La Constitución española expresa en su artículo 99 que “el Rey, previa consulta con los representantes designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno”, es decir, es al Rey a quien corresponde realizar la propuesta de investidura al Congreso de los Diputados a través del Presidente del Congreso, que en este caso es quien refrenda el acto.
Como militante socialista, quiero expresar nuevamente mi escepticismo sobre que los responsables socialistas puedan responder a la confianza que se ha depositado en ellos en las recientes elecciones generales
El procedimiento de la designación del candidato, al ser nuestra democracia representativa, es ciertamente complejo cuando ningún partido político o coalición electoral ha obtenido mayoría absoluta, como ocurre en el momento actual, tras las elecciones del 23j. En la situación que nos ocupa, no se trata de que el Rey proponga automáticamente (insisto, automáticamente) la lista que haya recibido mayor número de votos, sino de que designe a un candidato que, una vez oídos los distintos representantes de las fuerzas políticas, concite en su entorno el mayor respaldo.
La actuación del Rey es verdaderamente difícil, dada las complicaciones surgidas por la incorrección política de determinados grupos políticos de declinar acudir a la consulta regia, comportamiento que, aunque no es nuevo, ello no impide poner una vez más de manifiesto la deslealtad constitucional con la que actúan esos grupos políticos y, en cuanto representantes de la soberanía nacional, el desprecio que muestran hacia todos los ciudadanos.
Al no tener el Rey un conocimiento directo y detallado de esos representantes ausentes, no podrá formarse una opinión certera sobre las consistencias de los apoyos
Se podrá argüir que esos representantes han hecho pública su postura a través de los medios de comunicación, del Presidente del Congreso o del propio candidato que postula su confianza. En mi opinión, ninguno de esos caminos es el apropiado, ya que, al no tener el Rey un conocimiento directo y detallado de esos representantes ausentes, no podrá formarse una opinión certera sobre las consistencias de los apoyos, como sí ha ocurrido, sin embargo, con el representante del PNV.
En la actual situación, la doctrina y la sensatez política insisten con razón en recordar que no se puede implicar al Rey en las disputas de los partidos políticos en la lucha por el poder, ya que, aun reconociendo que es un acto discrecional el que lleva a cabo para proponer candidato -parte de la doctrina entiende que la “facultad de propuesta es absoluta y libérrima, solamente limitada por las previas consultas con los representantes”-, no es menos cierto que al monarca le es exigible la neutralidad. Como explica el Tribunal Constitucional, esa neutralidad le es requerida porque lo sitúa en una posición supra parte, que le permite relacionarse con los poderes e instituciones del Estado, facilitando el funcionamiento efectivo de estos. (sentencia TC 98/2019).
Cabría preguntarse legítimamente, ante el engorroso panorama político, si nuestros representantes y dirigentes asumen la responsabilidad de gobernar en beneficio de todos los ciudadanos
Por ello estimo muy acertada la decisión del Rey de proponer al señor Núñez Feijóo como candidato a Presidente del Gobierno. El Rey ha actuado con una exquisita neutralidad. Es oportuno, además, recordar muy especialmente al conglomerado Sumar, por las críticas vertidas sobre la designación del candidato del PP (que no por esperadas dejan de ser inmaduras), que el aspirante Sánchez, actual Presidente del Gobierno en funciones, a tenor de las declaraciones públicas realizadas por los grupos políticos con representación parlamentaria con los que negocia, tampoco habría logrado hasta el momento con total certeza el apoyo definitivo en torno a su candidatura.
Cabría preguntarse legítimamente ante el engorroso panorama político si nuestros representantes y dirigentes asumen la responsabilidad de gobernar en beneficio de todos los ciudadanos; es decir, de preocuparse por una convivencia respetuosa y estable en torno al marco legal constituido, algo que es primordial incluso para modificarlo.
¿Serán capaces durante los debates de investidura los dos grandes partidos de establecer un marco de pactos transversales que permitan la formación de un gobierno estable y sólido como para afrontar con éxito la superación de los graves problemas que tenemos los españoles?
Son indudablemente problemas de gran calado. Entre ellos, debe destacarse que es preciso adaptar urgentemente nuestro sistema económico a los criterios de sostenibilidad ambiental (agricultura sostenible, gestión de basuras electrónicas y plásticos, diversidad marina, etc.); incrementar la productividad de nuestras empresas (incremento del potencial de las medianas empresas, superación de las carencias en el desarrollo del capital humano, mejoras de los registros de I+D+i), y disminuir la tasa de desempleo (la más alta de la UE), en especial, el paro juvenil. Junto a los retos anteriores, la UE nos reclama que en los próximos dos años ajustemos los desequilibrios fiscales (la deuda pública, una de la más alta de la Unión, y el déficit público); garanticemos la sostenibilidad de las pensiones, la recuperación del sector industrial, la digitalización, la disminución de las desigualdades y la capacidad de inversión verde.
Todo lo anterior, sin olvidar que es perentoria la agilización de la tramitación y utilización de los fondos europeos, una fuente de inversión espectacular que la Unión Europea ha puesto solidariamente en nuestra mano para impulsar el desarrollo económico y mantener el bienestar social de los españoles, cuya aplicación dista mucho de estar aprovechándose eficazmente.
