoluta de 202 diputados, la más holgada que haya conocido la democracia. Y allí fue Troya. Porque Miguel Boyer, convencido de que el empresario jerezano les estaba toreando, argumentó ante Felipe que había que dar un puñetazo sobre la mesa, dejar claro quién mandaba, enseñar que ningún empresario, por poderoso que fuera, podía desafiar al Ejecutivo.
Aquel episodio inauguró la “democracia testicular” española, la democracia del “por mis cojones” (“no hay cojones en este país para negarme a mí una televisión” que dijo Jesús Polanco en sonada ocasión), la democracia lastrada del “quien le echa un pulso al Gobierno, lo pierde”, la democracia corrupta (expropian Rumasa y luego se la reparten a su gusto), la democracia acollonada del silencio cómplice que desde entonces han lucido en este país los grandes empresarios, siempre callados, siempre dispuestos a tragar con ruedas de molino, siempre temerosos de que a través del BOE o de la Agencia Tributaria el jefe del Ejecutivo de turno te busque las cosquillas, te haga un roto y vaya usted a reclamar después al maestro armero. La pobre y maltrecha democracia española en la que nadie está donde le corresponde, porque todo Dios camina escondido o a la sombra del robledal de Moncloa. Con PSOE y con PP. Hasta que un Del Pino Calvo-Sotelo, miembro de una de las mejores familias madrileñas, ricos de toda la vida, un tipo culto, discreto hasta lo huidizo, con pocos amigos, se ha atrevido a tomar una decisión que al gran chulo que nos preside le ha parecido un desafío inaceptable. Seguramente porque esa iniciativa le ha puesto ante el espejo de su freudiano desprecio a la libertad de empresa y su vocación de autócrata dispuesto a reprimir cualquier movimiento que, siquiera en apariencia, desafíe su autoridad.
Pero Ferrovial no tiene nada que ver con Rumasa. De hecho es una multinacional de éxito, con la mayor parte de su actividad e ingresos radicados en el exterior, cuyo Consejo ha tomado una decisión, se supone que orientada por criterios de rentabilidad y en defensa del interés de sus accionistas, de trasladar la sede social a Países Bajos. Y lo ha hecho con la mayor elegancia posible, sin dar tres cuartos al pregonero, hasta el punto de que no han sido pocos los que, en esta España donde nada es posible sin el nihil obstat del Gobierno de turno, han criticado a Del Pino por no haber pedido permiso antes a “la autoridad competente”. La expropiación de Rumasa tuvo lugar el 23 de febrero de 1983. El episodio Ferrovial ocurre cuatro décadas después, cuando España forma parte de un espacio económico en el que existe libre circulación de personas, capitales y empresas, un espacio con libertad de establecimiento y libre prestación de servicios que garantizan la movilidad de empresas y profesionales en toda la Unión, principios que el Ejecutivo Sánchez se ha pasado por el arco del triunfo de su arcaica, su pueblerina soberbia. Sánchez, un señor que acaricia la presidencia de la UE el próximo semestre.
Ignacio Gomá escribía ayer aquí una brillante columna contando las interioridades económico-financieras de la operación, sin duda de lo mejor que se ha escrito al respecto. Pero no nos engañemos. Uno tiene la sensación de que lo ocurrido tiene poco que ver con las technicalities del caso y mucho, todo, con la sacrosanta hispana testosterona de siempre, con el “por mis cojones estos no se van de aquí y, si lo intentan, se van a enterar”. Es desviación de poder y prevaricación. Es el “a mí no hay quien me lleve la contraria”. Es una soberbia con balcones a la calle, inconcebible en un presidente de Gobierno en minoría, a quien, si hemos de fiarnos de las encuestas, le quedan ocho meses de Gobierno, circunstancia que en cualquier gobernante demócrata reclamaría esa prudencia que emana del sentido de la responsabilidad y de la necesidad de “taparse” cara al futuro. Soberbia y grosero error de cálculo. Porque un Gobierno no puede comportarse como una banda mafiosa. Y su presidente no puede dar una batalla si no es para ganarla. Pretender, por eso, torcerle el pulso en Junta General a una cotizada, dueña de un negocio sano, que reparte jugosos dividendos y que cuenta con el respaldo de sus accionistas, es de locos, de ignorantes o de ambas cosas.
