En contra de lo que piensa la coalición de extrema izquierda que nos gobierna, el Impuesto sobre los Beneficios Empresariales es enormemente dañino para el bienestar de los trabajadores. Entender los canales por los cuales la subida de este impuesto perjudica tanto, o acaso más, a los asalariados de rentas medias y bajas que a las personas de rentas altas o con altos patrimonios debería ser materia de obligado estudio para los responsables de la política económica.
Lo primero que hay que entender es que los impuestos no recaen sobre las empresas sino sobre las personas. Las empresas ciertamente remiten a la hacienda pública el importe del impuesto de sociedades pero quienes realmente lo pagan son las personas cuya renta se merma por esta figura impositiva. Esto debería ser fácilmente comprensible para todos sin más elaboración. Los siguientes pasos, sin embargo, exigen ya un leve esfuerzo intelectual. Se trata de determinar qué personas verán mermada su renta por la subida del impuesto de sociedades.
Huelga decir que las personas proporcionalmente más perjudicadas por esta derivada del impuesto de sociedades son los trabajadores de rentas medias y no muy altas que son los usuarios mayoritarios de los servicios bancarios
En una primera instancia es indudable que las personas afectadas serían los accionistas de las empresas, que recibirán menores beneficios de los que obtendrían en ausencia de la subida de dicho impuesto. Se ha de hacer notar que los principales accionistas de la mayoría de las grandes empresas son fondos de inversión o de pensiones cuyos partícipes son, en una medida no desdeñable, personas de renta media o no muy alta. Volviendo a la secuencia de efectos de la subida, las empresas son entes que persiguen maximizar el beneficio disponible, de manera que si se sitúa el mismo por debajo de lo esperado, emprenderán acciones encaminadas a incrementarlo. Consiguientemente, ante la subida del impuesto, los representantes de la propiedad de la empresa reaccionarán intentando subir precios o reducir costes para alcanzar el nivel de beneficios que tendrían sin dicha subida. Dicho en el argot hacendístico, intentarán trasladar la carga del impuesto a sus clientes y proveedores de inputs o servicios productivos. En el caso de la banca, por ejemplo, su reacción consiste en elevar o bajar menos de lo que lo habrían hecho si no hubiera subido el impuesto los intereses de sus créditos hipotecarios, al consumo, a las empresas, etc, y sus comisiones de todo tipo, al tiempo que suavizarán la subida salarial o acentuarán el ajuste de plantillas. Huelga decir que las personas proporcionalmente más perjudicadas por esta derivada del impuesto de sociedades son los trabajadores de rentas medias y no muy altas que son los usuarios mayoritarios de los servicios bancarios. Las mismas consecuencias negativas se producen en el resto de empresas perjudicadas por la subida del impuesto. Así, cuanto mayor sea el nivel del impuesto de sociedades, mayores serán los precios de ciertos bienes y servicios y menores serán los niveles de los salarios o el empleo.
La magnitud de los efectos anteriores depende evidentemente del porcentaje de la carga del impuesto que las empresas puedan desplazar a sus clientes y suministradores de inputs, porcentaje que en promedio puede rondar el 40% según el consenso de estimaciones. Las consecuencias más dañinas para los trabajadores y para la sociedad en su conjunto, sin embargo, proceden de la parte de la carga que no puedan trasladar. Estos son los efectos menos visibles pero de mayor impacto económico sobre los trabajadores y sobre la sociedad en su conjunto. Si el beneficio se restringe se reducirá la inversión, sobre todo en aquellos países, como es el caso del nuestro, en los que las deducciones del impuesto por beneficios no repartidos, amortizaciones y reinversiones son comparativamente nimias. La menor inversión reduce el capital por empleado y debilita la aplicación de los cambios tecnológicos, lo que ralentiza el ritmo de avance de la productividad, el principal determinante del crecimiento de los salarios reales. No es sorprendente, por tanto, que en España, uno de los países desarrollados que peor trata fiscalmente los beneficios, haya tenido en los últimos años uno de los ritmos de crecimiento más bajos de la inversión privada no residencial y del avance de la productividad e inevitablemente también de los salarios reales.
La extrema izquierda profesa una ideología que le hace inmune al conocimiento económico y a la ley de los silogismos mientras que la izquierda ha decidido, por necesidad o convicción, seguir a la extrema izquierda.
La situación se agrava, si los fondos absorbidos mediante el impuesto se destinan total o mayoritariamente al consumo público, como viene sucediendo en nuestro país desde hace tiempo. No sólo el impuesto de sociedades y las limitadas deducciones fiscales del mismo permitidas en nuestro país actúan en contra de la inversión privada no residencial sino también la doble tributación de los beneficios, primero a través del impuesto de sociedades y después mediante la tributación de los dividendos. Esta doble tributación, especialmente onerosa en nuestro país, desvía recursos a la inversión residencial y es una de las causas de su elevado nivel en comparación con otros países europeos. Es un hecho incuestionable que los países europeos de mayor renta per cápita, así como los que han registrado un mayor crecimiento anual medio de la misma a lo largo de los últimos diez años son los que tienen la tributación efectiva de los beneficios más baja. Entre los primeros, se puede citar a Dinamarca, Suecia, Irlanda o Suiza. Entre los segundos, a los países bálticos, Chequia, Polonia o Hungría, algunos de los cuales han superado ya la renta per cápita de España. Obviamente hay otros factores que contribuyen al avance de la renta per capita y por ende de los salarios reales, pero la tributación de los beneficios (y de forma más general, de las ganancias de capital) es indudablemente uno de ellos.
Los sindicatos harían bien en analizar estas cuestiones y emular el comportamiento de sus pares en los países de mayor crecimiento salarial. Claro que para eso tendrían que dejar de ser apéndices de partidos políticos y dejar de dedicarse mayormente a difundir las consignas de sus buques nodriza. En cuanto a la capacidad de una coalición de izquierda y extrema izquierda para comprender las consecuencias contraproducentes de sus políticas impositivas, hay que perder toda esperanza, que diría el Dante. La extrema izquierda profesa una ideología que le hace inmune al conocimiento económico y a la ley de los silogismos mientras que la izquierda ha decidido, por necesidad o convicción, seguir a la extrema izquierda.
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