Poco se puede esperar ahora de los dirigentes de un partido que, desoyendo las exigencias de la Constitución, negocian acuerdos que son contrarios al programa del PSOE
Como militante socialista, quiero expresar nuevamente mi escepticismo sobre que los responsables socialistas puedan responder a la confianza que se ha depositado en ellos en las recientes elecciones generales. Hasta ahora, siempre he mantenido una leve esperanza de que el PSOE recuperara su compromiso con la España socialmente diversa y volviera a ser una organización política clave de la convivencia democrática avanzada entre los españoles, como lo ha sido durante décadas.
Poco se puede esperar ahora, sin embargo, de los dirigentes de un partido que, desoyendo las exigencias de la Constitución de que su estructura y su funcionamiento sean democráticos, negocian acuerdos que son contrarios al programa del PSOE, en el que se incluyen la defensa de la Constitución y del ordenamiento jurídico, sin consultar a los militantes. Aunque aún tengo la esperanza de que se produzca una rectificación que me desdiga.
Para avalar lo afirmado en el párrafo anterior, recuerdo algunas afirmaciones y posturas adoptados por dirigentes socialistas en estas últimas semanas. La presidenta del Congreso, señora Armengol, declaraba que, a partir de la constitución de la mesa de la Cámara, se podrían utilizar el euskera, el catalán y el gallego en los debates parlamentarios (luego tuvo que rectificar añadiendo que ello sería cuando se produjeran los cambios legales pertinentes), al parecer, por la exigencia de los grupos independentistas. Resulta paradójico que, por exigencias de algunas de esas fuerzas políticas independentistas (ERC y Junts, entre otros), se habilite el uso de otras lenguas cuando esos partidos aplican el apartheid lingüístico en los colegios de Cataluña y vigilan a los niños en los recreos para que no hablen en la lengua común de todos los españoles, entre otras muchas agresiones y desigualdades de carácter lingüístico que violan el principio de igualdad consagrado en la Constitución.
Se baraja la “desjudicialización del procés”. ¿Cómo es posible desjudicializar un delito? La comisión de los delitos perpetrados fue juzgada y sus autores condenados
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, señor Albares, estando en funciones, dirige una carta a la Presidencia del Consejo de la Unión Europea en la que traslada la decisión del Gobierno de España de solicitar la inclusión del catalán, el euskera y el gallego, lenguas distintas del castellano que gozan de estatuto oficial en España, afirmación esta ladinamente inexacta, ya que, según el artículo 3.2, “las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas”, sin citar además en la misiva en qué reunión del Consejo de Ministros se tomó tal decisión.
Otra de las cuestiones preocupantes que circulan en el “zoco” en el que negocian los independentistas y los socialistas con objeto de lograr los apoyos necesarios para que el secretario general del PSOE sea investido Presidente del Gobierno, es que se baraja la “desjudicialización del procés”. ¿Cómo es posible desjudicializar un delito? La comisión de los delitos perpetrados fue juzgada y sus autores condenados (aunque alguno de ellos haya sido parcialmente indultado). Lo que se pretende con esa retórica un tanto estrafalaria es descalificar a la justicia española, acusándola de estar politizada, es decir, al servicio del Gobierno. Pues bien, hay que recordar que los jueces actuaron como lo hacen contra los delincuentes, aplicando el código penal y todas las garantías procesales. La aceptación de esta exigencia independentista supondría también una grave transgresión del principio de igualdad.
Los que conceden el marchamo de “progresista” son los representantes del populismo territorial reaccionario, herederos del carlismo, cuya orientación política se basa tanto en la exclusión de aquellos que no piensan como ellos, como en la destrucción de España
Pero lo más tremebundo para las personas con sensibilidad progresista -al menos, para una parte significativa de la misma- es que los dirigentes socialistas califiquen al presunto próximo gobierno acuñado ya como el Frankenstein II como un Gobierno apoyado por grupos parlamentarios progresistas. Al parecer, a juicio de ese sector de socialistas, ser progresista es compatible con pactar con un prófugo de la justicia, ceder a los chantajes independentistas y apoyarse en los albaceas del terror. En fin, que los que conceden el marchamo de “progresista” son los representantes del populismo territorial reaccionario, herederos del carlismo, cuya orientación política se basa tanto en la exclusión de aquellos que no piensan como ellos, como en la destrucción de España.
¿Será posible un cambio de rumbo en la actitud de los responsables de los partidos centrales durante el periodo de debate de los programas políticos de gobierno que se ha abierto con la designación de Núñez Feijóo? Mucho me temo que no; pese al deseo de un electorado muy mayoritario que ha mostrado su rechazo a los extremistas del arco parlamentario y a los independentistas. Lamento creer que de nuevo se perderá la ocasión que tenemos de que España consolide su desarrollo, renunciando con ello a los avances que podrían lograrse con un pacto transversal inteligente de las dos fuerzas centrales constitucionalistas que reúnen 258 diputados, número suficiente incluso para introducir las reformas legales que nos permitan mejorar el ordenamiento jurídico.
Soy consciente de la célebre frase de Ortega Gasset cuando decía que “los esfuerzos inútiles conducen a la melancolía”. No será ese mi caso, pues sigo pensando que aún es posible otra manera de hacer política y gobernar, en la que la visión de estado de nuestros dirigentes anteponga el bien común público a la pulsión meramente personal. Hasta este extremo llega mi ingenuidad, señoras y señores lectores.
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