Una sensación de vértigo invadió el jueves a muchos de los fiscales de Anticorrupción tras enterarse de que Manuel Moix se disponía a hacer efectiva su dimisión como fiscal jefe a su superior jerárquico, el Fiscal General del Estado (FGE), Manuel Maza. El hombre llamado a poner orden en el avispero había sido devorado por las avispas en apenas tres meses. Ya muy malherido, el golpe de gracia que acabó con su carrera partió de la propia Fiscalía camino de un medio de comunicación: la propiedad compartida con sus tres hermanos de una sociedad creada hacía 30 años por su padre en Panamá. El hombre que había llegado a la Fiscalía Anticorrupción (FA) con la misión, entre otras, de acabar con las filtraciones a los medios, ha resultado víctima de una filtración salida de sus propias filas. Si no la legalidad, con Moix acabó la ética y, si me apuran, la estética: la autoridad responsable de luchar contra “el ruin delito de la corrupción”, como lo definió Alcalá Galiano, no puede ser titular de una sociedad en un paraíso fiscal. Un argumento cuya contundencia admite poca réplica.
El avispero de la FA no se ha construido en un día. Hay quien sostiene que todo arrancó con Eligio Hernández, el famoso “pollo del Pinar”, siguió con el inefable Conde Pumpido (“El vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino”), y continuó con Antonio Salinas, el hombre que parecía dirigir la Fiscalía desde la playa de poniente de Benidorm, porque con él se instauró el “vive y deja vivir”, de modo que la institución se convirtió en un reino de taifas donde los fiscales, muchos de ellos de izquierdas, hicieron y deshicieron a su antojo. “Los años de Salinas han engendrado una serie de monstruos en la FA a los resulta muy difícil meter en la jaula”, asegura uno de los penalistas más reputados del foro madrileño. “Con sus excepciones, es gente poco recomendable, muy ideologizada, cargada de filias y fobias, energúmenos que circulan con el cuchillo en la boca y que han puesto el principio de legalidad en el arroyo”.
Solo dos de los 26 fiscales que integran esa plantilla optaron por respaldar a su jefe, mientras 24 se inclinaron por apoyar a sus compañeros. Una derrota humillante.
Moix llegó para poner orden en el estropicio. Algunos opinan que trató de hacerlo sin mano izquierda. Falto de tacto. Cual elefante en cacharrería. “Si he manejado con pulso firme a los 300 fiscales de la Fiscalía de Madrid, ¿cómo no voy a poder hacer lo propio con los de Anticorrupción?”, le dijo un día a Ángela Martialay. Los afectados le esperaban con las espadas desenvainadas. El intento de imponer su voluntad en los registros del caso Lezo fue toda una declaración de guerra. Moix nunca pensó que los fiscales de este procedimiento, Carmen García Cerdá y Carlos Iáñez, le iban a lanzar el órdago de poner sobre la mesa el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para que la mayoría de la plantilla decidiera cómo debían llevarse a cabo dichos registros por parte de la UCO. El resultado fue demoledor. Solo dos de los 26 fiscales que integran esa plantilla optaron por respaldar a su jefe, mientras 24 se inclinaron por apoyar a sus compañeros. Una derrota humillante. Estaba claro que el fiscal jefe tenía a sus subordinaros en abierta rebelión.
Moix pretendía devolver a jueces y fiscales el control de las investigaciones que Policía y Guardia Civil realizan para la instrucción de las causas. Una sensación de alarma embarga hoy a la mayoría de profesionales del Derecho que tienen que verse las caras todos los días con causas abiertas en Anticorrupción. Lo de la UDEF y la UCO empieza a ser un escándalo. Más allá de la labor investigadora que les compete, los miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) –caso del cabo primero que rubrica el informe sobre el caso Lezo- se permiten efectuar en sus escritos valoraciones jurídicas y propuestas de actuación, entrando de lleno en el ámbito de la exclusiva competencia de jueces y fiscales. “Es verdad que se ha mejorado el nivel de técnica jurídica en la redacción de los atestados”, reconoce un antiguo fiscal de la AN hoy en un gran despacho privado, “pero el descontrol en que se mueven se traduce en que la UCO se permite calificar jurídicamente y realizar propuestas de imputación cuando lo suyo es la mera constatación de unos hechos, porque de la calificación jurídica se encarga el fiscal y del juez instructor. Hay fiscales que asumen acríticamente en sus autos párrafos enteros de los informes que les presenta UCO, en un cortar y pegar que les evita cumplir con su obligación y hacer su trabajo: analizar con rigor esos informes y decidir después si hay base o no para imputar”.
