El denominado Plan de Acción por la Democracia constituye un paso más y un salto cualitativo en el proceso de destrucción, emprendido por la coalición social comunista desde su acceso al poder, de las dos instituciones sobre las que se sustenta una sociedad abierta: la democracia liberal y la economía de libre empresa. El objetivo de este proyecto orwelliano es uno sólo: acabar con la libertad de expresión. En España, a tal fin se han aprobado 31 medidas, similares a las empleadas por los regímenes autocráticos de todo tiempo y lugar para silenciar a los críticos del poder. Se pretende instaurar una Gestapo informativa al servicio del Gobierno de la Verdad.
El Plan gubernamental se ha intentado justificar con un argumento extensivo: “las democracias europeas sufren riesgos por bulos y desinformación”. Si esto es así, la mayor amenaza para el sistema democrático español es el propio Gobierno, con su utilización cuasi monopolística en la escena patria de la teoría y la praxis de la post verdad. Ningún Ejecutivo desde 1977 ha usado de manera tan constante como poco sofisticada el arte de la mentira política descrito por Jonathan Swifft en su hilarante y sarcástico panfleto así titulado. Pero esto es sólo el comienzo.
El Gobierno apela al artículo 20 de la Constitución y, en especial, a su apartado d), el derecho a una información veraz para legitimar su voluntad censora. Pues bien, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido muy clara al respecto. Ese mandato de la Ley de Leyes se ha interpretado como necesidad de veracidad subjetiva, es decir que el informante actúe con diligencia, contraste la información de forma adecuada a las características de la noticia y a los medios disponibles, porque exigir una verdad objetiva haría imposible o dificultaría en extremo el ejercicio de la libertad de información. (SSTC, entre otras, 6/1988, de 21 de enero, 240/1992, de 21 de diciembre; 47/2002, de 25 de febrero; 76/2002, de 8 de abril). Eso sí, tienen a Pumpido para alterar esa aquilatada doctrina jurisprudencial.
Ningún Ejecutivo desde 1977 ha usado de manera tan constante como poco sofisticada el arte de la mentira política
El Proyecto Mordaza dice garantizar la independencia editorial de los medios de comunicación. ¿En qué consiste eso? ¿En qué los propietarios de aquellos no tengan el derecho a decidir cuál es su posicionamiento? ¿En qué el Gobierno determine quién es o no independiente y, en definitiva, tenga la facultad de controlar su línea editorial? Esto no sólo vulneraría el artículo 20 de la Constitución sino también la libertad de empresa. Quienes deciden y han de decidir la suerte de cualquier plataforma informativa son sus usuarios-consumidores no los gobiernos. Es por tanto el mercado quien con su voto diario determina qué medios triunfan y cuales fracasan. Y, si un individuo/s por las razones que sean está dispuesto a perder dinero, por ejemplo, para defender determinados principios o intereses, tiene todo su derecho a hacerlo. De facto, el Gobierno hace esto pero con los impuestos de todos los españoles en la prensa, radio y televisión del Movimiento.
La demanda gubernamental de saber quiénes son los propietarios de los medios o quienes tienen participación en ellos es innecesario. Por un lado, los cotizados ya tienen la obligación legal de hacerlo público; por otro, el Registro Mercantil ofrece esa información en el caso de las empresas no cotizadas. La pretensión gubernamental no responde a criterio alguno de transparencia. Es un mecanismo para atemorizar a quienes invierten en los medios críticos al Gobierno y una amenaza latente a quienes lo hagan. El Gran Hermano sabe que estáis con el enemigo, ateneos a las consecuencias. Y, respecto a las potenciales concentraciones lesivas para la competencia, tampoco hace falta medida especial alguna; para eso está ya la CNMV cuyo control, por cierto, ostentan el Gobierno y sus aliados.
El Plan de Acción es un mecanismo para atemorizar a quienes invierten en los medios críticos al Gobierno y una amenaza latente a quienes lo hagan
Por otra parte, si determinadas informaciones producen daños a terceros o son bulos, dejar al Gobierno que decida sobre eso, es otorgarle un poder discrecional y abusivo. Abre un enorme portillo para que el Gabinete social comunista decida de forma arbitraria qué es o no lesivo y, por tanto, que es tolerable o no decir. Quienes gozan de una mayoría, por definición temporal, tendrán la potestad de censurar las ideas y las noticias que no les gustan, impedir su difusión o, por temor a sufrir represalias, extender la autocensura. Para más inri, el planteamiento gubernamental se atribuye funciones que corresponden a los jueces. Es una usurpación de atribuciones judiciales por parte del Ejecutivo.
El asalto perpetrado por el Gobierno contra la libertad de expresión es un hecho de una extraordinaria gravedad. Intenta liquidar o mediatizar la acción de todos los medios y profesionales críticos del poder con una combinación de medidas represivas unas y amenazantes otras, con la finalidad de acabar con las ideas y las informaciones que impugnan sus actos y su visión del orden político, social, económico y cultural en España. Y hay que plantear una ofensiva total contra su Plan liberticida. Como dijo George Washington: “Si nos quitan la libertad de expresión nos quedamos mudos y silenciosos y nos pueden guiar como ovejas al matadero”.
El Plan de Acción por la Democracia, su filosofía, se expresa muy bien en el preámbulo de la Ley de Prensa franquista de 1938: “Tan urgente como derribar los principios que pretendían dar a la Prensa como poder intangible -poseedora de todos los derechos y carente de todos los deberes- es el acometer la reforma de un estado de cosas que hacía vivir en la dificultad, cuando no en la penuria, todo el material humano agrupado en torno del periodismo, olvidado de antiguo por quienes, preocupados en garantizar el libertinaje de los periódicos, negaron su atención a los hombres que vivían de una profesión a la que habrá de ser devuelta su dignidad y su prestigio, sólo defendido antes por un grupo de periódicos tan reducido como ejemplar”. ¡Viva Sánchez! ¡ Arriba España!
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