A lo largo de la semana pasada, Vozpópuli ha ido publicando sucesivas piezas de Mercedes Serraller en las que ésta desmenuza en detalle y con destreza el contenido del informe que el pasado 2 de febrero remitió la AEAT al Juzgado de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional que pilota la investigación sobre la corrupción de las mascarillas.
La lectura de lo publicado proporciona una información significativa sobre la praxis seguida desde el Ministerio de Transportes, el primero que adquirió mascarillas a Soluciones de Gestión -vehículo utilizado por la trama corrupta de Cueto y Aldama- y el inductor de las compras realizadas posteriormente por otros ministerios y Comunidades Autónomas, regidos todos por dirigentes socialistas. En el informe se cuestiona de modo indudable la nula diligencia existente en todos los organismos compradores que realizaron sus adquisiciones sin la mínima comprobación exigible sobre la solvencia y honorabilidad de aquellos a quienes compraban y sin las cautelas necesarias sobre la calidad de lo comprado y sobre el precio pagado, circunstancias que, en conjunto, han posibilitado el gran fraude que poco a poco vamos conociendo y que, según se deduce del texto del informe de la AEAT, habría sido un fraude concertado entre directivos del Ministerio de Transportes y las empresas de la trama cuya materialización a gran escala fue posible por la connivencia o complicidad de las administraciones socialistas compradoras. Pocas dudas caben sobre que, por lo expuesto, se trata de un informe maldito para los intereses de los corruptos, maldito para los responsables de los Ministerios y Comunidades Autónomas socialistas salpicados por las compras que realizaron y, a lo que se ve y por este último motivo, maldito también para la ministra de Hacienda pese a que son funcionarios de su Ministerio los responsables de su emisión y remisión al juzgado.
Air Europa, en el eje de la trama
También ofrece el documento de la AEAT, y así lo refleja Mercedes Serraller, información sobre el triángulo existente entre Javier Hidalgo, Víctor Aldama y José Luis Zapatero, triángulo conformado para intentar que el grupo Air Europa/Globalia cobrara un elevado crédito que mantenía contra Venezuela y que al parecer tuvo asimismo una activa participación en la consecución de los rescates que el Gobierno, a través de la SEPI, concedió al citado grupo empresarial. Sin duda, esta información aumenta la maldición que supone para el Gobierno la existencia del informe de la AEAT.
Todo lo que se expone en este informe -maldito para el Gobierno- es expuesto por su autor, un veterano inspector de Hacienda destinado en la Delegación de la AEAT de Aragón, con un elevado nivel de profundidad que incluye abundancia de datos y de hechos, precisas referencias legales y una fundamentación incontestable. El informe fue emitido el 1 de febrero desde Aragón y, como manifestábamos al principio, remitido al día siguiente al Juzgado por el Departamento de Inspección a través de la ONIF, su órgano especializado en la investigación del fraude.
La trastienda de los dos ceses en la AEAT
Es aquí donde procede señalar lo que publicó Mercedes Serraller el pasado viernes. Tres días después de ser enviado el informe al Juzgado, curiosamente el Ministerio de Hacienda cesó a la delegada de Aragón de la AEAT, Delegación desde la que se realizó la investigación y se emitió el informe. Y también, curiosamente, cesó a su vez al director del Departamento de Inspección de la propia AEAT, órgano desde el que se trasladó el informe al Juzgado. Vaya casualidad ¿no? Ciertamente, las casualidades pueden existir, pero ante toda posible relación casual siempre es conveniente comprobar si en verdad se trata de una causal. Y a ello me he puesto, a intentar detectar si los dos ceses habidos en la AEAT traen su causa o no en la emisión y remisión del informe reseñado.
Con dicho fin, me he ido al BOE de 5 de febrero. En él figura el cese de diez directivos de la AEAT que desempeñaban diversos puestos de responsabilidad en los servicios centrales y territoriales de la entidad. Los interesados en sostener la tesis de la casualidad entre el informe maldito y los dos ceses podrían esgrimir que el número de los cesados, diez, resta relevancia a que, entre ellos, figuren los dos que guardan relación con la emisión y remisión a la Audiencia Nacional del informe maldito. Podrían mantener que, a fin de cuentas, se trata de un cese, en cierto modo, más amplio que afecta a diez directivos de la AEAT, bastantes más que los dos que pudieran hipotéticamente estar relacionados con el reseñado informe.