“Nadie está en el sitio que le corresponde”
“La situación está descontrolada”, afirma un ex juez de la AN, ahora en el ejercicio privado de la abogacía. “En mis tiempos, un funcionario no entraba nunca en el despacho de un juez, porque cada uno tenía acotado su territorio; hoy ese funcionario se permite el lujo de calificar las conductas que está investigando, lo cual es un exceso inaceptable en un Estado de Derecho donde la función instructora corresponde al juez dentro del principio de garantismo que caracteriza nuestra legislación. Se ha desnaturalizado todo, y no hay nadie en el Gobierno capaz de poner orden en este lío”. Nadie cumple con su obligación. “Nadie está en España en el sitio que le corresponde”, de acuerdo con la conocida respuesta de Ortega a Julián Marías. La lista de “anomalías” sería interminable: Desde los juicios de valor que con frecuencia se deslizan en los informes de UCO y que son acogidos por determinados fiscales como palabra de ley, a las omisiones intencionadas de información que se realizan con finalidad incriminatoria, defraudando la obligación legal que el policía o guardia civil tiene de recoger también en su atestado todo aquello que pueda ser favorable al investigado, pasando por las filtraciones a los medios de sumarios y grabaciones secretas, “y a ver quién es el juez que se atreve a dejar en libertad a un tipo condenado por la acción concertada de la UCO y La Sexta”, en palabras del citado.
La participación en “grupo criminal organizado” se ha convertido en el sambenito que hoy cuelga sobre los hombros de los condenados a pena de telediario.
El nivel de exigencia que antes se daba por seguro en los informes de la policía judicial se ha rebajado a la mera especulación o conjetura, cambio alentado por determinados jueces y fiscales que, a menudo con fines espurios, consienten la bajada del nivel de rigor. La participación en “grupo criminal organizado” se ha convertido en el sambenito que hoy cuelga sobre los hombros de los condenados a pena de telediario, con independencia de lo que pasado el tiempo determinen los tribunales. La otra estrella del momento es el delito de blanqueo, el comodín que nunca falta en todo informe de la UCO que se precie. “La cuota defraudada en un caso de delito fiscal deriva invariablemente ahora en blanqueo, cuando todo el mundo sabe que blanqueo es la ocultación de un dinero de procedencia delictiva”, asegura otro letrado madrileño. “Las reformas del Código Penal de 2010 y 2015 han contribuido a la criminalización de conductas que antes tenían un sesgo simplemente mercantil y/o administrativo, y ya hemos llegado al paroxismo con la explosión de ese cajón de sastre que es el blanqueo”. Las consecuencias las sufren personas cuya reputación queda arruinada por una imputación maliciosa que jamás reparará una sentencia posterior absolutoria.
Son las consecuencias de la ocupación de la FA por una serie de fiscales de izquierdas, no pocos de los cuales han terminado desembarcando en la ensenada justiciera de Podemos, gente que ha actuado a su libre albedrío dispuesta a utilizar la Fiscalía como ariete contra determinados individuos o partidos, a quienes se investigaba de forma exhaustiva mientras se aminoraba la presión sobre los “amigos” siguiendo pautas de oportunidad y conveniencia. Un proceso parecido al registrado en las cúpulas de los cuerpos policiales desde la llegada al poder de Zapatero, siempre de la mano de ese gran muñidor en la sombra que ha sido y es Alfredo Pérez Rubalcaba. Con Rubalcaba se sigue viendo el coronel Manuel Sánchez Corbi, jefe de la UCO, un hombre con prestigio en la Guardia Civil cuyo discreto perfil se ha roto con motivo de los informes realizados por la unidad que dirige sobre Cristina Cifuentes, a la que se apuntaba como incursa en presuntos delitos de prevaricación y cohecho. Corbi ha presumido en determinados actos sociales de ser capaz de acabar él solito con la corrupción en España, a base de una “limpia” de dimensión histórica, ánimo justiciero que ha llegado a oídos de mucha gente notable con el susto consiguiente.
