¿Sería legal una asociación que promoviera la legalización de las drogas? Pues sí, seguro que ya la hay. Pero ¿qué ocurriría si esa asociación convocara en su sede reuniones para hablar de la cuestión mientras se venden sustancias ilegales? Pues que se cometerían delitos por quienes vendieran y sería razonable que se promoviera la disolución de la asociación, dado que los fomenta y facilita.
La propuesta del PP de introducir la "deslealtad constitucional" y la disolución de partidos que convoquen referéndums ilegales se plantea en el mismo esquema jurídico. Se suele decir que nuestra Constitución no es militante en el sentido de que, al ser abierta, acoge cualquier proyecto político, incluso aquellos que pueden suponer un ataque a la Constitución o a la democracia misma (aunque algunos como Sosa Wagner, Mercedes Fuertes y de Miguel lo matizan). Eso permite que existan asociaciones o partidos que tengan por objeto romper la unidad de España, pretendan la vuelta a la democracia orgánica, la supresión de las autonomías o cualquier otra cosa, siempre que actúen por procedimientos legales y cumplan los requisitos formales de reforma de la Constitución. Por eso no hay posibilidad de disolver a los partidos sólo porque sean independentistas.
No es raro en este mundo hiperbólico en el que una referencia a fregar escaleras se equipara a entregar una alcaldía a partidos filoterroristas o apalear a un monigote se asimile casi al Holocausto
Pero la propuesta del PP no plantea disolver los partidos independentistas por ser contrarios a los principios constitucionales, sino por utilizar medios que ahora están prohibidos o incluso constituyen delito. Son bastante inconsistentes las críticas que hablan de una posible inconstitucionalidad de la propuesta, aunque no es raro en este mundo hiperbólico en el que una referencia a fregar escaleras se equipara a entregar una alcaldía a partidos filoterroristas o apalear a un monigote se asimile casi al Holocausto-
Además, no es nada nuevo: ocurrió con la disolución de Batasuna a través de la modificación de la ley de Partidos de 2002, que en poco tiempo permitió dejar sin medios materiales y soporte a la banda terrorista ETA, lo que condujo a su inoperancia y extinción. Tal decisión fue considerada compatible con la Constitución por el TS por el TC y también por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que la consideró viable respecto a partidos políticos cuyos líderes inciten a utilizar la violencia o propongan una política incompatible con una o más reglas de la democracia o tengan por objetivo (atención aquí, que va más allá de nuestro sistema) la destrucción de la democracia y la vulneración de los derechos y libertades protegidos en una democracia.
Para Popper, los únicos motivos para ser intolerante con otro intolerante son que este recurra a la violencia y que no argumente en el ámbito de la razón
Sin embargo, con la ley actual en la mano, no parece que se puedan disolver los partidos “desleales” ni aunque convoquen referéndums ilegales o insten a la sedición, porque esos casos no están expresamente previstos, y este tipo de normas son de interpretación restrictiva (lo estudiamos en Hay Derecho). Por ello, la propuesta del PP puede tener sentido, pues en definitiva trata de reforzar las armas de que el Estado dispone frente a quienes tratan de usar indebidamente los instrumentos del Derecho para atacar el mismo sistema democrático. Hay que recordar aquí la llamada 'Paradoja de la Intolerancia' de Karl Popper: si una sociedad es ilimitadamente tolerante, su capacidad de ser tolerante será finalmente reducida o destruida por los intolerantes. La sociedad tiene que ser intolerante con la intolerancia. Para Popper, los únicos motivos para ser intolerante con otro intolerante son que este recurra a la violencia y que no argumente en el ámbito de la razón (pues "mientras podamos contrarrestarlas mediante argumentos racionales y mantenerlas en jaque ante la opinión pública, su prohibición sería, por cierto, poco prudente").
En España nos hemos quedado desgraciadamente inermes ante ciertos desafíos internos debido a una descentralización que, aunque buena y enriquecedora en general, en la práctica ha estado presidida por el desorden y el chalaneo, debido a la indefinición constitucional de las competencias y a un sistema electoral que ha propiciado que los partidos mayoritarios dependan de los nacionalistas. Si le añadimos hoy, en el paroxismo de la lenidad y el mercadeo, la desaparición del delito de referéndum ilegal y de la sedición, la reforma de la malversación y la amnistía a cambio de un precario apoyo parlamentario, la debilidad y anemia del sistema inmunitario legal es inevitable. Sin duda, para corregir estas disfunciones es necesario un pacto de Estado que afectaría a muchas normas e implicaría un debate del que no debería excluirse la modificación del sistema hacia una democracia militante -como tantos países de nuestro entorno-, el reforzamiento de la neutralidad de las instituciones de control o la conveniencia de exigir un mínimo de un 5% y presentación en varias provincias para acceder al Congreso, para así asegurar que se dedica a asuntos generales, reservando el Senado para los territoriales. Cuando el poder real se reduce, los malos incentivos se reducen también; y si aun así se saltaran las reglas, disponemos del Código Penal y la disolución.
Si se les va a amnistiar, imagínense ustedes si cabe aprobar que se les ilegalice
Pero, claro, para eso han de darse las condiciones políticas adecuadas: voluntad de consenso mayoritario y líderes dispuestos a hacer lo que hay que hacer. Por eso, la propuesta del PP como enmienda a la ley de Amnistía es correcta pero extemporánea. Decía Ignatieff: "Cuando llamamos a la política el arte de lo posible nos referimos a lo que es posible aquí y ahora". Y, lamentablemente, este no es el momento de esta propuesta. Es más, distrae la atención –otro signo de nuestros tiempos- de lo que es verdaderamente importante: la cuestión de la amnistía. Si se les va a amnistiar, imagínense ustedes si cabe aprobar que se les ilegalice. Pero todavía se entiende menos que este martes se hablara de "suavizar" o de "comunicar mejor" la propuesta, como si no fuera justa y necesaria. Volviendo a Ignatieff, "las explicaciones siempre llegan demasiado tarde". Quizá es que la propuesta se enmarca en el dilema fundamental que tiene el PP: la postura que va a adoptar ante el competidor que tiene en su espacio político, Vox; cuestión esencial de la que depende, a la postre, la obtención de una futura mayoría. Mi opinión es que no es buena táctica decir lo que convenga en función de cómo se presenten y dónde sean las siguientes elecciones o de dónde vengan las críticas, sino que es preciso mantener un criterio único y sostenido que genere una afección permanente a un determinado proyecto político, sólido y fiable. Pero qué sabré yo en un mundo lleno de gurús y politólogos.
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