“La visión del gobierno sobre la economía se podría resumir en unas pocas frases: si se mueve, ponle un impuesto. Si sigue moviéndose, regúlalo. Y si deja de moverse, subvenciónelo.” R. Reagan.
El Gobierno lo ha decidido. Pagamos pocos impuestos, y subirlos es imprescindible para homologarnos con Europa. La brecha de cinco puntos en la presión fiscal es insostenible, nos dice, y trabaja para cerrarla. Si la media europea de recaudación pre-pandémica fue del 41% del PIB, en España no alcanza el 36%. Cinco puntos que equivalen, aproximadamente, a un déficit fiscal de unos 65.000 millones de euros anuales. Y, para solucionarlo, el Gobierno prepara un plan para recaudar 90.000 millones, con el que pretende situarnos en la parte alta de la presión fiscal europea y pagar así parte de nuestro costoso estado de bienestar, que asciende, sólo en gasto de las multiplicadas administraciones públicas, a unos 300.000 millones de euros.
En España se abonaron 9,8 millones de pensiones en 2020 por un total de 138.000 millones de euros. En números redondos, un millón más de pensiones y 42.500 millones de euros más que diez años atrás. En enero de este año, la nómina de las pensiones superó, por vez primera, los 10.000 millones de euros, y el total excederá los 160.000 millones el próximo diciembre. La población española, por su parte, ha pasado en estos diez años de 47 a 47,3 millones de habitantes. Los mayores de 65 años han pasado de ser 7,6 millones y representar un 16,1% de la población a 9,3 millones y un 19,7%. Uno de cada cinco españoles ya está en edad de jubilación, mientras se mantiene en 9,2 millones quienes no alcanzan los 20 años. Así, la carga social por todos los conceptos la soportaríamos 28,8 millones de españoles en 2020, por 30,2 millones hace diez años. Por supuesto, eso ocurriría si todos trabajásemos; desgraciadamente, la población ocupada en España a finales del pasado año ascendía a 19,3 millones de personas, según la EPA.
Y aparece aquí otra de las trampas del relato gubernamental, que nos habla de convergencia fiscal mientras calla la divergencia laboral: en esos mismos diez años, la tasa media de desempleo en la UE no alcanzaba el 9%, cuando aquí superaba el 20%. Once puntos de diferencia, equivalentes a unos 2,2 millones de trabajadores que ingresarían, dado el sueldo medio, casi 40.000 millones de euros. Si el estado gastó 25.000 millones de euros en prestaciones de desempleo en 2020, la convergencia laboral con la UE reduciría la factura en más de 12.000 millones de euros; sumados a los 40.000 millones que dejamos de ingresar, tenemos 52.000 millones. Una cantidad que no tendríamos que pagar si el gobierno dejase de perseguir la actividad empresarial y dejase actuar al mercado, el mejor sistema de promoción del empleo.
Como también pagamos aeropuertos sin actividad, rescates a cajas quebradas trufadas de cargos políticos y sindicales, sobrecostes en todas las obras públicas, pistas de esquí de secano en Valladolid, EREs fraudulentos en Andalucía...
Sólo en IRPF e IVA, Hacienda ingresó 158.000 millones de euros en 2019, que fueron 151.300 en 2020 por la caída de la actividad económica; el consumo, herido, hundió la recaudación del IVA a niveles de 2017, mientras el paro y los ERTEs crecían con el confinamiento y el parón económico. Eso sí, el IRPF no se resintió. De nuestros maltrechos bolsillos salieron 88.000 millones de euros, 1.000 millones más que en 2019. La voracidad del estado exige, por supuesto, una miríada adicional de impuestos “menores” como los del tabaco, el alcohol, la cerveza, la electricidad, los hidrocarburos, los locales como el IBI, las tasas… Con ellos pagamos hospitales, colegios y carreteras, sí, quién puede negarse; como también pagamos aeropuertos sin actividad, rescates a cajas quebradas trufadas de cargos políticos y sindicales, sobrecostes en todas las obras públicas, pistas de esquí de secano en Valladolid, EREs fraudulentos en Andalucía...
Subidas de impuestos
Prometieron no subir los impuestos a la clase trabajadora, aunque sabemos ahora que las autopistas también serán de pago, esas que ya hemos pagado varias veces con nuestros impuestos y que usan los ricos que viajan en coche, en camión, en autobús. Pagamos la tasa Google, aquella que las empresas no iban a repercutir a los consumidores, y que hasta el más pazguato de la clase de hacienda pública sabía que acabaríamos pagando. Siguen sin bajar el IVA a las mascarillas FFP2, aquellas por las que Díaz Ayuso fue tachada de insolidaria cuando las regaló a los madrileños hasta que el Gobierno, que las tachó de innecesarias, decidió lucirlas en toda ocasión, eso sí, a costa del contribuyente. Sube la luz, con la tarifa regulada en un 41% y con impuestos por otro 21%, y suben el gasoil y la gasolina, con impuestos que suponen la mitad de lo que pagamos en el surtidor. Pagaremos más IRPF, por sucesiones, por donaciones, por respirar.
España no tiene un problema de ingresos. El problema no son los youtubers y los impuestos que dejan de pagar, el problema es el Gobierno. España tiene un problema de gasto, de falta de empleo, de falta de actividad, de exceso de regulación, de zancadillas constantes a los empresarios. Antes de tener la aprobación de Bruselas, ya ha anticipado a las comunidades el 8% de los fondos del Plan de Recuperación de la Nada; y en febrero aumentó la deuda pública en 18.600 millones de euros para alcanzar el 120% del PIB. Sólo a alguien con tanta ceguera ideológica como falta de conocimiento y de empatía se le puede ocurrir subir aún más los impuestos en medio de la mayor crisis económica en 80 años. Mientras no entiendan que la mejor política social es el empleo, no habrá política fiscal que valga.
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