Entre un gobierno social-populista en connivencia con nacionalistas y golpistas, y la repetición de elecciones en noviembre es preferible lo segundo. Los llamamientos a que se forme ya un Ejecutivo, como si fuera perentorio que tuviéramos uno cualquiera, para acometer, dicen, “las reformas que necesitamos”, solo las profieren la izquierda o aquellos que sienten la orfandad gubernamental.
El acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos pasa porque los podemitas tengan el control informal del Gobierno. Su idea es la formación de equipos mixtos en los ministerios de planificación social, económica y cultural, dejando los de Estado a los socialistas. Así, una vicepresidencia económica en manos de Irene Montero -léase Pablo Iglesias- coordinaría a su propia estructura en ministerios clave para la propaganda. Porque en Exteriores, Interior, Justicia y Defensa no se hace publicidad de nada.
En cualquiera de los dos casos posibles, ya sea con ministerios nuevos, como Juventud o Vivienda, o participando en los existentes, la influencia de Unidas Podemos en la orientación política sería determinante. Aunque el matrimonio de Galapagar no obtuviera la titularidad de las carteras sí orientaría la política y vendería a la opinión su puesta en marcha. Los podemitas harían creer que la existencia de un “gobierno progresista”, de “avance” que dijo Sánchez, es gracias a su generosidad y presencia.
La estabilidad no consiste en sumar circunstancialmente un puñado de diputados para pasar un trámite, como ya hizo Sánchez en la moción de censura
El propósito podemita es determinar la vida social; es decir, aquellas prácticas que marcan el comportamiento, perfilan una sociedad, crean “derechos” y, en definitiva, acaban orientando el voto. Por esta razón quieren tener peso en la caracterización del empleo con la derogación de la Reforma Laboral de 2012, la subida del SMI a 1.200 euros, las inversiones públicas en Transición Ecológica para crear nuevos oficios, la reducción de la jornada laboral a 34 horas, la equiparación de las bajas por maternidad y paternidad, o el establecimiento de una renta mínima de 600 euros mensuales.
No solo esto: quieren abordar el derecho de propiedad interviniendo en el mercado de la vivienda, controlando los alquileres, impidiendo los desahucios, y, como hemos visto en el Madrid de Carmena, siendo complacientes con el fenómeno de la okupación. Otro tanto harán con la inmigración, dejando como algo pequeño aquel mezquino golpe de efecto de Sánchez con el Open Arms, y pronto querrán cerrar los Centros de Internamiento de los Inmigrantes, todavía dependientes del Ministerio del Interior.
Sánchez no mencionó Cataluña en su discurso del martes porque no le interesaba cerrar una postura, máxime cuando la sentencia a los golpistas está al caer y será condenatoria. Unidas Podemos los llama “presos políticos” y se ha mostrado siempre favorable a un referéndum aunque no lo contemple la ley y rompa la letra y el espíritu de la Constitución. Porque los de Iglesias han despreciado siempre la Transición, sus personalidades e instituciones, incluso el ánimo que hizo posible una democracia que ellos consideran falsa. No en vano los podemitas gritaban: “Lo llaman democracia pero no lo es”.
Si hay Gobierno es porque los socialistas pactan con aquellos que quieren romper el orden constitucional y su espíritu, que entienden que lo democrático es solo que gobiernen ellos, que desprecian a cualquier formación que no sea de izquierdas, que quieren controlar la educación, la cultura y los medios, que piensan que la UE es la “Europa de los mercaderes”, que prefieren las dictaduras a las democracias, que se apropian de las calles y de los actos públicos, que acosan a sus adversarios políticos, que aplauden y justifican la violencia contra las Fuerzas de Orden Público, que quieren, en definitiva, que un Ministerio de la Felicidad nos diga cómo ser y pensar, en qué trabajar y dónde vivir.
Es absolutamente imprescindible que los miembros que compongan el Ejecutivo transmitan confianza a la sociedad y a las instituciones nacionales e internacionales
Que nadie se engañe: un gobierno social-populista es lo peor que nos podía pasar. Pedro Sánchez imploró la abstención de PP y Cs para que hubiera Gobierno en España, incluso apeló a su responsabilidad, cuando en realidad lo irresponsable es votar para que él gobierne. Ahora todo depende de Unidas Podemos, del grado de entrismo trotskista que planee en el gobierno de España.
España se merece un gobierno estable, no cualquier gobierno. La estabilidad no está en sumar circunstancialmente un puñado de diputados que den una mayoría para pasar un trámite, como ya hizo Sánchez en la moción de censura. Es preciso que los miembros que compongan ese Ejecutivo transmitan confianza a la sociedad y a las instituciones nacionales e internacionales.
La democracia, da casi rubor recordarlo, se fundamenta en una convención: la confianza del soberano, de los individuos sujetos de derechos, en que sus representantes significan la continuidad normativa. Lo que Unidas Podemos representa es cualquier cosa menos eso. Al final, aquella amenaza que profirió Pablo Iglesias en 2015 iba en serio: el miedo va a cambiar de bando, salvo que antes de que llegaran los suyos, frentistas y guerracivilistas como no hubo en décadas, no existían los bandos, sino la Constitución democrática, los partidos y las instituciones representativas.
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