La cita es de Sófocles, aunque podría ser un comentario escuchado en cualquier lugar de Cataluña en estos días. La gente de la calle observa con preocupada indignación las sucesivas decisiones que está adoptando el juez encargado de los culpables del intento de golpe de estado y no les valen argumentos legales ni sutilezas jurídicas.
'Culpa ubi maior est, ibi gravior debet esse poena'
O, traducido a nuestro idioma, cuanto mayor es la culpa, más grave debe ser la pena. Este viejo aforismo jurídico es el que mejor entiende la población catalana no nacionalista con respecto a los cesados por el complot separatista. Nadie comprende que se les vaya poniendo en libertad ni mucho menos que ahora se retire la orden de detención que pesaba sobre el cesado President de la Generalitat, fugado de la justicia española y residente en Bruselas.
Se nos argumenta, con la mayor solidez legal, que tal medida se fundamenta en la intención de juzgar a los huidos por todos los delitos que se les imputan, y no solo por aquellos que admita la justicia belga. Tienen razón quienes así opinan, pero tener razón no significa favorecer la superación de esta triste y malhadada época que hemos vivido los catalanes y el resto de españoles en los últimos tiempos. De entrada, Carles Puigdemont podrá ahora, si lo desea, pasearse a sus anchas por toda Europa, igual que sus compañeros de fuga. Claro está que, si pisa territorio nacional, podrá ser detenido, pero a la vista de lo sucedido últimamente ¿alguien puede asegurarnos que lo suyo no se quedaría solamente en unas semanas recluido en la cárcel de Estremera y su posterior puesta en libertad tras pagar una fianza astronómica? Y que no se nos objete que Junqueras y tres más aún permanecen en presidio, porque Dios sabe cuan pronto saldrán y, si no, al tiempo.
La mentira más hermosa del diablo es hacernos creer que no existe; de la misma forma, Platón dejó sentado que la obra maestra de la injusticia es parecer justo sin serlo. Hablamos de justicia, no de leyes, dos cosas diferentes y, por desgracia, raramente aparejadas. Que en un Estado de derecho como el nuestro la legalidad sea la primera obligación de todo ciudadano es indiscutible. Ahora, que las leyes hechas por las personas conlleven lo que entendemos desde el pueblo llano como justicia es otro cantar.
Que continúan en su contumacia es harto evidente, puesto que no hay más que escuchar las primeras palabras de Rull en un acto de campaña para comprobar que sigue destilando el mismo veneno en contra del sistema legal"
Si la puesta en libertad de los ex miembros del Consell Executiu de la Generalitat, bajo unas fianzas que difícilmente podría costearse cualquier ciudadano normal, cayó como un jarro de agua fría sobre los constitucionalistas, la decisión del juez Llarena de anular la orden de detención europea que pesaba sobre ha sido un duro mazazo. No deja de constituir una triste paradoja que esa misma justicia de la que han hecho burla y a la que no han dudado en saltarse los ahora excarcelados sea la misma que les garantiza unos derechos que ellos no han respetado jamás. Que continúan en su contumacia es harto evidente, puesto que no hay más que escuchar las primeras palabras de Rull en un acto de campaña para comprobar que sigue destilando el mismo veneno en contra del sistema legal y democrático vigente en España. Llega a tales cotas de incendio verbal que uno se pregunta si, en lugar de haber militado en la derecha nacionalista, este hombre no lo ha habrá hecho en Podemos.
Es difícil llevarles la contraria a los que hoy comentan, entre tristeza y enfado, que existe una justicia para los políticos y los ricos y otra para la gente de a pie. Muy difícil.
La excusa perfecta para la campaña separatista
No cabe la menor duda de que un juez debe actuar por motivos puramente legales, sin atender otro criterio. Así lo creemos y defendemos. Ahora bien, hay decisiones que, aunque escrupulosamente jurídicas, pueden ser social o políticamente desastrosas. Una mala sentencia puede causar más daño que una multitud de malos ejemplos, decía Bacon. Su Señoría el juez Llarena ha actuado según su leal saber y entender; hasta ahí, punto en boca y a acatar lo que considere más oportuno hacer.