Han tardado, pero el empresariado español ha terminado por darse cuenta de la necesidad imperiosa de apear a esta gente del Gobierno cuanto antes
Más grave aún es el atroz mensaje enviado al mercado, a través del periódico convertido en tablón de anuncios de Moncloa –¿Miguel, querido, no te da vergüenza andar a tu edad hozando en semejante barrizal?- según el cual “Ferrovial se arriesga a un coste fiscal millonario si no convence al Gobierno de los motivos económicos de su traslado”, mensaje que en cristiano quiere decir que Marisú Montero –“la osadía flatulenta del analfabetismo en el poder”, que diría Juan Abreu- le va a decir a Ferrovial si existen esos motivos en la operación/fusión, incluso es muy capaz de decirle lo que a la multinacional le conviene, y además le anuncia que si esos motivos no están claros, o si a la doña no le gustan, vaya usted a saber, le van a echar encima los perros de la AT para que los Del Pino Calvo-Sotelo terminen de enterarse con quien se están jugando los cuartos. ¿Obligarles a pagar por las plusvalías latentes? Una amenaza propia de democracia bananera donde la ley ha dejado de tener cualquier valor. Una España en la que todo es cada vez más complejo técnicamente, pero más burdo políticamente.
Efectivamente es una desgracia que se vaya Ferrovial, lo vista la propia empresa con el ropaje que quiera, porque la sede social marca su impronta en toda una serie de decisiones que tienen que ver con la fiscalidad, las inversiones y el empleo. España necesita muchos Ferroviales. Necesita que las empresas nacionales se queden y que vengan cuantas más mejor del extranjero. Pero ¿cómo puede alguien querer entrar si usted no deja salir? ¿Cómo puede alguien arriesgar su dinero en un país cuyo Gobierno persigue a las empresas, pone trabas a su libertad de movimiento y se declara, por sus obras les conoceréis, enemigo de la democracia liberal? Grande es el daño que este Gobierno echado al monte de la extrema izquierda le está haciendo a este país. Como tremendo el revolcón sufrido ayer en la Junta General de la multinacional. Usted, señor Sánchez, ha elegido terreno, ha desafiado a la compañía, y ha perdido. Un revolcón de los que hacen época. A usted le han torcido el pulso los grandes fondos de inversión, los BlackRock de turno, los que deciden dónde invertir y cuánto. Dónde estar y no estar. Ha perdido usted el olfato, si alguna vez lo tuvo, y está ya instalado en la deriva del perdedor.
¿Cómo puede alguien querer entrar si usted no deja salir? ¿Cómo puede alguien arriesgar su dinero en un país cuyo Gobierno persigue a las empresas, pone trabas a su libertad de movimiento y se declara, por sus obras les conoceréis, enemigo de la democracia liberal?
Con el añadido de que Ferrovial ha roto la norma según la cual en España no era posible desafiar al Boletín Oficial del Estado. Un sucedido que sienta precedente. Cuentan que la cofradía de Moncloa, con el sacristán Bolaños al frente, está convencida de que Ferrovial es la punta de lanza de una conspiración empresarial contra Sánchez. Algo de eso debe haber si tenemos en cuenta que sería difícil encontrar hoy un empresario de cierto nivel que no se muestre escandalizado con las prácticas de tinte mafioso puestas en práctica por “la banda”. Han tardado, pero el empresariado español ha terminado por darse cuenta de la necesidad imperiosa de apear a esta gente del Gobierno cuanto antes. En efecto, echar a Sánchez se ha convertido en un imperativo moral para cualquier demócrata español. Sánchez o la obscena exhibición del poder de coacción de un Ejecutivo contra la libertad. La libertad del individuo para decidir qué hacer con su vida o su casa; la libertad del empresario para cambiar o no el domicilio social de su empresa. Siempre contra la libertad. Triste sino el del socialismo.
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