Entre las variadas ocurrencias del gobierno Frankenstein, la implantación de tres impuestos extraordinarios ha resultado una de las más destacadas. Que dicen gravar las grandes fortunas y los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas y bancarias, pero resulta falso. Porque el primero, más que a las grandes fortunas, que tienen medios para evitarlo, afecta sobre todo a patrimonios medios. Y los otros dos no recaen sobre los beneficios, sino sobre la facturación. Una novedad fiscal de difícil articulación jurídica, aunque el marketing político los haya seguido vendiendo de forma populista como una imposición sobre los beneficios extraordinarios.
El Gobierno Frankenstein ha subido los impuestos directos a todos los ciudadanos, incluso a los de rentas medias y bajas, al no deflactar las tarifas por la inflación en un impuesto progresivo como el IRPF
Mi opinión es que, en los tres casos, la principal motivación de Sánchez para aprobarlos ha sido, sobre todo, política. A la búsqueda de votos poco informados, con el relato de que estaría castigando al “gran capital” (como decían los sindicatos y ahora los extremistas) y a los “ricos”. Haciendo pensar que no sube impuestos a la “gente” sino solo a esas empresas y acaudalados. Pero no es así. Para empezar, la lógica económica lleva a que acabe habiendo una repercusión de los impuestos en el consumidor. Pero es que, además, Frankenstein ha subido los impuestos directos a todos los ciudadanos, incluso a los de rentas medias y bajas, al no deflactar las tarifas por la inflación en un impuesto progresivo como el IRPF.
Y un objetivo secundario de aquellos impuestos era recaudar más dinero para poder seguir gastando sin freno, lo que ha constituido la principal política de Frankenstein, y no tener que aumentar todavía más el déficit estructural, porque ya estaba en el 4%...
De los tres impuestos, el único que teóricamente podría tener cierta justificación, en el caso de que se hubiese diseñado bien, es el de las energéticas. La teoría justifica un impuesto extraordinario cuando hay beneficios caídos del cielo, imputables más a hechos externos que a la propia gestión. Que la subida del precio del gas deparase altos beneficios a otras tecnologías, en un mercado marginalista, entraría ahí. Otra cosa es que, como antes decíamos, se prostituya el impuesto al gravar los ingresos, no los beneficios, como se ha hecho aquí. O la redundancia de topar simultáneamente los ingresos con un techo arbitrario, como en la denominada excepción ibérica (con la que además se regalan miles de millones a otros países, aunque ese es otro tema). Y ya el colmo sería que el impuesto se pretendiera mantener en el futuro una vez que desaparezca la causa originaria.
Algunas ministras vienen a reconocer que lo de los beneficios extraordinarios no es más que una disculpa y hablan de convertir el impuesto en permanente
Decir que los bancos tienen beneficios extraordinarios porque suben los tipos de interés, desde un nivel mínimo, y por ello hay que gravarlos, es tan absurdo como si las entidades financieras pretendieran que Hacienda les devolviese dinero, por pérdidas inusuales, durante los seis años que los tipos han sido negativos… Por otra parte, tildar de extraordinarias a unas cifras de beneficio que no superan el coste de capital solo se les ocurre a unos responsables políticos que no parecen muy cómodos con las técnicas legislativas eficaces y coherentes con el estado de derecho constitucional. En el colmo de los despropósitos, algunas ministras vienen a reconocer que lo de los beneficios extraordinarios no es más que una disculpa y hablan de convertir el impuesto en permanente. Es realmente sorprendente que hagan esas manifestaciones sin tener la certeza de continuar tras el 23 de julio, y cuando están pendientes las resoluciones judiciales sobre si dichos impuestos son inconstitucionales, como parece. Pero las sorpresas no acaban ahí porque, recientemente, hemos tenido que escuchar también al máximo encargado económico en el partido de la oposición unas declaraciones ambiguas sobre qué van a hacer con este impuesto, incluso no descartando su continuidad… Increíble. Quizás sea una posición puramente táctica ante las elecciones, a la espera de su anulación por el Tribunal. O un tirar balones fuera porque no da muchos votos apoyar a los bancos. Pero, en este tipo de asuntos, no debería contemporizarse, sino agarrar el toro por los cuernos. O por lo menos no hacer declaraciones banales sobre un impuesto inexistente en otros países.
Y luego está el llamado de las grandes fortunas. Un impuesto cuya motivación principal es la de hacer pagar a los contribuyentes de las comunidades autónomas que han bonificado el actual impuesto sobre el patrimonio, ignorando así las competencias autonómicas. Es increíble que España, aparte de ser de los pocos países del mundo con un impuesto sobre el patrimonio, ¡sea el único que tiene dos! ¡Menudo logro de Sánchez y su ministra Montero! Que, además, la han pifiado y solo van a cobrar parte de lo previsto por las prisas para aprobar el impuesto antes del 31 de diciembre pasado. Lo que les hizo establecer que, a efectos del límite máximo, se puede deducir igual la cuota pagada del impuesto de patrimonio que la bonificada, aunque no se haya pagado efectivamente. Así que todo este lío y todo este descontrol jurídico para recaudar bien poco ¡Qué desastre! Los expertos aconsejan pagar e impugnarlo, para lo que muchos incluso tendrán que recurrir a asesoría externa, con sus correspondientes gastos. Toda esta acción política parece encaminada a castigar a CCAA regidas por la oposición y a “exprimir” al contribuyente al que no parece concedérsele simultáneamente la categoría de ciudadano que dicen defender…
En definitiva, se trata de tres impuestos populistas, probablemente inconstitucionales, con consecuencias muy poco recomendables: empeorar la seguridad jurídica, dificultar la inversión y provocar la huida del ahorro. Todo ello con consecuencias negativas sobre la economía española. Tres impuestos que definen perfectamente lo que ha sido la legislatura del presidente saliente Sánchez: buscar votos con demagogia y populismo, recaudar todo el dinero que puede, y gastarlo a espuertas... Veremos si el próximo 23 de julio el ciudadano/contribuyente avala estas políticas o decide que ya está bien.
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