El mensaje es cristalino: o te pliegas a mis exigencias o se acabó la fiesta. Carles Puigdemont tiene la sartén por el mango y no ha desaprovechado la primera oportunidad que ha tenido para evidenciarlo. En realidad solo pide lo que se le prometió: impunidad penal y más privilegios económicos para Cataluña. Y es ahí donde está el origen del problema. No en el calvario que le espera al Ejecutivo más débil de la democracia, que sufriremos todos los españoles, sino en el precio que Pedro Sánchez accedió a pagar para renovar su mandato como presidente del Gobierno.
Un precio inasumible para cualquier dirigente político que tras perder las elecciones hubiera situado el interés general, y no el propio, como prioridad innegociable; un precio que, en lugar de pactarse en el Parlamento nacional y entre partidos constitucionalistas, se fijó en Bruselas, mediante pagaré firmado en blanco, con los enemigos de España, y que Sánchez, excluida toda rectificación, habrá de pagar con mayor o menor celeridad según los ritmos que vaya marcando el chantaje a plazos en el que Puigdemont, desde su raquítica fuerza parlamentaria, ha enmarcado su relación con el Gobierno.
Ni sorprende ni es casual que los socios de este Gobierno enteco hayan decidido humillarle a las primeras de cambio. Y por partida doble: desnudando su extraordinaria fragilidad y jactándose del poder que Sánchez les ha entregado a cambio de nada. Si el presidente pensaba que iba a manejar a Junts como a otros socios, los de Puigdemont le acaban de bajar de la nube. Si Sánchez creyó en algún momento que con el oprobio de la amnistía se acababa todo, la fundamentalista Míriam Nogueras les ha aclarado de forma muy expresiva de qué va esto.
Si con la tramitación de tres decretos leyes sus socios le han hecho sudar sangre, ¿qué no será capaz de exigirle Puigdemont cuando lo que haya que negociar sean los presupuestos generales del Estado?
Pedro Sánchez salva los muebles, pero paga un alto precio: la visualización de que este es un Gobierno inviable en una legislatura insoportable. Si con la tramitación de tres decretos leyes sus socios le han hecho sudar sangre, ¿qué no será capaz de exigirle Puigdemont cuando lo que haya que negociar sean los presupuestos generales del Estado? Si hoy el separatismo, sabedor de que es una medida imposible en la Unión Europea, pide como medio de presión que se multen a las empresas que se fueron de Cataluña y mantengan su sede social en otros territorios, ¿qué le va a impedir reclamar en ocasión aún más decisiva mayores barbaridades?
Podríamos calificar simplemente de surrealista lo ocurrido en las últimas horas en el Senado (a lo que hay que añadir el falsario llamamiento del ministro Félix Bolaños y la vicepresidenta Yolanda Díaz a la “responsabilidad” del PP y el penoso e infantil enfrentamiento entre Sumar y Podemos, aderezado por la soberbia de Díaz y la necesidad de protagonismo de los Iglesias y las Belarra), si no fuera porque lo que confirma es algo mucho más grave: la determinación del independentismo de no dejar pasar la oportunidad para concluir el proceso de debilitamiento del Estado, así como la confirmación de la sospecha de que Sánchez, en lugar de poner fin a este peligroso disparate buscando el apoyo del primer partido de la oposición, está dispuesto, para mantenerse en el poder, a no poner obstáculos insalvables a ese ultrajante proceso.
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