La comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso no es ni más ni menos que el anuncio para la recuperación de una ley de censura contra los medios de comunicación críticos con su gestión y con la presunta corrupción que afecta de lleno a su entorno familiar. No es más que el enésimo intento de control absoluto sobre la vida pública en España para cerrar el círculo tratando de acallar a los periodistas. Sojuzgadas las principales instituciones con comisarios políticos al frente de cada una de ellas, el anuncio de Sánchez de que adoptará medidas para asfixiar económicamente a los medios de Prensa que denuncian su manera de gobernar, o de cómo ha convertido a La Moncloa en un centro de negocios familiares, es su última ratio para convertir nuestra democracia pluralista en una autocracia de sumisión. Y todo ello, utilizando con cinismo la coartada de una serie de directivas europeas y de un reglamento que en absoluto defienden, describen y argumentan las restricciones que él pretende imponer contra la Prensa. Toda la intervención de Sánchez está basada en una falsedad de origen, la de que España es un hervidero de bulos contra su familia, obviando que las investigaciones judiciales contra Begoña Gómez o contra su hermano David Sánchez son hechos contrastables por aparentes delitos graves cometidos en virtud de su influencia.
Además, Sánchez pervierte el lenguaje del modo al que nos tiene acostumbrados, con eufemismos irrisorios como sostener que su estrategia de ahogamiento a la Prensa, interviniendo directamente en competencias autonómicas y municipales, es una solución imprescindible de "regeneración y calidad democrática". También dijo textualmente que impedirá que haya poderes públicos que "compren líneas editoriales". Partiendo de la base de que el mayor experto en esa faceta es el PSOE, con una experiencia más que acreditada de chantajes económicos a los medios de comunicación, no debería hablar de 'compra' de líneas editoriales quien se ha comprado para sí mismo un Tribunal Constitucional, una Fiscalía General del Estado, una Abogacía del Estado, una radiotelevisión pública, un Centro de Estudios Sociológicos, una agencia informativa estatal, o quien de la noche a la mañana decide también comprarse el Senado hurtándole la capacidad de veto presupuestario que sí concede la Constitución a la Cámara alta.
El periodismo en libertad es esencial. Y su financiación para protegerse de intereses espurios, de coacciones de los poderes públicos y de intervencionismo editorial es trascendental
El periodismo en libertad es esencial. Y su financiación para protegerse de intereses espurios, de coacciones de los poderes públicos y de intervencionismo editorial es trascendental. Argumentar que habrá una limitación de las campañas institucionales a medios en función de su número de lectores es tanto como anunciar que, ponga donde ponga el listón, su objetivo es fulminar la información libre, rigurosa y veraz de manera ideológicamente selectiva. No es casual que Sánchez dijese públicamente tras su cómico encierro de cinco días en la Moncloa que "se acabó" y que habría "un punto y aparte" ante las informaciones que se vienen publicando. En definitiva, que limitará a la Prensa, como por cierto ocurría durante la dictadura. Y no es casual porque estos anuncios se producen cuando dos miembros directos de su familia están en problemas con la Justicia. Y para impedir la estigmatización pública y las 'penas de banquillo' a las que el propio PSOE sometió en su día a miembros de la derecha en circunstancias similares como estrategia de oposición, decide ahora vetar directamente que se pueda informar de ello. Y opinar de ello.
Uno de los anuncios de Sánchez fue reforzar la exigencia de transparencia en los medios y en los poderes públicos. De momento, podría empezar por no ocultar el reparto discrecional de los más de 250 millones destinados por La Moncloa a publicidad institucional, o la parte de fondos europeos destinados a modernización y digitalización de medios que favorece muy mayoritariamente solo a aquellos que son afectos a la línea oficial, y en los que incluso no duda interferir en su propiedad. ¿Dónde, a qué medios, irá previsiblemente destinado el nuevo monto de 100 millones de euros que anuncia ahora? Es una pregunta que Sánchez no ha contestado, y cuya respuesta, por desgracia, es muy previsible. Más aún, en quien entiende la publicidad institucional como forma de financiar la propaganda oficialista de su Gobierno y un trato informativo a mayor gloria de Sánchez.
Nada hay de verdad en ese relato sectario. Al contrario, actúa como un presidente imbuido de una falsa superioridad moral capaz de decirle a todo el mundo lo que tiene que hacer y cómo
Sánchez se comporta como un auténtico antidemócrata. Altera el sentido de las palabras, las disfraza con conceptos buenistas y esconde un zarpazo a las libertades de Prensa y de expresión en España. Sus palabras asegurando que hay que proteger a los periodistas son justo lo contrario, son directamente una amenaza. Porque su argumento es que hay que protegerlos de sí mismos, de su insolvencia, de su torpe inclinación a la manipulación por gobiernos autonómicos de la derecha, y porque se les guía a escribir al dictado consignas de ultraderecha que la Unión Europea condena. Nada hay de verdad en ese relato sectario. Al contrario, actúa como un presidente imbuido de una falsa superioridad moral capaz de decirle a todo el mundo lo que tiene que hacer y cómo hacerlo, porque hacer lo contrario no es democrático. Su argumento es que la democracia es él. Y el resto de ciudadanos, y por supuesto los periodistas, son, o han de ser, súbditos de su sistema. Es grave. La única conclusión posible es que o la democracia frena a Pedro Sánchez, o la democracia perecerá con él al frente del Gobierno.
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