Somos muchos los que consideramos que el sanchismo se caracteriza por un amplio conjunto de defectos de muy diversa naturaleza cuyo efecto global es absolutamente pernicioso para España. Un buen ejemplo se encuentra en todo lo que concierne a nuestra Hacienda, cuya gestión está repleta de todos los males que hacen deficiente a una gestión de gobierno. Merece la pena comprobarlo.
Muchos consideramos que Pedro Sánchez ha colocado en puestos de responsabilidad a personas carentes de la mínima capacidad imprescindible para ejercerlos y, sin duda alguna, nombrar a María Jesús Montero como ministra de Hacienda es buen ejemplo. No es necesario extenderse en demasía para demostrar su carencia de los conocimientos básicos precisos para ejercer el puesto que desempeña. Y no lo es porque ella misma se encarga de evidenciarlo frecuentemente cuando da rienda suelta a su peculiar verbo, aunque en ocasiones tenga que ayudarse de envases de pastillas refrescantes para intentar explicar lo que no sabe expresar con palabras.
Muchos consideramos que la política de reformas legales de Sánchez está inundada de agresiones a la técnica legislativa y al debate parlamentario, pero la invención del Impuesto sobre las Grandes Fortunas es un evidente paradigma de lo anterior. Crearlo mediante una enmienda a la proposición de ley por la que se crean otros dos nuevos impuestos -los que van contra las empresas energéticas y bancarias- impidió que el nacimiento de aquél haya contado con los informes consultivos adecuados y ha provocado que su tramitación parlamentaria resultara mutilada sobre la que corresponde a la creación de una nueva figura tributaria.
Pronto conoceremos cómo vuelven a utilizarse las vacaciones fiscales por los Gobiernos locales favorecidas por Sánchez aprovechándose de unas competencias de las que no disponen el resto de las Comunidades Autónomas
Muchos consideramos que la acción política de Sánchez incluye múltiples y constantes rendiciones a los socios parlamentarios que le permiten permanecer en La Moncloa. Que la Hacienda Pública española haya cedido a la exigencia localista vasca -sea del PNV, de Bildu, o de ambos- entregando a las Diputaciones Forales de las provincias vascongadas la gestión del antes reseñado Impuesto a las Grandes Fortunas es una manifestación concreta de la conducta general que caracteriza las decisiones del Gobierno. Y pronto conoceremos cómo vuelven a utilizarse las vacaciones fiscales por los Gobiernos locales favorecidas por Sánchez aprovechándose de unas competencias de las que no disponen el resto de las Comunidades Autónomas.
Muchos consideramos que la gestión de Sánchez está ayuna de las bases más elementales que conforman la ética política y la moral pública. Y una buena demostración de esta ausencia viene representada por la espuria utilización de la inflación como impuesto, pues la decisión de no deflactar el IRPF constituye la más ignominiosa prueba del uso ilegítimo del poder tributario del Estado. Nada más arbitrario y autoritario que aprovecharse del alza general de los precios que castiga a la totalidad de los españoles para saquearnos impunemente a todos nosotros con un impuesto -la inflación- que no es aprobado por el Parlamento, que carece de cualquier regulación, que no está sometido a ningún control y que se recauda sin ningún esfuerzo por parte de la Hacienda Pública.
Muchos consideramos que el deseo del Gobierno de Sánchez es disponer de una Administración Pública domesticada que se pliegue servilmente a los designios del poder político. El proyecto de utilizar el acuerdo suscrito entre Gobierno y sindicatos para permitir entrar por la puerta de servicio en el cuerpo de inspectores de Hacienda a aquellos que no han sido capaces de superar las actuales pruebas exigidas para serlo así lo demuestra. Si se ejecuta lo proyectado, el Gobierno dispondrá de un cuerpo político represor que, sin el límite de la profesionalidad basada en una selección respetuosa con el mérito y la capacidad, podrá utilizar para amenazar y castigar económicamente a todos los que quiera.
Muchos consideramos que Pedro Sánchez está invadiendo el terreno de la Constitución y rompiendo los consensos básicos que han regido la vida democrática española desde 1.978. Así lo ha hecho en el campo tributario al invadir las competencias autonómicas en materia de imposición patrimonial, reduciendo su autonomía fiscal y vaciando de contenido las decisiones adoptadas por las Comunidades Autónomas. El ya citado Impuesto sobre las Grandes Fortunas es fruto de esta praxis anticonstitucional y por el que, además, la Hacienda estatal se apropiará indebidamente de los incentivos fiscales que a los contribuyentes les han concedido sus Gobiernos territoriales.
Es opinión muy compartida que el Gobierno realiza sus previsiones económicas con la misma falta de rigor y de fiabilidad con la que Tezanos realiza las electorales
Muchos consideramos que Sánchez y su Gobierno no respetan el orden judicial español. Una buena muestra la tenemos en lo actuado en relación con los registros domiciliarios de la Agencia Tributaria. Tras sentenciar el Tribunal Supremo con una cuidadosa argumentación que los que venía realizando el citado organismo eran ilegales por carecer de la cobertura legal suficiente, declarando que ésta exigía una regulación por ley orgánica, el Gobierno impulsó, y consiguió que se aprobara, una reforma legal para amparar los reseñados registros. Pero, contraviniendo lo sentenciado por el Alto Tribunal, no lo hizo por ley orgánica sino por una ordinaria. Desatender así lo dictado en ejercicio de creación de doctrina por el Supremo indica hasta qué punto Sánchez desprecia cualquier otro Poder que no sea el suyo.
Muchos consideramos que el Gobierno realiza sus previsiones económicas con la misma falta de rigor y de fiabilidad con la que Tezanos realiza las electorales. Esta flagrante ausencia de consistencia previsora concurre también cuando se prevén los resultados de los nuevos tributos que se crean. Así, constatar la recaudación efectiva que han generado las llamadas tasas Tobin y Geogle y compararla con la que previó el Ministerio de Hacienda se asemeja al resultado que se obtendría si se comparase a Pedro Sánchez con Felipe González.
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