Días pasados leí en El País esta información, que figuraba en su portada con grandes titulares: “España y el Reino Unido pactan las líneas políticas sobre Gibraltar”. Luego, en las páginas 16 y 17, se ampliaba la noticia con dos extensas crónicas sobre las “esperanzadoras” negociaciones de Bruselas, en las que habían participado los ministros de Asuntos Exteriores de España y Gran Bretaña, además del Ministro Principal de Gibraltar.
Desconozco la entretela de lo hasta ahora decidido, todavía confidencial, por lo que no debo aventurar mis opiniones sobre el alcance de ese “pacto” aparentemente ya cerrado; pero como creo conocer –también mis compañeros de Exteriores lo conocen- el tema suficientemente bien, me permito reseñar algunos puntos básicos que, a mi juicio, son herencia del pasado, conforman el presente y deberán tomarse en cuenta cuando se negocie su futuro. Porque no me gustaría que nos equivocásemos. Cuando quien esto escribe dirigía el gabinete técnico de Marcelino Oreja, que respecto del problema mantuvo siempre una postura digna, inteligente y clara, solía decirle: “Ministro, sobre Gibraltar podemos no avanzar; lo que no podemos es equivocarnos”. Por eso, al leer lo de las “líneas políticas” pactadas, la mención a “las fronteras” y la presencia del Ministro Principal en los encuentros, me han surgido ciertas inquietudes y la idea de formular algunas reflexiones.
Descolonizado sin demora
1ª.- En la década de los 60, España dio y ganó en la ONU la batalla para la recuperación de Gibraltar, logrando establecer un sólido cuerpo de doctrina sobre su descolonización. No es una antigualla, ni un vestigio de un pasado con olor a naftalina, sino un acervo político y jurídico vital, que se encuentra en los consensos, actas y, sobre todo, las resoluciones de la Organización Mundial (especialmente la 2070 (XX), la 2231 (XXI) y la 2353 (XXII), que fueron aprobadas por muy amplia mayoría y siguen en vigor. Esa doctrina contiene varios puntos esenciales, de los que voy a destacar sólo su núcleo central, que reza así: “Gibraltar es un territorio no autónomo que debe ser descolonizado sin demora, mediante negociaciones directas entre España y el Reino Unido”. Es decir, tenemos la razón, los títulos jurídicos y el respaldo de la ONU: un inmenso capital político y diplomático que debemos preservar; pero sé muy bien que con la razón no basta. Se precisa de algo más. Y también, como señalo en el párrafo siguiente, del apoyo de la suerte, que en una ocasión concreta nos ha dado la espalda. Voy a referir lo que pasó. No para ilustrar a mis lectores con un hecho poco conocido, sino para destacar que, a pesar de lo que dicen ahora, los ingleses sí aceptaron hablar sobre soberanía en el pasado.
2ª.- El 10 de enero de 1982, cuando el Gobierno de UCD preparaba nuestra adhesión a la Alianza Atlántica, el presidente Calvo-Sotelo se entrevistó en Londres con Margaret Thatcher. Entonces se tomó la decisión de celebrar negociaciones para comprometerse a resolver en el futuro, entre amigos y ya muy pronto aliados, la cuestión de Gibraltar. Durante los meses de febrero y marzo, y en mi calidad de director general de Europa y Asuntos Atlánticos, me reuní con el embajador británico –por cierto, un gran profesional-, a fin de ultimar todos los detalles para la delicada misión que se nos había encomendado. Y llegamos a un acuerdo: nuestros respectivos ministros de Asuntos Exteriores, Lord Carrington y Pérez-Llorca, se reunirían el 3 de abril en Sintra, Portugal, para aprobar “ad referéndum” el documento que habíamos preparado sobre varios asuntos importantes, incluyendo la soberanía.
Archivada en el cajón
La mala fortuna lo impidió. A media mañana del 2 de abril, viernes, recibí una llamada de Jaime de Piniés, nuestro embajador ante la ONU, para decirme que comandos argentinos se habían apoderado de Malvinas. En el acto pedí que me pusieran con Moncloa, donde se estaba celebrando la sesión semanal del Consejo de Ministros. Pérez-Llorca, que tanto empeño había puesto en resolver este problema, salió alarmado de la sala, en vista de la urgencia con que lo reclamé. Cuando le dije lo que nuestro embajador me acababa de contar, coincidió conmigo en que estábamos ante una gran calamidad: la reunión ya no podía tener lugar. Los esfuerzos de tres años habían naufragado. Y la non-nata “declaración de Sintra” fue archivada en el cajón de los papeles olvidados.
Debo añadir que no soy tan ingenuo como para pensar que la “Dama de Hierro” tenía la intención de entregarnos Gibraltar en la primavera de 1982. No. El Gobernador no iba a salir con la llave de la Base Militar (el tema clave de la Base merece un artículo separado) sobre un cojín de seda, como hiciera Boabdil a las puertas de Granada. Pero sé que, de haberse celebrado la entrevista, habríamos puesto en marcha una dinámica destinada a culminar –el plazo era lo de menos- con la retrocesión del territorio a España. De eso sí que estoy totalmente seguro.
3.- El tercer punto que deseo mencionar es el papel que a los gibraltareños corresponde en la negociación del contencioso. Los actuales ocupantes de la Plaza insisten en que la llamada “Constitución de Gibraltar” les confiere el derecho a decidir el futuro del Peñón. Y no es verdad. Lo que el Gobierno británico establece en la Carta Otorgada -que no “Constitución”- de 1969, es lo siguiente: “Gibraltar seguirá formando parte de los Dominios de Su Majestad a menos que una Ley aprobada por el Parlamento decida otra cosa”. Además, el documento añade que los gibraltareños no pasarán bajo otra soberanía sin su consentimiento; pero el destino de la Roca, según Londres, lo decidirá el Parlamento de Westminster. Y nadie más. Una clara distinción entre población y territorio que, por razones evidentes, me parece interesante destacar.
Muy conscientes de esta observación final: pensar que Londres no vaya a usar de las argucias necesarias para mantener sus privilegios, es no conocer a los ingleses
Es la misma posición que mantuvo el secretario del Foreign Office en 1966, cuando se abrieron las negociaciones que la ONU había exigido para la descolonización de Gibraltar. Contestando a una pregunta, el entonces responsable de la diplomacia británica declaró en su Contra-Alegato, el 21 de julio de 1966, lo siguiente: “Los gibraltareños no son una tercera parte en el conflicto”. Así es. Lo cual no impide que el Ministro Principal de Gibraltar no pueda estar presente en las conversaciones técnicas, donde podrá aportar informaciones útiles acerca de lo que El País describe –y cito literalmente- como “contrabando de tabaco, tráfico de drogas y todo tipo de trapicheos financieros”. Pero sobre la soberanía, no tiene nada que opinar. Nada.
En las reuniones actuales, pienso que debemos orillar las miras estrechas, las rencillas estériles, las palabras afiladas. Y enfrentar esta disputa sin chirriantes estridencias ni aspavientos, con la determinación y el músculo necesarios para lograr nuestro objetivo. Y muy conscientes de esta observación final: pensar que Londres no vaya a usar de las argucias necesarias para mantener sus privilegios, es no conocer a los ingleses. Pero la pertenencia a la Unión Europea, de la que ahora está ausente el Reino Unido, nos coloca en una ventajosa posición para poner en marcha un proceso irreversible que acabe con ese caduco anacronismo. Eso, y no otra cosa, debe ser nuestro objetivo: restablecer la plena integridad territorial de España.
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