El pasado día 28 de febrero, tuve la oportunidad de intervenir como experto en la Audiencia del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo (PE), solicitada por la asociación Asamblea por una escuela bilingüe (AEB), para tratar el tema del modelo de inmersión lingüística catalán que se viene aplicando en el sistema educativo. Además, Intervinieron en el panel Teresa Freixes, catedrática de Derecho constitucional, Jorge Calero, catedrático de Economía aplicada de la Universidad de Barcelona, y Manuel Acosta, doctor en Filología hispánica, actualmente diputado de Vox en el Parlamento catalán.
Los hechos expuestos, argumentos y motivos de las intervenciones pueden consultarse aquí.
La sesión se desarrolló con notable interés de los parlamentarios e invitados al acto, pese al boicot protagonizado por socialistas, verdes e independentistas que, según indicó la presidenta, habían sido convocados e invitados a consensuar la participación de expertos como es habitual según el reglamento y los usos parlamentarios. Antes de iniciar la sesión entraron en la sala los huidos de la Justicia española, Puigdemont, Ponsatí y acompañantes, hicieron su "numerito" y abandonaron la sala. En los días previos y posteriores a la Audiencia, los actores del rechazo al debate han propalado a través de medios y redes afines mentiras y descalificaciones personales (falacia ad hominem) ajenas a las buenas prácticas del debate democrático. Teresa, Jorge y yo somos profesionales; esa ha sido y es nuestra trayectoria pública.
Pretenden evitar que nada ni nadie cuestione las falacias de su argumentario que elude la realidad de los hechos y su significado para alumnos y familias
El motivo no declarado del boicot es la hegemonía del relato ideológico de los nacionalistas antiespañoles, diseminado en las instituciones europeas; llevan años y recursos empleados en transmitir por Europa y el mundo el mantra de las bondades de la "inmersión lingüística" catalana en la educación, obligatoria sólo para los alumnos de habla familiar o habitual española, y pobre de aquel que levante la voz. Pretenden evitar que nada ni nadie cuestione las falacias de su argumentario que elude la realidad de los hechos y su significado para alumnos y familias. La complicidad de los socialistas con los nacionalistas no se limita a este caso particular; se parece más a una pauta de conducta.
El control nacionalista de la escuela catalana cumple funciones de instrumentalización lingüística y de dominación ideológica. La imposición del catalán como lengua vehicular única y la exclusión del español forma parte de la estrategia de cambio lingüístico y cultural de los menores para ampliar la base social del secesionismo.
Esta estrategia opera a favor de fines políticos contrarios a la nación española y a los intereses educativos de los ciudadanos. Lo analizo brevemente:
A. Promueve fines políticos contrarios a la nación española. Pretenden (lo van logrando) modificar la estructura sociolingüística de España a través del fraccionamiento lingüístico y cultural. Son contrarios al valor constitucional del español como lengua común de larga tradición histórica en toda la nación, instituciones y territorios, compatible con los usos normales, no preferentes, de las otras lenguas cooficiales. Estas políticas atentan contra la unidad sociopolítica y cultural de la nación española.
El español es lengua propia de los ciudadanos catalanes, vascos y gallegos. Los ciudadanos de habla habitual catalana no tienen el derecho constitucional a exigir ser atendidos ni entendidos en catalán
El presidente de la Generalidad, Pere Aragonés, exige que los hablantes en catalán tienen derecho a ser atendidos y entendidos en catalán. Eso no está en la Constitución. Por el contrario, el orden constitucional establece la ciudadanía lingüística del español: "todos los españoles tienen el deber de conocer el español y el derecho a usarlo" (art. 3.1.). La doctrina constitucional, pese sus cesiones y contradicciones, establece que las otras lenguas cooficiales no son preferentes; los ciudadanos pueden aprenderlas, pero no tienen el deber de conocerlas ni de usarlas.
Las lenguas cooficiales son vehiculares en las instituciones y servicios públicos, en igualdad en documentos, rotulación y anuncios, pero sin imponer a funcionarios y trabajadores usos lingüísticos más allá del español, por ser la lengua común de todos los ciudadanos, incluidos los hablantes en catalán. Eso significa que el español es lengua propia de los ciudadanos catalanes, vascos y gallegos. Los ciudadanos de habla habitual catalana no tienen el derecho constitucional a exigir ser atendidos ni entendidos en catalán. En estas condiciones constitucionales, la comunicación entre dos o más interlocutores puede ser en español y en las lenguas cooficiales como es normal, pero, en todo caso, debe prevalecer la comunicación y el respeto como acontece en la vida civil, actualmente tensionada por la presión nacionalista a través de grupos, medios y agentes, muchos de ellos subvencionados con dinero público.
B. Actúa en contra de los intereses ciudadanos. Vulnera derechos personales (alumnos y profesores) especialmente en el sistema educativo. Los alumnos de habla familiar española sufren el atropello al excluir el derecho de aprender en su lengua materna o habitual con efectos negativos acreditados en rendimiento académico y autopercepción lingüístico-cultural. Las políticas lingüísticas impuestas mutilan derechos y causan daños objetivos a los intereses de los menores.
En la vida civil, la voluntad de poder nacionalista crea prescripciones, obligaciones, multas lingüísticas, como la impuesta a Ángel Centeno por no rotular su comercio en catalán, e incluso presiones hasta la intimidación y la violencia, como el caso reciente de la enfermera Begoña Suárez por expresar su opinión contraria al requisito de tener el nivel C-1 de catalán.
Ahora la Generalidad le abre expediente por cuestionar en las redes sociales su política lingüística.
La Asociación Impulso Ciudadano ha anunciado que denunciará ante el Defensor del Pueblo el acoso institucional que sufre Begoña, que coarta su libertad de expresión con el fin de imponer el silencio y el sometimiento.
Convivencia Cívica Catalana y Hablamos Español junto con 42 sanitarios han interpuesto Recurso Contencioso Administrativo contra el Instituto catalán de la Salud por las obligaciones de catalán en las oposiciones.
Las instituciones constitucionales y la educación de las sociedades libres no pueden dejarse en manos de nacionalistas étnico-identitarios, supremacistas y excluyentes; las utilizan para lograr fines opuestos al orden civil democrático y vulneran derechos fundamentales de los alumnos y profesores. Esta ha sido la trayectoria del nacionalismo catalán durante los últimos 40 años. Ha prosperado por intereses espurios de los líderes nacionales en contra del orden de principios y valores constitucionales, con la dejación y apaciguamiento irresponsable de los gobiernos de España desde la Transición democrática hasta el presente.
Actualmente, los nacionalistas y sus corifeos tienen un aliado en el gobierno Sánchez. Aprovechan la coyuntura para avanzar en el frente: ganar batallas identitarias, conseguir más poder, expandir su influencia en Europa, la ONU, y en las universidades más prestigiosas… Esperan tener también un aliado en el Tribunal constitucional con la politizada mayoría actual y la presidencia de Conde Pumpido.
La estrategia lingüístico-cultural catalana es hispanofóbica; su guerra cultural y política es una bomba de relojería contra España, su unión y futuro.
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