Cuando yo era joven, tenía un amigo que comenzaba a hacer sus pinitos en el Ayuntamiento de Mérida. Muchos días se le veía correr a toda velocidad camino del Consistorio en horario próximo a las tres de la tarde. ¿Dónde ibas tan corriendo?, le preguntábamos los amigos cuando nos veíamos por la tarde noche. “Iba al Ayuntamiento, a salir” respondía el aprendiz de funcionario. La carcajada era general porque todos entendíamos que para poder salir de un sitio, antes hay que entrar. Con esta anécdota no pretendo poner en cuestión el trabajo de los servidores públicos. Durante 24 años he dirigido una administración regional y soy testigo de la importante labor que realizaron los funcionarios de esa administración durante ese tiempo, e imagino que seguirán haciéndolo. Nada pude hacer un gobierno si no cuenta con el trabajo leal, eficaz y eficiente de quienes se comprometen con una administración, independientemente del signo político de quienes marcan los objetivos que se han comprometido con los ciudadanos.
No es, pues, la anécdota contada más arriba lo que me lleva a parodiar a los funcionarios, sino la conclusión de la misma: para salir de un lugar es necesario estar dentro. Cuando ETA decidió darse por vencida, hubo unos meses de intensa detención de etarras que andaban desperdigados por distintos países, incluido el nuestro. Para que esos presos, condenados y trasladados a prisiones cercanas al País Vasco, puedan salir de las prisiones, gracias a la “generosidad” del Gobierno vasco, es necesario que esos presos entren en prisión. No cabe la menor duda de que las prisas que tiene ese gobierno para que le cedan las competencias de prisiones tienen mucho que ver con sus deseos de sacar a una buena hornada de etarras de esas prisiones que ya se rigen por su competencia. Para salir resulta necesario entrar.
Se han instalado tan ricamente en mansiones de lujo sin que en España nadie haya querido saber quién o quienes, particulares o instituciones, se hace cargo del gasto de esos prófugos de la Justicia
Lo mismo vamos a ver en los próximos meses o, si se me apura, en las próximas semanas en relación con los independentistas fugados de la Justicia española. No quisieron ser detenidos y juzgados por sus delitos de secesión y de malversación y tomaron las de Villadiego. Han hecho todas las jugarretas habidas y por haber para eludir la acción de la Justicia española. Se han instalado tan ricamente en mansiones de lujo sin que en España nadie haya querido saber quién o quienes, particulares o instituciones, se hace cargo del gasto de esos prófugos de la Justicia.
Esa Justicia que aun está pendiente del veredicto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se pronuncie sobre las posibilidades de emisión de una orden de detención europea y de las razones que justificaron la negativa para que las autoridades de ejecución rechazaran la orden de detención de uno de los reclamados, Lluís Puig. Cuando se conozca la respuesta, el magistrado instructor español decidirá mantener o no la orden de detención de Puigdemont, Comín, Ponseti y Rovira, acusados de sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia.
Y no deja de ser sospechoso que ahora, precisamente ahora, cuando el Gobierno español ha indultado a otros delincuentes, compañeros de los prófugos, sea cuando ese Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha levantado la inmunidad a Puigdemont y a sus compinches. Puede ser que el Tribunal Supremo español, ante ese levantamiento, proceda a reeditar la orden de extradición y puedan ser traídos a España y juzgados y condenados a las mismas penas que a su colega de Esquerra Republicana de Cataluña. Junqueras ya está fuera de la cárcel. Puigdemont y su troupe necesitan entrar en prisión para salir. Por ahí anda la cosa. Puede ser que pronto entren en una cárcel catalana, que es la condición necesaria para poder salir.
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