Pero si yo fuese candidato de Esquerra, del PDeCAT o de las CUP estaría tentado de promover un homenaje a su persona. Les ha proporcionado uno de los mejores argumentos para poder ornar sus actos de campaña con esa aureola de falsa heroicidad, agravios épicos y odio visceral contra España. Citábamos al cesado Rull, que junto a su colega Turull, no escatimó adjetivos en contra de todo lo que representa el sistema democrático español. Otros dirigentes separatistas han dicho cosas similares. El eje alrededor del que vertebran su argumentario es que se ha retirado la orden de busca y captura porque la justicia española se ha dado cuenta de que estaba haciendo el ridículo; bien, ellos hablan siempre del gobierno de España, porque en su mentalidad totalitaria no conciben una justicia independiente, como demostraron en aquellas leyecitas que proclamaban la república fascista de Saló-Cataluña, en la que la elección de los jueces recaía en el gobierno separatista.
Andan por los pueblos de la Cataluña interior, la carpetovetónica, montaraz, asilvestrada y separatista Cataluña de comarcas, sonrientes, vomitando injurias, sabedores de que nada va a pasarles. Fíjense en un solo detalle: el encargado de dar las campanadas de Fin de Año en TV3– ya estamos otra vez con la innombrable –es un señor que se ha pasado tres pueblos desde siempre en sus comentarios con respecto a los españoles, a los que nos dice de todo menos guapos. Pues ahí lo tienen. Ni una sola voz con peso en los medios ha dicho ni mú. En Cataluña sigue existiendo la omertá, el miedo, incluso, y saber que los que lo han institucionalizado desde hace décadas campan a sus anchas no contribuye especialmente a normalizar la vida pública ni la cotidiana en estas tierras.
Los partidarios de la constitución y el régimen democrático tienen que sortear obstáculos, a menudo muy difíciles, saliendo con un hándicap tremendo"
Por más que se insista, nunca será suficiente: estas elecciones no son ni limpias, ni normales ni todos los candidatos tienen las mismas oportunidades. Los partidarios de la constitución y el régimen democrático tienen que sortear obstáculos, a menudo muy difíciles, saliendo con un hándicap tremendo. En cambio, los partidarios del golpe de estado lo tienen todo a favor, para empezar, los medios de comunicación catalanes, incluso los que se hacen pasar por progres.
Si a esto le sumamos que la gente convocada a las urnas ve a estos golpistas pasearse impunemente por calles y plazas sacando pecho e intuyen – aunque no tengan razón jurídica, insisto – que con Puigdemont se ha levantado el pie del acelerador, tascando el freno, vamos a tener un grave problema el próximo 21-D. Las encuestas pueden dar a Ciudadanos una cantidad de votos superior a Esquerra, cosa que bien podría suceder, pero vean como nadie dice que, aunque el bloque Esquerra-PDeCAT-CUP no sumase mayoría quedan los Comuns, a los que no veo apoyando ni a Arrimadas ni a Albiol, si acaso lo harían en un Tripartito con Esquerra y el PSC que, al paso que va, llevará como promesas casi todas las medidas separatistas.
Con este panorama muchos se preguntan si todo esto no será más que una nueva vuelta de tuerca lampedusiana para que nos acaben gobernando los mismos que querían derrocar el sistema democrático, pero un poco más moderados, un poco más elegantes, un poco más finos en sus planteamientos y estrategias. Quizás todo suena un poco a Bildelberg, dicen.
Sería terrible que así fuera y que medidas como las adoptadas con Puigdemont acabasen por desmotivar a las buenas gentes de estas tierras que están hartas de tanto aspaviento procesista para que la casta nacionalista siga mandando en el cortijo catalán. Con la ley, ahora sí, como escudo.
Sin ser un experto jurista, bien, ni experto en nada, creo que no hay mejor ley que la inteligencia ni justicia más buena que la que emana del bien común. Eso sí se entiende a nivel de calle. No hay más peguntas, Señoría.
Miquel Giménez
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