El mutualismo ha estado prestando servicio sanitario a los empleados públicos desde hace más de 50 años. Lo ha hecho con un éxito de acogida por los funcionarios más que elevado, al ser de forma permanente su preferencia clara cuando deciden entre la cobertura asistencial del sistema público o del privado. Sin embargo, hoy la viabilidad del modelo se encuentra seriamente comprometida por su infrafinanciación, en el marco de una crisis asistencial que arrastra el sistema público de salud, y amenazado por una visión política que no se ve alentada por la eficiencia en gobernanza sanitaria, sino por una ideología que busca su supresión, obviando que, en realidad, el modelo mutualista apoyado en la sanidad privada sirve de sostén y alivio de la pública.
La consecuencia del posible fin del mutualismo administrativo – tal y como se denomina- supondría, de forma adicional a la situación actual crítica de la sanidad pública, un verdadero desastre en el sistema nacional de salud a tenor de los datos de un informe académico realizado por la Universidad Complutense de Madrid. Esta investigación, con un riguroso desarrollo y con ánimo analítico y divulgativo, arroja las consecuencias que tendría sobre el sistema público: un aumento del 266% en las lista de espera para las consultas externas, de un 115% para una intervención quirúrgica y un impacto de más de 1000 millones de euros anuales adicionales. Son, desde luego, señales de alarma a considerar para la toma la decisión clave en este momento: reforzar o dejar morir el modelo mutualista.
Es imperativo, por tanto, reconocer su valor y la necesidad urgente de financiarlo adecuadamente para, salvaguardando la colaboración público-privada, no hundir definitivamente el sistema sanitario de nuestro Estado de Bienestar.
A lo largo de su historia, el mutualismo ha demostrado no solo aportar eficiencia económica al Sistema Nacional de Salud, sino que también ha contribuido a garantizar la libre elección y la accesibilidad de los empleados públicos a servicios sanitarios, demostrando ser una alternativa eficaz para millones de funcionarios a lo largo de los años que han optado por la asistencia sanitaria privada. El hecho de que siete de cada diez de los cerca de millón y medio de mutualistas de MUFACE- la mutualidad más extendida- elijan acudir a un centro privado refleja, sin duda, la confianza y preferencia de los empleados públicos por este modelo. A ellos hay que sumar otro medio millón de mutualistas de Isfas y Mujegu, militares y funcionarios de la Administración de Justicia, respectivamente.
No obstante, y esto debe ser un motivo de gran preocupación, la percepción de la calidad del servicio por parte de los mutualistas ha empeorado sensiblemente en los últimos años, a consecuencia de la financiación insuficiente que arrastra el modelo y, derivado de ello, un cuadro médico y un catálogo de servicios empobrecido. Ahí precisamente reside el talón de Aquiles del mutualismo, en que a pesar de las numerosas virtudes del modelo, la falta de recursos tiene a todos descontentos, desde los pacientes, a las aseguradoras y los centros sanitarios.
Aunque se ha aumentado un 31% la prima mensual de MUFACE en la última década, no es suficiente frente al crecimiento del gasto sanitario público per cápita, generando pérdidas para las aseguradoras y prestadores de servicios médicos. En este contexto, existe la probabilidad de que algunas aseguradoras no concursen en las nuevas convocatorias, al poner como condición para seguir en el sistema que se incremente la prima al menos un 40%, tras ser un sistema deficitario.
Los centros sanitarios no dibujan un panorama mejor, y es que, especialmente aquellos más pequeños y con menor poder de negociación, están empezando a ver comprometidas sus cuentas de resultados, al ser insuficientes las tarifas que tienen con las compañías aseguradoras. Esto implica el riesgo de que algunos centros duden de si mantener la prestación de servicio a las mutualidades, con la consiguiente pérdida hipotética de accesibilidad para el paciente y la disminución de los cuadros médicos de los que puede disponer.
Lo peor de todo es que son los pacientes quienes más pagarán el fin del modelo, y especialmente aquellos en una situación de mayor necesidad, como pueden ser los pacientes oncológicos, aquellos con enfermedades crónicas o las personas que residen en entornos rurales, que se ven obligados a desplazarse en largas distancias para poder ser atendidos.
La necesidad de mantener este modelo es urgente, pero para lograrlo, es esencial abordar la cuestión de la financiación insuficiente. Igualar la prima del mutualista con el gasto sanitario real y garantizar una distribución equitativa e inmediata de la prima a los proveedores de servicios sanitarios son pasos cruciales para preservar la accesibilidad y la calidad del servicio. La salud de los ciudadanos es un derecho fundamental y la eficiencia del sistema público se ve favorecida por un modelo que, de forma indirecta, mejora la gobernanza del sistema público de salud al liberar recursos de atención médica. La decisión como sociedad que tomemos hoy es esencial para preservar nuestro Estado de Bienestar.
