La Sala de lo Contencioso del Supremo ha propinado un estruendoso varapalo al fiscal general del Estado al anular el ascenso de su predecesora, Dolores Delgado, para ocupar la fiscalía de la Sala de lo Militar. El Supremo considera que el titular del ministerio público, Álvaro García Ortiz, ha incurrido en "desviación de poder" ya que ignoró todas las normas y disposiciones que han de observarse en promoción de un aspirante a la máxima categoría de la carrera. La decisión del Supremo no sólo pone en evidencia la burda e ilegal maniobra urdida por García Ortiz para favorecer a quien ha sido su madrina en la carrera sino que le coloca en una situación de imposible continuidad en el puesto.
¿La Fiscalía, de quién depende? Pedro Sánchez nos dio la respuesta. Colocó a la ministra de Justicia al frente del ministerio público en una maniobra obscena e impensable. Luego, la propia Delgado colocó en su puesto a su mano derecha, quien ha incurrido en todo tipo de excesos y tropelías hasta conseguir que su protectora alcanzara la cima de la carrera. Aún hay jueces en España. Al menos en el Supremo. El fiscal Luis Rueda, que aspiraba también al cargo, con más argumentos profesionales que la exministra, recurrió este mangoneo al Supremo y ganó la apuesta. Delgado ha sido degradada, como esos militares a los que les arrancan los galones en el patio del fuerte ante la mirada de todo el batallón.
¿De quién depende?
El siguiente paso inevitable en un Estado de derecho ha de ser el cese fulminante de García Ortiz, que sumido en el deshonor por esta estruendosa pifia, no puede permanecer un día más en su despacho. Uno de los principales objetivos de Sánchez en esta legislatura es la de maniatar y bloquear la maquinaria de la Justicia. Para ello ha nombrado ministro del ramo a Félix Bolaños, que también lo es de Presidencia y de Relaciones con las Cortes. Judicial, Ejecutivo y Legislativo. Tres en uno. La Fiscalía ya estaba bajo control. Tocaba ahora hacerse con el CGPJ, siguiente paso en el asalto al edificio de la ley. Este manotazo del Supremo al indeseable García Ortiz supone un serio contratiempo en sus planes.
La familia de las togas se mueve, ha despertado de su sesteo tradicional y ha decidido plantarle cara al avance de las apisonadoras del sanchismo. Está en juego su continuidad y su propia supervivencia. Todas las asociaciones judiciales se revolvieron contra el proyecto de la ley amnistía, que viene acompañado de ese lowfare que pretende someter a los tribunales al escrutinio del Gobierno. El trastazo del Supremo al fiscal general puede suponer el principio del necesario movimiento de la resistencia judicial.
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