El ejecutivo, por la boca de Carmen Calvo, ha anunciado que tiene previsto aprobar en el próximo Consejo de Ministros el proyecto de la Ley de Memoria Histórica y Democrática. Un Gobierno que no es capaz de facilitar datos fiables sobre el número de contagiados y fallecidos por el coronavirus y que oculta maliciosamente bajo el felpudo de entrada de Moncloa la cifra real de muertos por causa de la pandemia, aboga por la urgencia de crear un censo de personas desaparecidas hace más de cincuenta años. Ya sé que, formalmente, no son dos cosas incompatibles, pero no me lo digan a mí sino al Gobierno, que es quien está poniendo toda la carne en el asador para que el guerracivilismo vuelva a ser el tema que domine los debates en la política española. Y es que los socialistas saben usar como nadie el comodín de Franco para derrotar a quienes, durante la partida, muestran la carta de la mala gestión. La mención a la covid-19 sólo está permitida cuando la jugada incluya ataques a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Maquillar la negligencia
Creo que sí que existe entre los ciudadanos españoles una genuina preocupación por la memoria y el recuerdo de nuestros fallecidos, pero no sólo el de aquellos que interesan al Ejecutivo, sino especialmente la de quienes murieron solos en los hospitales y residencias sin ni tan siquiera ser velados y despedidos por sus familiares. Ésos cuya existencia ahora el Ejecutivo niega en un indecente intento de maquillar su ineptitud y negligencia.
Así que me he permitido recoger el guante de la vicepresidenta Carmen Calvo cuando la pasada semana señaló que existen "situaciones intolerables" que generan "una deuda que tiene que ver con la propia defensa cerrada de la democracia" y que ha de resolverse "cuanto antes mejor". Estoy de acuerdo. Por eso me he molestado en redactar un borrador de lo que podría ser la exposición de motivos de esa nueva Ley de Memoria Pandémica que tanto demanda nuestra sociedad. A fin de que resulte del agrado de nuestro Gobierno de progreso, y para facilitarles lo máximo posible el trabajo, he adaptado el contenido al lenguaje y argumentario que usaron en la Proposición de Ley de Memoria Histórica y Democrática que presentaron el 30 de julio de 2019 en el Congreso de los Diputados.
Una vez transcurrido el sexto cumplemés de la declaración del estado de alarma por la crisis sanitaria del COVID-19, España debe revalidar su apoyo a los valores democráticos, garantizados por la Constitución del 78, lo que significa reconocer la memoria de aquellos que, tras ser participes de un proceso de transición que reconcilió a los españoles y trajo a España la libertad y la democracia, fallecieron como consecuencia del coronavirus y ni tan siquiera figuran en las cifras oficiales de muertos ofrecidas por el Gobierno.
Una Dirección General que elabore un estudio exhaustivo sobre la negligente actuación del Ejecutivo en la gestión de la pandemia, las mentiras vertidas para eludir responsabilidades políticas
Después de medio año de ignominia y abandono, se hace patente la necesidad de adoptar medidas públicas a favor del reconocimiento de la memoria de las víctimas de la epidemia, como la creación de una Dirección General para la Memoria Pandémica, incardinada en el Ministerio de Justicia, que elabore un estudio exhaustivo sobre la negligente actuación del Ejecutivo en la gestión de la pandemia, las mentiras vertidas para eludir responsabilidades políticas y de otro orden, así como la ocultación y manipulación de los datos sobre fallecimientos por causa de la enfermedad ARS-CoV-2/COVID-19.
España debe seguir avanzando en el establecimiento de medidas a favor de quienes han quedado con secuelas o no pudieron despedir a sus familiares muertos por el coronavirus por confiar en los consejos y recomendaciones del Gobierno a la población en relación a la prevención de los contagios, a sabiendas de su falsedad. La ley incluye la creación de una Fiscalía de Sala para la investigación de los hechos ocurridos con ocasión de la celebración de la manifestación feminista del 8-M, como las declaraciones del portavoz del Ministerio de Sanidad contra la pandemia, Fernando Simón, asegurando que en España habría a lo sumo uno o dos contagios, que no desanimaría a su hijo a acudir a la manifestación por el Día Internacional de la Mujer al no considerarla de riesgo, o que no tenía sentido que los ciudadanos sanos usen mascarilla. También las de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, animando a las mujeres a acudir a la manifestación porque “nos iba la vida en ello”. O las de la ministra de Igualdad, Irene Montero, reconociendo en una conversación con la prensa que el 8-M fue un riesgo dado que no se guardaron las distancias a pesar de la información con la que el Gobierno ya contaba. Y, por supuesto, las del presidente Pedro Sánchez reduciendo a la mitad el número de fallecidos, atentando así contra la memoria y dignidad de decenas de miles de compatriotas y faltando el respeto a sus familias.
Comité de Expertos
Esta nueva Ley de Memoria Pandémica también debe implementar procedimientos para resarcir a quienes vieron limitados y suspendidos ilegítimamente sus derechos fundamentales, por mor de decisiones arbitrarias adoptadas por el ejecutivo español en el marco de la lucha contra la pandemia y fundadas en las conclusiones alcanzadas por un Comité de Expertos para el cambio de fases que devino inexistente y en informes elaborados ad hoc por la directora de Salud Pública. Todo ello sin olvidar las declaraciones del Presidente del Gobierno asegurando la inexistencia de un plan B al estado de alarma para gestionar la desescalada con la única intención de eludir el control de los tribunales.
Es necesario que la memoria pandémica se convierta en una política de Estado y que su aplicación se lleve a cabo de manera efectiva, no dependiendo de la voluntad del gobierno de turno. Esta ley debe convertirse en un hito en el desarrollo de España como país democrático y de políticas públicas de la memoria que se materialicen en declaraciones de reparación y reconocimiento personal a las víctimas de la pandemia y de las políticas irresponsables del sanchismo”.
Espero que esta propuesta se materialice en una ley. En cualquier caso, déjenme cerrar este artículo haciendo mías las palabras pronunciadas por la señora Calvo la semana pasada: "Recordar es un derecho, permite no sentir desconocimiento e indiferencia y no tener ni un solo peligro de que nada de esto vuelva a ocurrir". Las víctimas de la pandemia también son nuestros caídos, Carmen. Los españoles no os vamos a permitir que las releguéis al olvido.
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