Contemplar cómo en una comparecencia de prensa celebrada en el exterior y acompañado de líderes extranjeros que le miraban atónitos, el presidente del Gobierno agraviaba con ferocidad a una empresa y a un empresario españoles es un espectáculo bochornoso que jamás imaginé llegar a contemplar. Mi indignación es tan grande como mi vergüenza pues imagino que, a estas horas, en las cancillerías de Europa ya han percibido el nivel de respeto democrático, de tolerancia y de buenas maneras que se gasta nuestro presidente con los españoles, todo ello unido a las necedades que salían de su boca.
Es obligado afirmar que las palabras dedicadas por Sánchez y los suyos a la compañía Ferrovial y a su presidente son absolutamente inadmisibles y, por ello, bien están las críticas absolutamente justificadas que han recibido en estos últimos días. Pero no hay que engañarse, los agravios pronunciados por Sánchez buscaban un efecto claramente identificable: que pasen al segundo plano informativo tanto el sucesivo goteo de delincuentes sexuales beneficiados por el Gobierno, como los detalles que se van conociendo del escándalo calificado como “caso Tito Berni”. Confiemos en el buen criterio de todas las “personas de bien” para que sepan conjugar adecuadamente los tres hechos sin olvidar ni dejar de considerar la trascendencia de ninguno de los tres.
¿Considera entonces Sánchez antipatriota a cualquier empresario que invierta en España en vez de hacerlo en su país de origen? ¿Es antipatriota cualquier inversión exterior en territorio español?
El carrusel de memeces y atrocidades que estos días han escupido Sánchez y los suyos ha evidenciado, una vez más, su ignorancia y su escaso sentido democrático. No es baladí repasar algunas de las lindezas que se han atrevido a vomitar. El propio presidente ha manifestado que el Gobierno investigará la legalidad de lo proyectado por Ferrovial, desconociendo que el cambio de sede social es una decisión libérrima de la junta general de cualquier sociedad mercantil que en absoluto está sometida a ningún control de legalidad por parte del Gobierno. En cuanto a la modificación de la residencia fiscal, es siempre comprobada por la Agencia Tributaria cuando el que decide realizarla, sea persona física o jurídica, pasa de ser residente a no residente en territorio español. ¿En qué consiste entonces la investigación del Gobierno con la que amenazó Sánchez? Acusar de antipatriota a una decisión de localización empresarial, además de absolutamente naif, es de una ilógica preocupante. ¿Considera entonces Sánchez antipatriota a cualquier empresario que invierta en España en vez de hacerlo en su país de origen? ¿Es antipatriota cualquier inversión exterior en territorio español? Bonito modo de atraer la inversión extranjera. Finalmente, la propuesta de Podemos en orden a aprobar una ley que, con carácter retroactivo, obligue a Ferrovial a devolver las posibles ayudas públicas que hubiera recibido, proporciona una fidedigna imagen del respeto que tienen los proponentes al Derecho y a la democracia. Con su reacción han mostrado el nivel freático que está alcanzando la seguridad jurídica en España, dando así plenamente la razón a uno de los motivos por los que Ferrovial ha explicado su decisión.
El presidente y los suyos están en otra onda, en la que pretenden dividir a los españoles en buenos y malos adjudicándose ellos el papel de defensores de los primeros
La anterior es una de las lecciones que, si tienen capacidad para ello, deberían aprender Sánchez y los suyos. Como también debieran aprender que, tal como se les dice a diario, una fiscalidad agresiva ahuyenta la inversión. Y, de paso, sería conveniente que aprendieran también que insultar y agredir a los empresarios, junto a ser una injusticia, constituye un factor de disuasión a la entrada y a la permanencia de empresas en España. Como también es disuasorio el exceso de regulación o su carácter excesivamente intervencionista. Pero no, no lo aprenderán porque Sánchez y los suyos están en otra onda, en la que pretenden dividir a los españoles en buenos y malos adjudicándose ellos el papel de defensores de los primeros frente a los segundos y otorgando a los empresarios el rol de indeseables, explotadores, aprovechados, delincuentes, usureros, y ahora también antipatriotas.
Quizás debieran fusilarlos a todos, pero eso sí, cobrando a sus familiares el coste de las balas como se hace -o hacía- en la China comunista. A ver después quien generaría empleo, quien alimentaría el PIB, quien engordaría la recaudación tributaria… Seríamos ya todos buenos e igualitarios, pero sin duda mucho más pobres. Ese es el cielo podemita al que definitivamente se ha apuntado el “Maduro” presidente español. Caretas fuera, Sánchez no es más que una versión aseada de Pablo Iglesias disfrazado de jefe de planta de El Corte Inglés. Es así pues con independencia del objetivo buscado de desparramar tinta para emborronar el caso de los violadores excarcelados y el de la pandilla del Tito Berni y sus calzones, la agresividad mostrada contra Ferrovial ha exhibido que sus postulados políticos están al mismo nivel tercermundista que tienen los de sus socios morados de Gobierno. Hace pocas fechas le preguntaba a Núñez Feijóo en el Senado: "¿Cree usted de verdad que el Gobierno español es bolivariano?" La respuesta a la pregunta nos la ha proporcionado él mismo. Sí, lamentablemente, España tiene un Gobierno y un presidente propios de una república bananera. Y así nos va.
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