Seis de los que han sido cesados han sido inmediatamente nombrados para puestos de igual o superior rango administrativo de aquel respecto del que han sido cesados. Es definitiva, que en realidad no han sido destituidos sino cambiados de destino o incluso ascendidos
Ahora bien, leyendo el BOE se comprueba que, como es habitual, en esta ocasión y de modo simultáneo a cada cese, se ha producido el correspondiente nombramiento del sustituto, de modo que concurren el 5 de febrero diez ceses y diez nombramientos, siendo éstos últimos por los que se designa a los sustitutos de cada uno de los cesados. Como es lógico, el nombre y apellidos de todos los afectados, cesados o nombrados, figuran en el BOE.
Pues bien, cotejada y relacionada la identidad de los funcionarios que han sido objeto de cese y nombramiento se comprueba que seis de los que han sido cesados han sido inmediatamente nombrados para puestos de igual o superior rango administrativo de aquel respecto del que han sido cesados. Es definitiva, que en realidad no han sido destituidos sino cambiados de destino o incluso ascendidos. Quiere decirse que el número de ceses netos o número de funcionarios efectivamente degradados el 5 de febrero se limita a cuatro. Siendo así, y en relación con los ceses del director de Inspección y la delegada de Aragón, pierde fuelle la tesis de la casualidad y gana fuerza la de la causalidad. En definitiva, aparece como más factible que el cese de estos dos directivos traiga su causa en el informe maldito.
Llegado este punto, los que quieran o necesiten aferrarse a la tesis de la casualidad pueden esgrimir que la causalidad debe descartarse pues, en última instancia, el autor del informe maldito no ha sido cesado y si la ministra de Hacienda estuviera incómoda, molesta, enfadada o preocupada por dicho informe, el primer cesado hubiera sido su autor, cuestión que no ha sucedido. Es cierto que no ha sucedido, pero porque legalmente no podía suceder. El funcionario autor del informe maldito no ocupa un puesto de trabajo de libre designación sino uno obtenido por concurso, de manera que no habiendo sido libremente designado no puede ser libremente cesado. Ésta es la explicación de por qué no ha llegado hasta él la drástica medida que sí se ha adoptado en el Ministerio de Hacienda con sus dos compañeros de la AEAT que sí han perdido los puestos que ocupaban. De modo que este motivo no permite en absoluto excluir la tesis de causalidad entre el informe maldito y los dos llamativos ceses producidos. ¿Puede aún mantenerse que los ceses del director de Inspección y la delegada de Aragón se deben a una casualidad? Para quien así se lo quiera creer o para quien así nos lo quiera hacer creer.
A MJ Montero no le habría gustado que desde la Delegación de la AEAT de Aragón se haya investigado la corrupción presente en el llamado caso Koldo, ni que el informe que contiene el resultado de la investigación haya sido remitido a la Audiencia Nacional
Viene al caso comentar que, cuando después de haber aprobado la correspondiente oposición, me preparé durante más de un año en la Escuela de Inspección para poder ejercer como inspector de Hacienda, tuve un profesor que nos prevenía a los alumnos: “Tened en cuenta que cuando se investiga un posible fraude, ocurre que casi siempre lo que parece es”. Aplicando aquí y ahora este consejo, no cabe sino considerar que los dos ceses decretados por la ministra Montero obedecen a su disgusto por lo actuado por los dos cesados.
Siendo así, a MJ Montero no le habría gustado que desde la Delegación de la AEAT de Aragón se haya investigado en profundidad la corrupción presente en el llamado caso Koldo, como tampoco le habría gustado que el informe que contiene el resultado de la investigación haya sido remitido al juzgado de la Audiencia Nacional que instruye el caso. De ahí el castigo a los dos directivos de la AEAT responsables de ambas cuestiones.
La exposición realizada es una muestra evidente de la voluntad de colaborar con la Justicia que anida en la ministra de Hacienda: ¡Ninguna! Los funcionarios de su Ministerio que sí han colaborado y podían ser removidos de sus puestos, ya lo han sido. Mensaje nítido enviado para que lo reciban los sustitutos. Eso sí, cada vez que MJ Montero es preguntada por el caso Koldo, responde agresiva que “el que tiene que dar explicaciones es Tellado”. Parafraseando a su jefe: ¿Insolvencia o mala fe? En mi opinión, ambas.
Pero, aunque a ella le pese, el juez instructor ya tiene en su poder el informe maldito elaborado por un funcionario honesto de la AEAT como tiene también el resto de la documentación que obra en el sumario. Veremos si en el Juzgado tiene algún valor la permanente apelación de Montero a que sea Tellado quien se explique o resulta ser ella la que tiene que explicarse.
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