Siempre hay un día ‘D’. Aparece como punto de inflexión en toda historia que merezca tener su hueco en un libro de historia. El procés se ha salpicado de varios días ‘D’. Pero sólo ha habido uno en lo económico: aquel miércoles 4 de octubre. El día en que Caixabank y Sabadell decidieron poner un cortafuegos al barco económico a la deriva y contra las rocas que dibujaban los líderes del destituido Govern. Una hoja de navegación argumentada entre mentiras, promesas falsas y un total desconocimiento de cómo funcionan las tripas del mundo económico y financiero, por parte de Carles Puigdemont. “Si mantenéis la sede, tras proclamarse la república catalana, vuestros clientes seguirán protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos español. ¡Qué no os cuenten mentiras desde Madrid!”, le espetó el frustrado ‘Mesías’ a un banquero en la reunión que mantuvo ese 4 de octubre de marras. “Pero, president”, le contestó el banquero, “tras la independencia, Cataluña sería otro Estado y quedaríamos fuera del paraguas del Fondo de Garantías español que se nutre de la aportación de la banca española”. “Pues entonces”, respuesta de traca de Puigdemont, “ya os salvará Europa como salvó a los bancos españoles en 2012”.
El encuentro de este banquero con Puigdemont se celebró después de una charla previa con Oriol Junqueras. El tono y los argumentos fueron radicalmente opuestos con el hombre que llevaba las finanzas en el destituido Govern. “Entiendo que os llevéis la sede fuera de Cataluña, porque no os podéis quedar fuera del paraguas del Banco Central Europeo”, llegó a decir Junqueras en ese encuentro. Su visión independentista nunca le llegó a nublar, como a Puigdemont, el sentido común. Junqueras siempre supo que la independencia era inviable desde el punto de vista económico. Lo demuestra ese pinchazo telefónico, recogido en un informe de la Guardia Civil, en el que Josep Lluís Salvadó, su número dos, reconoce a uno de sus colaboradores –la conversación se celebró el pasado 30 de agosto- que la independencia de Cataluña era “del todo inviable ya que aún carecía de muchas cosas necesarias, como control de aduana o banca propia”.
Aquel 4 de octubre, y sus circunstancias, los dos bancos catalanes acordaron el cambio de sede. La sangría en depósitos, mucho más que los 4.000 pírricos millones que anunció la ministra de Sanidad, prendió la mecha. Inició la primera de las varias conversaciones que mantuvieron Josep Oliu e Isidro Fainé, presidentes de Sabadell y el mandamás del universo La Caixa, ese día. “Nosotros nos vamos”, le dijo Oliu a Fainé, por la mañana. “Nosotros también queremos pero no podemos”, le respondió Fainé, en la primera conversación del día. Fue un día de muchas llamadas y contrallamadas entre Barcelona y Madrid. Pero también entre Barcelona y Barcelona. Y de Madrid a Madrid. Fainé comenzó entonces una negociación exprés con el Gobierno para conseguir esa puerta de escape con la que poder trasladar la sede de Caixabank, el banco cotizado, sin necesidad de tener que esperar a aprobarlo vía Junta de accionistas. Su negativa, hace dos años, a cambiar los estatutos para que el asunto fuese una mera decisión del Consejo de administración le situó entonces en ese brete.
El asunto entre los mundos de la Moncloa y La Caixa se desatascó por la tarde mediante un real decreto ad hoc para La Caixa. De nuevo, funcionó el ‘too big to fail’. El Gobierno no podía permitirse ningún tipo de tormenta alrededor de Caixabank, una de las entidades sistémicas del sistema financiero, después de la liquidación exprés de Popular. Y Fainé no podía permitirse mantener la sede de Caixabank en ese entorno lleno de incertidumbres que es ahora Cataluña. El Gobierno sólo puso una condición para la redacción del RD: el traslado fuera de Cataluña de todo el universo empresarial de La Caixa. Ergo la salida de las empresas que soportan el pedigrí del PIB catalán: la Fundación La Caixa, Caixabank, Gas Natural y Abertis. Pero también de otras empresas con las que La Caixa mantiene otro tipo de vinculación menor como es el caso de Suez, propietaria de Aguas de Barcelona. Fainé trasladó a Oliu el contenido del acuerdo durante la tarde de ese miércoles 4 de octubre. “¿Y qué vas a hacer?”, le preguntó Oliu. “He dicho que sí”, respondió Fainé.
“No se podía aguantar más. El miércoles nos fuimos con la sensación de que el esfuerzo realizado para sacar adelante la entidad se vendría abajo si no tomábamos rápido la decisión del cambio de sede”
Despejado el marrón que tenía La Caixa, las salas de máquinas de ambas entidades se pusieron a trabajar en el anuncio del cambio de sede. Ya no era sólo la importante salida de depósitos, sino el enorme volumen de órdenes de venta de acciones de sabadeles y caixas amontonado tras el cierre del mercado y que ejercerían de guillotina en los primeros instantes de cotización al día siguiente. La preocupación era máxima. Todas las alarmas encendidas. Había llegado el momento de pulsar el botón rojo. Y ambas entidades iban a hacerlo de forma conjunta. Así se viene pactando entre ambas cúpulas desde hace un par de años, cuando la escala secesionista ha ido tomando más peso. “No se podía aguantar más. El miércoles todos nos fuimos a casa con la sensación de que el enorme esfuerzo realizado para sacar adelante la entidad desde 2012 se vendría abajo si no tomábamos rápido la decisión del cambio de sede”, explica otro directivo bancario del mundo financiero catalán.
El anuncio del jueves 5 de octubre calmó el ataque en Bolsa y revertió la tendencia de la millonaria fuga de depósitos a los pocos días. Nunca conoceremos la cifra exacta de los miles de millones que se les escaparon a Sabadell y Caixabank en los cinco días siguientes al 1-O. Fugas de dinero por despecho, por castigo o, simplemente, por miedo. Será difícil encontrar la concreción exacta hasta en las estadísticas que aportan periódicamente las patronales bancarias o el propio Banco de España. El pacto silencioso del sector financiero es claro para no deslizar ningún tipo de cifra. Todos los consejeros delegados que presentaron resultados, la pasada semana, se apostillaron en la dificultad para conocer el movimiento de saldos para responder a la pregunta de cuántos depósitos captaron (Santander, Bankinter y BBVA) o cedieron (Sabadell y Caixabank) durante esos días. Una pirueta dialéctica –y nada creíble- que contrasta con la intensa monitorización que efectuaron todas ellas (perjudicadas y beneficiadas), oficina a oficina, durante esos días.
Aquel día ‘D’, cualquier mínima posibilidad de que el procés saliera adelante quedó totalmente enterrada. ¿Por qué Sabadell y Caixabank no tomaron antes la decisión del cambio de sede? “Hacerlo significaba que los inversores de todo el mundo daban por bueno el escenario de una posible independencia. Hace un año la situación no era, ni por asomo, la que se ha vivido en las últimas semanas”, asegura la fuente. No le falta razón. Desde entonces, comenzaron a rubricarse múltiples informes de bancos de inversión sobre los impactos en la economía catalana y española de la posible independencia de Cataluña. Un castigo que quedará en parte suavizado tras la aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno.
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