Que la policía esté investigando a la asociación Infancia Libre como una posible organización criminal es una noticia terrible. De momento se trata de una investigación y todo son presunciones, pero previamente a las pesquisas policiales contra ese colectivo ya habían sido detenidas cuatro de sus miembros, acusadas de sus propios y similares delitos: la presidenta, la vicepresidenta y otras dos mujeres. Ahora se trataría de ver si todo obedece o no a una estrategia común y premeditada que implicaría a la propia asociación. Pinta mal.
Cuando se dan circunstancias excepcionales que animan a la sociedad o a los poderes públicos a “ponerse de parte de alguien”, y orillar su posición de imparcialidad, suele ser por causa de una desgracia especialmente terrible, por una posición de extrema debilidad a la hora de defenderse o por cualquier otra razón muy justificada. Tiene que ser así porque es evidente que esa presunción de necesidad supone ejercer cierto “favoritismo público” hacia las víctimas para tratar de compensar grandes traumas o dificultades muy graves. Es el caso de la pobreza extrema, de las catástrofes naturales y, desde luego, de las leyes contra la violencia de género.
Cada caso de abuso cae como una bomba contra la solidaridad colectiva y destruye en un instante todo lo que a su alrededor costó tanto esfuerzo construir
Por eso, cuando se producen fraudes y abusos, resulta tremendo el golpe que reciben las medidas especiales a favor de personas especialmente necesitadas o dañadas. Cuando ocurren, todos nos sentimos íntimamente burlados viendo que quienes abusan se han prevalido para hacerlo de nuestra generosidad y buena fe. De modo que la rabia mueve a que nuestra primera reacción natural sea cerrar la puerta a esa excepción que se abrió para ayudar a quien sufría y por la que se nos han colado estos jetas.
No solamente ocurre con los poderes públicos. Vienen a la memoria enseguida los casos de quienes aparecieron en TV pidiendo ayuda para supuestas desgracias familiares que resultaron falsas, algo que solo se supo cuando muchas personas de bien (como lo es la mayoría de la gente) habían aportado cantidades de dinero importantes. El más sonado fue el matrimonio con una hija enferma en Cataluña, y el último hace bien poco en Huelva con un falso accidentado. Son casos que causan indignación y, hay que decirlo, cierta sorpresa por la ineptitud de las televisiones para sondear previamente la veracidad de las desgracias que nos presentan, pero no nos desviemos.
Las políticas contra la pobreza y contra la violencia hacia las mujeres son especialmente vulnerables. Las primeras porque nos cuestan dinero, y las segundas porque, como tratan de combatir algo tan terrible como la muerte de mujeres a manos de sus parejas, establecen excepciones legales realmente duras. Ambas políticas tienen enemigos, partidarios ruidosos de que ricos y pobres se las apañen por igual con lo que tenga cada uno o de que víctimas y maltratadores sean vistos con los mismos ojos por la justicia. Son quienes ignoran por completo las diferencias de partida de unos y otros pero que se saben todos y cada uno de los episodios del gitano-o-inmigrante-ilegal-que-va-en-el-Mercedes-a-cobrar-el-subsidio.
Casos como el de ‘Infancia libre’ también causan indignación por la ineptitud de las televisiones para contrastar la veracidad de las desgracias que nos cuentan
Casos como el de Infancia Libre, de confirmarse lo que la policía sospecha, por supuesto que dan munición a estos enemigos declarados de las políticas de excepción, pero no es eso lo peor, sino que también hacen dudar a las personas que sinceramente creemos que tales medidas son una buena idea, que ayudan a muchísima gente a recuperar sus vidas destruidas y a la propia sociedad a recuperarles a ellos y ellas. Pero que pensemos así no nos convierte en idiotas y no nos impide ver que en casos como estos el abuso de quien se decía víctima genera un auténtico infierno para las víctimas de verdad, que son los niños secuestrados y sus padres.
Y pasa, además, que en estos casos no funciona la estadística, sino el sentimiento de indignación, que resulta inevitable para todos y que es más fuerte que cualquier porcentaje. Por eso, para defender las políticas sociales que apoyan a personas con especiales dificultades no sirve decir que son muy pocos los abusos porque el problema es que cada uno de esos pocos cae como una bomba contra la solidaridad colectiva y, como aquella, destruye en un instante todo lo que a su alrededor costó tanto esfuerzo construir.
Ojalá todo esto de Infancia libre se aclare enseguida y no sea cierto lo que parece, porque de serlo sería inmenso el daño que estas mujeres habrían hecho a las maltratadas y abusadas, socavando las políticas de excepción que tratan de ayudarles a salir de calvarios que sí son auténticos.
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