Nadie parece reparar en las consecuencias que para la salud del Estado de Derecho tienen actuaciones como las descritas. Todo se ha salido de madre. El estallido del caso Lezo ha sido la gota que ha desbordado la presa, ya muy cargada, de la corrupción del partido en el Gobierno. Y de repente todos los controles parecen haberse roto. La crisis de la FA es una parte de la crisis más general de la Justicia. Disipada esa línea de contención, muchos jueces y fiscales se han lanzado a ponerse a la cabeza de la manifestación. Es la “justicia del pueblo”. Lo dijo el juez Eloy Velasco: “Los jueces tenemos que interpretar la ley conforme al pueblo. Somos gente del pueblo y el pueblo no perdona apropiaciones económicas o desfalcos como los perdonábamos antes (…) Hay delitos de corrupción o blanqueo de capitales que en el siglo XIX no existían. Vamos creando nuevas necesidades penales que responden a que el pueblo las quiere y por lo tanto los jueces tenemos que interpretar las leyes conforme al contexto actual”. De asustar.
El objetivo final es Mariano Rajoy
El odio al PP como encarnación de esa corrupción que nos abruma se ha convertido en moneda de curso legal, una corrupción utilizada a veces como muletilla que a duras penas logra esconder el sesgo ideológico. La dureza de la crisis, la politización de la judicatura, la irrupción de los “jueces del pueblo”… Todo parece conjurarse en esos autos y resoluciones cuyos razonamientos jurídicos están trufados de ideología. ¿Dónde queda el Derecho? ¿Dónde, la aplicación estricta de la ley? Es la “España incurable” de Blanco White, aquel eterno exiliado que acabó “renegado de todas las sectas y leproso de todos los partidos”. Sesgado ideológicamente está el auto del juez Ricardo de Prada que, por 2 votos a 1, obliga a Mariano Rajoy a comparecer físicamente ante el tribunal de la AN que juzga el caso Gürtel el próximo 26 de julio; se trata del mismo tribunal que permitió a Artur Mas declarar por videoconferencia. Nadie espera que la declaración de Rajoy aporte novedad alguna en el esclarecimiento del caso, pero el juez De Prada, tan garantista en su día materia de lucha contra ETA, habrá colgado en su medallero una pieza de caza mayor tan codiciada como un presidente de Gobierno.
Las escopetas apuntan ahora a la cabeza del FGE, Manuel Maza, un valladar que hay que derribar para poder situar después en el punto de mira al titular de Justicia, Rafael Catalá.
Manuel Moix ha dimitido, pero el momento político que vive el país reclama víctimas de mayor enjundia. Las escopetas apuntan ahora a la cabeza del FGE, Manuel Maza, un valladar que hay que derribar para poder situar después en el punto de mira al titular de Justicia, Rafael Catalá, aunque el objetivo último, no nos engañemos, no es otro que Mariano Rajoy. “La exigencia de regeneración es hoy un clamor social que pasa por el castigo a los culpables de casos de corrupción”, sostiene un magistrado del Tribunal Supremo, “pero hay que tener cuidado con las formas, hay que cumplir y hacer cumplir la ley, porque si no se respeta el estado de Derecho corremos el riesgo de cargarnos la democracia. La policía judicial tiene que estar en un sitio y los jueces y fiscales en otro. No puede ser ese tótum revolútum que amenaza convertirnos en un Estado policial. Alguien tiene que poner freno a lo que está ocurriendo”.
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