En febrero de 2009, el entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, situó muy arriba (o muy abajo, depende como se mire) el listón de las dimisiones. Tuvo que abandonar por la puerta de atrás el Palacio de Parcent tras participar en una cacería, en Jaén, con una licencia emitida por la Comunidad de Madrid pero inservible como documento de uso legal en Andalucía. Una de esas absurdidades que han florecido al amparo de la proliferación de normas y tasas autonómicas, pero razón sobrada para que el titular de la cartera que en mayor medida está obligado a cumplir la legislación vigente se viera obligado a pedir disculpas y decir adiós.
La inutilidad de la licencia de caza madrileña fue la causa, pero sería el conocimiento de la personalidad de sus compañeros de montería el causante de la durísima presión política que siguió a la revelación del episodio. Junto al ministro, compartieron jornada cinegética ilustres escopetas nacionales, destacando por encima de todas ellas la de Baltasar Garzón, que en aquel momento, ¿pura coincidencia?, estaba al frente de la investigación judicial de la conocida como “trama Gürtel”. Por cierto, que en la lista de invitados también aparecía el nombre de la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Sin escopeta, que se sepa.
Lo lógico es que la Fiscalía acabe pidiendo la comparecencia de Bousselham y ésta retire la denuncia, único modo de librar a Iglesias de una posible elevación de la causa al Supremo
El caso es que, entre unas cosas y otras, al bueno de Fernández Bermejo le salió cara la cacería y fue sustituido por Francisco Caamaño, mientras que Garzón siguió en su sitio hasta que tres años después el Tribunal Supremo le condenó de forma unánime a once años de inhabilitación por un delito de prevaricación relacionado con ciertas “irregularidades” detectadas, precisamente, en la instrucción de la Gürtel. Lola Delgado no fue removida de su puesto de fiscal de la Audiencia Nacional. Nadie vio motivo alguno. Y ahora, caprichos del destino, a la ya fiscal general se le pide que haga todo lo que esté en su mano, que es mucho, para poner fin a otra “cacería”, que es como Pablo Iglesias quiere presentar los oscuros hechos que rodearon la pérdida y posterior destrucción de la tarjeta SIM de doña Dina Bousselham, ex asistente de Iglesias.
Solo que ya no cuela. Ya no hay sitio para tanta mentira. Ya se le terminó al vicepresidente del Gobierno el margen de cinismo, tan holgado cuando el entorno en el que se practica es el de la política. Y es que el feo asunto Iglesias&Bousselham tiene varias y puntiagudas derivadas, a cada cual más comprometedora, empezando por la que amenaza con convertir a Pablo Iglesias en una caricatura de lo que prometió ser. Iglesias saldrá del apuro, no lo duden (ahora voy con eso), pero a cambio habrá de pagar el correspondiente peaje. Pedro Sánchez se ha puesto en este episodio de perfil. No comment. Dejará hacer, dará las instrucciones oportunas cuando llegue el momento, que ya no puede tardar, pero en el entretanto no va a dejar pasar la ocasión para bajarle los humos al vicepresidente “social”, tan predispuesto a apropiarse de las buenas noticias y tan desaparecido cuando vienen mal dadas.
El dopado era Unidas Podemos
Y cuando llegue ese momento, cuando el césar apunte con el pulgar hacia el cielo ya inalcanzable, lo que muy probablemente ocurrirá es que la Fiscalía pida la comparecencia de Bousselham y ésta acuda rauda al juzgado a retirar la denuncia, único modo de cerrar el caso y librar a Iglesias de una posible elevación de la causa al Supremo para que el alto tribunal decida si investiga al vicepresidente como presunto autor de un delito informático y otro de revelación de secretos. Si no hay perjudicados, no hay tema. El precio a pagar es desmentirse a sí mismos, abandonar todo afán de que se haga justicia contra lo que llaman el “clan de los villarejos”. La contrapartida, la paz judicial del vicepresidente segundo del Gobierno.
Esto será lo que suceda, o algo muy parecido, pero después ya nada será igual. El robo del móvil de la que fue su asistente, Dina Bousselham (si es que hubo tal robo, porque cualquier hipótesis parece a estas alturas posible), sirvió para que en las elecciones de abril de 2019 Pablo Iglesias se construyera una imagen de perseguido por los tenebrosos poderes del régimen del 78 y reactivara una campaña que no pintaba nada bien. La operación salió redonda y Podemos aminoró daños. “El PP no solo acudió dopado a las elecciones, sino que además se valió de las cloacas del Estado (…) para tratar de evitar que Podemos formase parte del Gobierno”, insistía todavía Iglesias, no hace mucho, en un tuit. Ahora, gracias a las investigaciones del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, sabemos que quien iba dopado, a hombros de una descomunal mentira, era él.
Cuando el juez dé carpetazo al asunto, todo habrá acabado, y la verdad, probablemente, quedará para siempre enterrada bajo una enorme montaña de estiércol
Pablo Iglesias no tiene la menor intención de dimitir. En estricta puridad jurídica, no hay razón para exigirle tal cosa. Una formalidad procedimental, la ausencia de persona perjudicada en el trámite instructor, le acabará exonerando de cualquier responsabilidad penal. Cosa distinta sería si evaluáramos el comportamiento del vicepresidente con criterios exclusivamente éticos.
Fernández Bermejo no solo dimitió porque su licencia no sirviera para la práctica de la caza en las fincas de Andalucía; lo hizo, sobre todo, porque en aquella ocasión no parecía ni ético ni estético que un ministro de un partido confraternizara con el instructor de una causa abierta contra el primer partido de la oposición. El carné equivocado y las apariencias se llevaron por delante a Bermejo. Por el contrario, nunca sabremos quién ordenó la destrucción a conciencia de la tarjeta de Dina Bousselham; tampoco por qué Iglesias la retuvo durante meses en su poder; ni quién montó la operación de filtrar parte de su contenido para construir la apariencia de que había una operación en marcha contra Pablo Iglesias y Unidas Podemos. Cuando el juez dé carpetazo al asunto, todo habrá acabado, y la verdad, probablemente, quedará para siempre enterrada bajo una montaña de estiércol. Fernández Bermejo es un hijo del “régimen del 78”; Pablo Iglesias uno de los padres de la “nueva política”. Ahí lo dejo.
La postdata: daños colaterales
En febrero 2016 el comisario Villarejo, a ojos de la mayoría de los mortales, era un policía respetable. Cuando el director y el subdirector de Interviú, Alberto Pozas y Luis Rendueles, le hicieron entrega de una copia de la tarjeta, estaban actuando a requerimiento de un destacado miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado, como en tantas ocasiones se ha hecho, do ut des, no de un presunto delincuente. Pozas ya había tomado la decisión de no publicar nada de lo que aquella tarjeta contenía. Pozas recomendó a su editor, Antonio Asensio, que la tarjeta le fuera entregada a Pablo Iglesias. Si el periodista hubiera formado parte de esa trama oscura que denunció el líder de Podemos, probablemente habría decidido publicar parte de su contenido, y jamás habría sugerido al entonces presidente del Grupo Zeta la devolución de la SIM. Asensio se habría enterado de su existencia leyendo Interviú. Todo eso lo sabía Iglesias. Pero la verdad no encajaba en el guion de serie televisiva que el hoy vicepresidente había construido para remontar en las elecciones de abril de 2019 a lomos del fantasma de las cloacas del Estado. Acusó despiadadamente a personas que sabía inocentes. “Daños colaterales”, llama aún hoy a tamaña indecencia. A Pozas le puso Sánchez de patitas en la calle. Ahí sigue. Nadie todavía ha salido en defensa de los periodistas. Maldito oficio. Ya solo el juez puede poner fin a tanta ignominia. Aunque quizá ya sea demasiado tarde
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